La sentencia contra Marita o ésta es la justicia que tenemos

Escribo esto con profunda bronca a la hora del cierre, quede claro. No quiero dejar pasar la furia que siento y que sé, me consta, veo y palpo que sienten en estas horas de dolor millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional.

Para sorpresa y espanto del país entero (el país decente, digo, el que mayoritariamente no es corrupto) todos los acusados por el caso Marita Verón fueron absueltos en Tucumán en esta noche ominosa de la Argentina, en una decisión judicial obviamente sospechable de lisa y llana y flagrante corrupción.

Esta es la justicia (desde ahora la escribo con minúsculas) que tenemos. La que impera mayoritariamente en nuestro país. Unica institución republicana que no fue democratizada en serio desde la recuperación de la Democracia. Y que junto con sus socias, las malditas policías y los malditos servicios penitenciarios provinciales, son las únicas que conservan intactas todas las taras formales y esenciales que les inculcó la dictadura.

Porque la democracia significó profundos cambios institucionales en casi todos los órdenes: militares, educativos, de relaciones exteriores, de economía, de sociedad. Pero lo que no se tocó, ni se toca todavía, es lo que huele a podrido. Y este “fallo” –es un decir perfecto: fallo– está llenando de hedor a la Nación entera.

A sabiendas de que toda generalización es injusta y peligrosa –y en conocimiento de que hoy mismo se conoció el noble pronunciamiento de más de 200 jueces, fiscales y defensores públicos que emitieron un contracomunicado que desdice a ciertas catervas de jueces y camaristas viajeros a Miami por cuenta de empresarios, y a los lobbistas marrulleros del Colegio de la Magistratura y a los de esa de nombre imposible Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial– yo me siento esta noche tentado de homologar esta maldita justicia a las malditas policías.

La que condena nuevamente a Marita Verón y nuevamente procura destruir a Susana Trimarco (pero a la que en realidad e involuntariamente enaltece) es la justicia que hay que cambiar de una vez y yo quiero ver si los opositores tendrán huevos para hacerlo, e incluso si el Gobierno los tendrá, todo sea dicho.

Cambiar de una vez los procedimientos y los plazos; cambiar de una vez el engolamiento y la pretendida santidad de los magistrados; cambiar los tratos y rótulos del siglo XIX para que las Señorías engoladas de hoy que no pagan impuestos empiecen a pagarlos como cualquiera de nosotros, que laburamos y sostenemos este país con esfuerzo y decencia. Y así acabar con mitos como el de la “familia judicial” y el de que los trapos sucios se lavan en casa.

Esa es la justicia que a mí, empleado durante cuatro años en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y joven estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste –y lo digo por primera vez públicamente–, me llevó a abandonar cuando tenía 21 años la profesión que yo amaba y había elegido a los 16.

Hay que dar los nombres de estas tres “señorías” tucumanas de las que el mismísimo gobierno de José Alperovich sería bueno que dijese su opinión públicamente. Son ellos: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Yo no sé si sus conciencias, si las tienen, los podrán juzgar. Y no me importa. Pero nosotros, la ciudadanía, sí. En democracia y en paz, serena pero definitivamente, tenemos que condenarlos éticamente, a la vez que vincularlos con los mencionados colegios, juntas, consejos, asociaciones y demás grupos corporativos que sólo son puro lobby, para decirlo clarito.

No tienen vergüenza y esta noche en que celebran todos los miles de prostíbulos del país, y todos los proxenetas, y todos los mercaderes de carne humana, y todos los hijos de puta de la trata, y perdóneseme la furia textual, nosotros, los que sí tenemos vergüenza y somos la inmensa mayoría de este país atormentado, por eso puteamos. Por eso LOS puteamos. Con la misma fuerza y convicción con que abrazamos a Susana Trimarco y esperamos un día abrazar a Marita Verón y a todas las Maritas que fueron y seguirán siendo, por desdicha, gracias a estos infames protectores de tratantes de personas.

Malas noches, Argentina.

Mempo Giardinelli. Página 12 del 12/12/12.-

Más triunfos de la ética

Entre las preocupaciones diarias, como las de tormentas e inundaciones, y la aprobación o demora de leyes imprescindibles, nos sorprenden con optimismo pleno triunfos de la ética que se refieren a nuestro pasado. Ligar ese pasado con la verdad histórica y no esconderlo. Por ejemplo, el triunfo de ello en la ciudad bonaerense de Vedia ha sido completo y perfecto, sin peros ni aunques. El Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó el cambio de nombre de cuatro calles del distrito. Cuatro. Nombres de personajes –algunos de estructura siniestra, por no decir algo más duro– que nos fueron impuestos por el poder de turno. Nada menos que el mercenario y asesino Federico Rauch, el dictador criminal contra nuestra democracia José Félix Uriburu, el genocida Julio Argentino Roca y el de Ataliva Roca, que hizo los peores negociados y que ponía la cara para que no apareciera el “general”, su hermano, como acusado. El pícaro Sarmiento inventó la palabra “atalivar”. Escribía con gracia: “El general Roca hace sus negocios y su hermano ataliva”. Punto. Todo el mundo lo comprendía y en vez de decir “coimear” los porteños usaban “atalivar”.

Bien, nosotros, los argentinos, con tal de quedar bien con los poderosos, pusimos el nombre de Ataliva Roca a múltiples calles de nuestras ciudades del interior, y hasta una ciudad de La Pampa se llama Ataliva Roca. Algo para mirarse al espejo y enrojecerse. Y esos representantes del coraje civil, los concejales de Vedia, dijeron basta y cambiaron el nombre de la calle Federico Rauch, por Arbolito; la Ataliva Roca, por Juan José Castelli; la general Uriburu, por Manuel Dorrego, y la Julio A. Roca, por Pueblos Originarios. Lo hemos explicado ya numerosas veces, pero lo aclararemos una vez más: Rauch fue en homenaje al mercenario europeo que llegó contratado por dinero por el presidente Rivadavia “para exterminar a los indios ranqueles”. Vino a matar y sus comunicados hablan el idioma más perverso: “Hoy, para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles”. Los otros comunicados hablan de la perversión de este militar que fue ajusticiado por el indio ranquel Arbolito en un encuentro frente a frente. De Ataliva Roca nada bueno podemos agregar sino que fue apenas un lacayo de su hermano. Ahora esa calle llevará el nombre de Juan José Castelli, uno de los más preclaros Hombres de Mayo, que como pocos luchó por la igualdad y la libertad; sus documentos lo dicen todo: junto a Moreno y Belgrano fueron los tres hombres más avanzados de los héroes de aquel 1810. Y justo los que más insistieron en reconocer la igualdad de derechos a los pueblos originarios y terminar para siempre con la esclavitud a que habían sido sometidos por los españoles –”occidentales y cristianos”– en esas formas infames de la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Belgrano lo escribe con precisión absoluta que no puede dar lugar a interpretaciones falsas: “A partir de este momento, los pueblos originarios gozarán de los mismos derechos de que gozamos nosotros, los hijos de europeos que tuvimos la suerte de nacer en territorio de América”. Idioma luego traicionado en sus raíces por Roca, Avellaneda y tantos otros que firmaron documentos sobre la “necesidad del exterminio de los salvajes, los bárbaros”. O como dice Roca en su informe final ante el Congreso de la Nación: “La ola de bárbaros que ha inundado durante siglos estas fértiles llanuras ha quedado exterminada para siempre, y ahora quedarán a disposición del capital extranjero y de los inmigrantes”. Todo un ejemplo de ética. Pero nosotros los argentinos, con un dejo de sentido de adulación al poder, les seguimos rindiendo honores con sus nombres a escuelas, plazas, calles y monumentos en bronce.

Bien, nuestro abrazo agradecido. Sería largo nombrar a todos los valientes ciudadanos que propusieron esos cambios, todos con argumentos irrebatibles para ellos mismos.

Por otra parte, la Radio Nacional de Bariloche, a través de su director Carlos Echeverría, organizó un acto para discutir el tema del monumento a Roca instalado en la plaza principal de esa ciudad, que últimamente ciudadanos argentinos de origen mapuche han intentado bajarlo del caballo de bronce en que se exhibe al “conquistador del desierto”, más bien exterminador de los habitantes originales de toda esa región patagónica. El acto fue muy concurrido y se expuso allí toda la documentación oficial de aquellos tiempos, y la entrega de las tierras conquistadas a estancieros de la Sociedad Rural Argentina y al propio Roca, que se quedó con miles de hectáreas en el sur bonaerense, con su estancia “La Larga”. Eso es lo que vale en una sociedad que quiere asentar su democracia: el debate. No sólo de los problemas de la actualidad sino de cómo se comportó en su pasado. Los crímenes legales que se cometieron y que nunca fueron revisados. Los argumentos fueron de tal peso, todos basados en terminar con los racismos y los intereses probados, y en hacer valer la moral y la vida. Le damos poco tiempo a la existencia de ese monumento provocador, principalmente para los pueblos originales que viven desde hace siglos en esas regiones.

Y justamente bien al sur de esa Patagonia vivió durante siglos esa etnia llamada tehuelche, que fue exterminada poco a poco desde la llegada de los europeos. Sobre esa etnia acaba de salir un magnífico libro de Osvaldo Mondelo, titulado precisamente Tehuelches, con una colección increíble de fotografías con sus rostros, los de sus mujeres y los de sus niños. Un libro para tener y repasar por su valor artístico, histórico y antropológico. Rostros sufridos, resignados, soñadores, pensando en otras vidas y apegados a la naturaleza. Un libro para aprender a apreciar a esas culturas básicas del origen de estas regiones como llanuras habitables. Sus vestimentas, sus herramientas de caza. Sus mujeres con ese principio natural de dar vida y los niños, con sus miradas curiosas sin fin. Un libro más que fundamental para nuestras culturas. Y aquí no puedo menos que agregar que han salido a la venta otros dos libros, en sus terceras ediciones: El malón de la paz y Pedagogía de la desmemoria, los dos de Marcelo Valko, un aporte también fundamental para conocer capítulos de nuestra historia referidos a los pueblos originarios.

Justamente en Calafate, ese centro de bellezas patagónicas, se propuso en los últimos días cambiar el nombre de Julio A. Roca por el del cacique Orqueque, un tehuelche que se defendió contra la invasión de Buenos Aires, fue detenido y enviado a esa ciudad, donde al poco tiempo falleció por enfermedad. La proposición se iba a aprobar por unanimidad, hasta que un ciudadano de la ciudad objetó ese cambio. Se leyeron sus argumentos y se decidió entonces posponer la decisión hasta el año próximo, a fin de estudiar a fondo toda la problemática otra vez. He leído los argumentos de este señor, Fernando Arteaga, que son los mismos de quienes defienden el genocidio de Roca, como Mariano Grondona y otros desde el diario La Nación. Aquello de que los mapuches eran indios “chilenos”, cosa que es un disparate. Esos pueblos originarios no reconocían las fronteras actuales, que fueron fijadas mucho después. Justifica lo de la campaña del desierto cuando en realidad había tierra para todos y se hubiera podido llegar a un acuerdo sin recurrir a la muerte o al exterminio, y menos a reimplantar la esclavitud. A lo cual el señor Arteaga denomina una cuestión de época. Cosa que no es así, sería beneficioso que leyera las actas de la Asamblea del año XIII. Ni la muerte ni la esclavitud se pueden aceptar. Y más de aquellos que se preciaban de heredar la cultura europea y cristiana. Pero está bien que se inicie en Calafate el debate sobre estos temas. En esos debates siempre se aprende, mientras se defiendan los derechos de la vida.

Este debate de nuestra historia nos llevar indefectiblemente a forjar un mejor futuro para las próximas generaciones.

Osvaldo Bayer. Página 12 del 08/12/2012.-

Finalmente, triunfa la ética

Siempre me gusta repetir una frase que he comprobado que se hace realidad a través del tiempo. A veces tarda años, siglos, pero finalmente la ética en la Historia da su última palabra, es el juicio final que queda para siempre. En la Argentina lo estamos comprobando en el caso de los dictadores de la desaparición de personas. Y, al mismo tiempo, la Historia está dejando al desnudo a una figura tenida casi como nuestro héroe máximo (ver el tamaño de nuestros monumentos, por ejemplo). En este aspecto me refiero a cómo los historiadores, los docentes y muchos sectores de la población han reaccionado contra Julio Argentino Roca y han empezado a dudar de los valores absolutos que se adjudicaron siempre a un Sarmiento, a un Mitre y a otros protagonistas de aquel período del denominado “progreso” argentino.

Bastaría, por ejemplo, describir el acto que se acaba de realizar en el Teatro Español de Santa Rosa, La Pampa. Estuvo presente hasta el propio intendente de la ciudad, Luis Larrañaga, y hablaron representantes de todas las etnias indígenas de esa región. Pude participar para leer algunos documentos que lo dicen todo: que la denominada Campaña del Desierto fue un verdadero genocidio que desgraciadamente cometieron los propios argentinos con los habitantes originarios de estas extensas tierras. Campaña que se hizo con la co-financiación de la Sociedad Rural Argentina y que al final terminó con la entrega de 40 millones de hectáreas a estancieros de esa entidad. Esto por supuesto causó la muerte de miles de habitantes de nuestras pampas. Además, un hecho que manchará para siempre la figura de Roca y la del presidente Nicolás Avellaneda es que con esa campaña se restableció la esclavitud en la Argentina (eliminada por esos patriotas de la Asamblea del año XIII), esclavizando no sólo a los hombres indígenas, sino también a sus mujeres y a sus niños, a los cuales se los entregó a familias de Buenos Aires como “mandaderos”.

Los argentinos, pues, fuimos capaces de esa infamia que habían establecido los conquistadores españoles en las distintas formas esclavizantes: encomienda, mita, yanaconazgo, etcétera. Occidentales y cristianos.

En el acto pampeano, territorio parte de la campaña de exterminio de Roca, se propuso que la avenida Roca, continuación de la misma avenida llamada San Martín en sus comienzos, pasara a llamarse en todo su trayectoria con el nombre de nuestro Libertador. Pero claro, siempre hay una oveja negra en el rebaño. Fuera del acto, el viceintendente Angel Baraybar hizo declaraciones contrarias con los argumentos falsos de siempre. Dijo que Roca no fue autor de un “exterminio”, porque todavía “hay indios”. Una cuestión de léxico para el señor “representante del pueblo”. Como si no fuera lo mismo matar a 15 mil personas que a 20 mil. Como sostienen algunos: “Hitler no mató a 6 millones de judíos, fueron sólo 2 millones”. O como sostienen otros: “Los turcos no mataron a más de un millón de armenios, sólo a 60 mil”. Como si no fueran los mismos crímenes matar a 2 mil o a 10 mil. Además, sostuvo el estúpido argumento de que “los mapuches no eran argentinos, eran indios chilenos”. Señor Baraybar: los pueblos originarios no tenían “fronteras”, son etnias, no tenían marcados límites con murallas o con hitos vigilados por miles de uniformados en la irracional tarea de cuidar “esto que es mío”. No eran ni argentinos, ni chilenos, ni bolivianos, eran etnias distintas. Además, señala que a Roca le debemos la frontera definitiva con Chile. No, Roca habría sido un héroe racional si hubiera cumplido con el sueño de aquel gran libertador, Bolívar: los Estados Unidos Latinoamericanos, y no estar divididos con fronteras totalmente artificiales. Para qué fronteras. Para darles una tarea a los ejércitos, ya que en vez de las armas entre los pueblos debería existir sólo la mano abierta.

Pero el egoísmo, el ansia de posesión, la muerte del otro como medio de lograr honores no pasan a la historia definitiva. Sólo aquellos que tratan de cumplir con los principios de Igualdad, Libertad, Fraternidad son los que pasan a la Historia definitiva. Y esto quedó claro en el acto de Santa Rosa, cuando hablaron con el mismo objetivo representantes de diversas organizaciones étnicas y nosotros, los que “bajamos de los barcos” y que somos argentinos tanto como los que pueblan estas tierras hace miles de años.

Y así, día tras día, se van sucediendo los actos en todo el país de los que desean terminar con el racismo oculto y no dar razón a los que finalmente se quedaron con la generosa tierra gaucha y le pusieron alambrados para decir “esto es mío, mío, mío”. Por ejemplo, el acto que se llevó a cabo en la ciudad bonaerense de Coronel Rauch, que lleva el nombre de ese despreciable militar y mercenario europeo contratado por Rivadavia para “exterminar a los indios ranqueles”, como dice el decreto de ese primer presidente argentino. Fue un acto vibrante, pleno de docentes, padres, madres, jóvenes, empleados, obreros, hombres de los sindicatos, es decir, gente de pueblo. Todos quieren vivir en una ciudad que no tenga el nombre de un mercenario asesino sino de alguien que dejó para siempre señales de respeto a la vida y a la naturaleza y luchó por el bienestar de todos y de la cultura. ¿Por qué hay ciudades y pueblos en la llanura bonaerense que tienen nombres de los oficiales de Roca y no poseen los hermosos y poéticos nombres con que los pueblos originarios denominaban esas regiones, lagos y ríos? ¿No es más bello el nombre de Nahuel Huapi, para un lago, que lago Perito Moreno, lago Roca, lago Gutiérrez o lago Fagnano, como fueron bautizados por aquellos que fueron beneficiados por la llamada Campaña del Desierto? Por supuesto, en la Argentina dominan nombres de militares, de presidentes, de curas o de dueños de la tierra. Y no la ética, la poesía, la música de la naturaleza como principio fundamental de la vida, sino los cargos, la devoción ante los que mandan. En la iglesia central de Bariloche, una ventana tiene la figura vitral del general Roca, y en otra, la del presidente Avellaneda, el mandatario que aprobó la campaña genocida “del Desierto”, de Roca. Está todo dicho. El genocida y su aliado civil como ejemplos a seguir, en la Casa de Dios.

Pero no sólo el pasado histórico está siendo revisado sobre el comportamiento ético de sus personajes, sino también nuestra historia más reciente. En el colegio secundario Julio Argentino Roca –sí, tal cual, en el barrio capitalino de Belgrano R– se recordó a los 18 estudiantes desaparecidos por la última dictadura militar. Fue muy emocionante. Al comenzar el acto, alumnos pasaron al frente con los retratos de esos jóvenes luchadores por un país igualitario. Los “desaparecieron” las bestias uniformadas y sus secuaces civiles, los torturaron bestialmente, los arrojaron vivos desde aviones al mar. Y ahí están ahora, aplaudidos por todos. Hablaron docentes, el presidente del Instituto para la Memoria, alumnos y escritores. Y uno de ellos puso el dedo en la llaga. Dijo que cómo ese colegio podía llamarse Roca, el desaparecedor de los pueblos originarios, y su retrato colgado en las paredes junto a los de los alumnos desaparecidos. Ironía macabra del destino. Ese vergonzoso actuar de los genuflexos que premiaron a un genocida todavía es aceptado por los que afirman que “en Historia hay que mirar para adelante”, como dice el señor Macri, cuando la ética nos enseña que hay que aprender de la Historia para jamás volver a cometer errores tan oprobiosos. Pero, a pesar de los que la niegan, vemos que, finalmente, la ética siempre triunfa.-

Por Osvaldo Bayer, Página 12 del 24/11/12.-

Drones

Al teléfono con Mary Ellen O’Connell, después de leer lo que se escribió de ella el martes pasado en el Los Angeles Times. “En la batalla legal en contra de los ataques de drones, ella está en la primera línea. Una profesora de derecho de (la universidad de) Nôtre Dame lidera una solitaria campaña para frenar los asesinatos selectivos en Pakistán y otras partes del mundo, insistiendo en que violan el derecho internacional.”

Por lo que sabemos, los “ataques con drones” a los que hace referencia el diario estadounidense son una nueva forma de matar. Una forma de asesinar desde el Estado que se ha adoptado en Estados Unidos a partir del 11-S, pero de manera muy acentuada a partir de la actual presidencia de Barack Obama, que permite la eliminación física de una persona sin juicio ni jurado, con verdugo a control remoto, por orden secreta presidencial, a través de avioncitos teledirigidos armados con bombas y misiles.

La profesora O’Connell no dice “los drones están prohibidos, los drones no se pueden usar”. Dice que los drones disparan misiles y que disparar misiles es un acto de guerra. Entonces los “ataques con drones” sólo deberían permitirse en el marco de un conflicto armado. Sin embargo, son utilizados en países como Pakistán o Yemen, que no están en guerra con Estados Unidos, señala la profesora. Los abogados del Pentágono y la Casa Blanca argumentan que la Guerra al Terror es como un nuevo escenario donde el enemigo no tiene Estado ni territorio, y por lo tanto las viejas leyes no aplican. Pero en sus escritos y declaraciones la profesora O’Co-nnell deja en claro que el derecho humano a la vida sólo se puede quitar cuando hay un peligro directo e inminente contra otra persona si no se actúa, y los asesinatos selectivos a través de drones están muy lejos de alcanzar ese piso de legalidad.

Tenemos poco tiempo. Leslie Berg, asistente de la profesora, nos cuenta que desde que salió la semblanza en el diario de Los Angeles no paran de llamarla de todo el mundo, justo en la semana en que la profesora se ocupa de exámenes de mitad de término. Entonces vamos al grano. Queremos saber cómo viene la batalla legal, que nos haga un despacho desde el mismo frente.

“Hay varios casos que están surgiendo, pero el más importante por el impacto es un juicio en Gran Bretaña por la muerte de un adulto y un niño que eran padre e hijo cuando fueron alcanzados por un misil disparado por un dron en el este de Pakistán. Fue durante una reunión de jefes tribales pacíficos, no había ninguna actividad militar. El abuelo del niño y padre de la otra víctima es quien lleva adelante el juicio, hay unos abogados excelentes tomando declaraciones. El objetivo es que el gobierno británico desista de apoyar con inteligencia y logística a los ataques con drones que realizan los estadounidenses. Hay otro caso por daños (fuero civil) en Estados Unidos por los tres ciudadanos estadounidenses muertos en Yemen, que eran padre, hijo y sobrino, y otro caso en que la demanda la hace la madre de una víctima, en el que el principal acusado es Leon Panetta (ex jefe de la CIA y actual secretario de Defensa).”

¿Y se puede ganar la batalla legal para prohibir los ataques con drones fuera de los escenarios bélicos?

“Lo importante es que estos casos sirven para ir educando al público de que no siempre las cosas fueron así”, contesta la profesora desde su oficina en el campus de la universidad. “Aun en el gobierno de Reagan, la Casa Blanca se oponía a los asesinatos selectivos que realizaba Israel fuera de zonas de combate. (Aprobar ese tipo de asesinatos) no era el punto de vista de Estados Unidos, pero esa política cambió a partir del 11-S. No porque hayan cambiado las leyes, sino por miedo a un mundo que va cambiando.”

Cuenta la profesora que las muertes por ataques de drones ya superan las 4000 víctimas mortales, casi todos durante el gobierno de Obama. “Al principio eran ataques muy selectos pero con el tiempo se fueron masificando hasta desmadrarse. Hoy por pertenecer a cierto grupo etario en determinada población, y te reúnes con otra gente, eso ya te hace un posible blanco de asesinato”, denunció O’Connell. “Espero que Argentina haga presión para terminar con esta práctica. Argentina tiene experiencia en manejar casos de terrorismo (se refiere a los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel) y lo ha manejado dentro de la ley, con ayuda de otros países como Estados Unidos o Israel, pero dentro de los márgenes de la ley.”

La profesora sabe bastante de guerras. Antes de recalar en Notre Dame, la principal universidad católica de Estados Unidos, O’Connell fue docente en el Departamento de Defensa, donde conoció a quien luego sería su marido, un oficial de inteligencia del ejército estadounidense. Entre 2005 y 2010 O’Connell dirigió el Comité sobre Uso de Fuerza de la Asociación de Derecho Internacional y actualmente es la vicepresidenta de la Sociedad americana de Derecho Internacional. “Yo conocí a mi marido militar enseñando leyes sobre conflicto armado en agencias del gobierno de Estados Unidos. Conozco bien el espíritu de la ley, basado en la tradición judeocristiana de sólo recurrir a la violencia en caso de necesidad extrema. El uso de fuerza letal en un escenario bélico es más abierto, pero en tiempo de paz sólo se justifica si salva una vida inmediatamente. Es lo que dice la ley. Se basa en el principio moral de que cada persona tiene derecho a una vida digna. Se trata de una cuestión moral. Por eso es importante que la gente se entere, a partir de explicaciones claras, de lo que dice la ley, para presionar a Estados Unidos como un imperativo moral, que no tiene derecho a matar gente de esta manera.”

Aunque ha testificado sobre la definición de “conflicto armado” en más de un caso de ataques con drones, O’Connell aclara que ella no impulsa causas judiciales. “Yo no actúo como abogada ni como política. Simplemente busco alertar sobre los peligros de lo que está sucediendo a través de mi trabajo académico.”

No queda tiempo para más. Le pregunto si lo que hace Obama con los drones se puede llamar asesinato. “No encuentro otra palabra más apropiada”, se despide la profesora.-

Santiago O`Donnell, Página 12 del 14/10/12.-

Más ricos... más pobres

La noticia estalló justo cuando estaba yo por dejar Alemania para regresar a la Argentina. Los titulares de los diarios lo decían todo: “Certificado de pobreza para un país rico”, “Los ricos de Alemania cada vez más ricos”, “Los pobres siguen pobres; los ricos, más ricos”. Y los que titularon así no son diarios de izquierda, no. Dos de ellos son de tendencia liberal y el otro, conservador. Sí, el informe oficial del gobierno conservador-liberal de Alemania fue como un campanazo de alarma. Ese informe oficial fue presentado por la ministra del gobierno Von der Leyen, del conservador Partido Demócrata-Cristiano. Es decir, no son cifras elaboradas por la izquierda o por algún centro de estudiantes. No. Es nada menos que el informe oficial. Pero en ese informe hay más para asustarse: se ha comprobado que el 10 por ciento de la población posee el 53 por ciento de la riqueza nacional; el 40 por ciento (que conforma la clase media) posee el 46 por ciento de esa riqueza; y el resto, el 50 por ciento de la población, es decir, la mitad de los habitantes totales posee apenas el uno por ciento de la riqueza. Sí, tal cual. Parece increíble. Pero, repetimos, fue presentado oficialmente por el propio gobierno.

Por supuesto, el debate comenzó en todas las esferas. “Alemania no es pobre, pero cada vez más se abre la tijera de la diferencia entre ricos y pobres”, dice con algo de tristeza el diario conservador de Bonn General Anzeiger. Los socialistas salieron a la palestra exigiendo el aumento de los impuestos a los magnates acaudalados. Y en seguida la respuesta conocida: no, no se pueden aumentar los impuestos a los ricos porque si no se llevan esa riqueza a otro país. Y dejan sin trabajo a la gente. Un conocido argumento basado en el miedo a quedarse sin ricos y convertirse todos en pobres. El periódico Frankfurter Rundschau es fuerte en su editorial bajo el título “Así no puede seguir”. Y comienza: “Los alemanes son cada vez más ricos. No es así, la verdad es que los alemanes ricos son cada vez más ricos”. Y llega a la conclusión de que se ha llegado a eso por “la repartición totalmente desigual de la fortuna pública”.

Eso ocurre en la denominada “joya económica de Europa”. El análisis del reparto de la riqueza en los Estados Unidos de Norteamérica daría cifras para asustarse y quedarse mudo. Y entonces nace la obligada pregunta fundamental: ¿ésas son las auténticas democracias? ¿La palabra democracia no tendría que estar uniendo las palabras libertad con igualdad? Todo lo contrario: cada año, en esos países “modelo” aumenta la desigualdad. Por ejemplo, en Alemania, en 2008, el 10 por ciento que conforma la franja de los pobladores más ricos contaban con el 45 por ciento de la fortuna privada total; cuatro años después esa parte ha subido el 53 por ciento. ¿Qué pasará dentro de diez años? Mientras tanto, Alemania tiene cerca de tres millones de desocupados que cobran una ayuda por cierto muy modesta. El diario bávaro Münchner Merkur titula “Dinamita bajo el fundamento de la democracia” y protesta porque cada vez más “la democracia es desgastada por una masa de población que se va empobreciendo mientras aumenta cada vez más la riqueza de la clase alta”. “Alemania se ha convertido en una sociedad de clases”. La única democracia que poseen los pobres es poner el papelito en las urnas cada dos años, igual que los ricos. Y aquí cabe de nuevo la pregunta: ¿es ésa una auténtica democracia?

Un golpe severo para el gobierno de su propio partido, la Democracia Cristiana acaba de ser asestado por uno de los hombres fundamentales en la historia de ese partido político, Heiner Geissler, que fue secretario general de esa organización durante doce años (desde 1977 a 1989). En el congreso partidario de Rhein-Sieg declaró que “El mundo ha caído en el desorden porque la política y la economía han perdido sus fundamentos éticos”. Y agregó mencionando al gobierno de su propio partido: “ya no poseemos nosotros una economía social de mercado sino llanamente el capitalismo”. Y dio esta meta: “necesitamos un sistema de mercado social-ecológico internacional. Ahora se ahorra a costo del ser humano. Esto lo tiene que tener en claro la Democracia Cristiana porque actualmente hay en el mundo dinero como trigo y dinero como mierda. Y nos representa la gente falsa”. De paso criticó a la Iglesia Católica diciendo: “La Iglesia no tiene que renunciar a sus obligaciones sociales, y no sólo dedicarse a la liturgia y a un falso alejarse de lo llamado mundanal”.

Algo para reflexionar. Y es que no salieron estas palabras de algún “agitador” de izquierda, sino de un hombre de la escuela de Adenauer y Kohl.

Ante las realidades lo bueno es que comience por fin un debate constructivo que ayude a salir de la crisis en que se encuentra el continente europeo.

Regreso a Buenos Aires. Me encuentro con mi amigo de muchos años, el pastor evangélico Arturo Blatezky, representante de la comunidad luterana alemana en la Argentina. Lo veo al borde de la de-sesperación. El tiene en Quilmes un comedor infantil y además instituciones pedagógicas en las que asiste a niños de villas de extrema pobreza en esa localidad bonaerense. Yo he visitado esos lugares y admiro a este hombre y a sus ayudantes. Dar de comer a los niños más humildes de nuestra sociedad que tienen hambre. ¿Qué mejor papel hay en la vida que eso? Los niños. Ver sus ojos. Llenarlos de esperanza y mostrarles la mano abierta que le niega la realidad.

Me explica: desde hace meses, el gobierno bonaerense no da la ayuda estipulada a los comedores infantiles ni paga las becas para los asistentes que mantienen con su trabajo esos lugares tan necesarios para mantener la paz y alejar la violencia de nuestras ciudades: los niños con hambre, los niños que necesitan sonrisa a través de las manos docentes que los ayudan a soportar su destino no buscado.

En este hombre y en su mujer, Claudia Lohff, existe una pasión por la ayuda a los más desamparados de nuestra sociedad, los niños de nuestras villas miseria y sus madres. Primero crearon el jardín maternal Los Angelitos y luego el jardín de infantes El arca de los niños. Los he visitado varias veces, son lugares en los que los niños se sienten felices, se los oye reír, conversar, gritar, pegar saltos de alegría. Es crear vida sostener esos lugares. Crear futuro sin violencia. Son totalmente gratuitos, para niños de 3 meses a 5 años, funcionan de lunes a viernes de 7 a 17 horas. Se les dan a los niños tres comidas diarias, se los cuida en la salud y la higiene, y se les da actividades pedagógicas, descanso y recreación. Concurren 130 niños y niñas de las familias más pobres y desprotegidas de las zonas marginales de Quilmes. Acompañan a las madres y a los padres (si los hubiere) en sus gravísimas dificultades de supervivencia diaria. Son todas familias consideradas “de riesgo”, sin trabajo, en viviendas absolutamente precarias, en hacinamiento, con problemas de alcohol y drogas, o con sida, violencia familiar, abuso de menores y la discriminación que sufren diariamente por parte de la “sociedad”. Es decir, estas manos abiertas ayudan a que se respeten los Derechos Humanos del Niño. El pastor Arturo Blatezky pertenece al Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH) y protegió en este lugar quilmeño a familias de desaparecidos, presos y perseguidos por la dictadura militar.

Para el funcionamiento de estas increíbles iniciativas contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de Alemania. Son ya tres décadas de existencia y por supuesto dependen en gran parte de las ayudas estatales de la provincia de Buenos Aires, que ahora no reciben más y la situación es muy difícil por el aumento de los costos de alimentos y servicios. De pronto, la obligación profundamente moral que tienen las autoridades provinciales fue olvidada o postergada. Por eso, el jueves pasado, más de cuatro mil personas hicieron una marcha hacia la casa de gobierno de La Plata a pedir al gobernador Scioli su inmediata intervención. Pero pese a todos los trámites realizados, no fueron recibidos.

No podemos dejar de dedicar estas líneas a este profundo problema de nuestra sociedad. Creemos que finalmente las autoridades reflexionarán. Se trata de nuestros niños. Sí, nuestros, porque nos pertenecen a todos como sociedad y somos responsables de ello. Nunca más permitir niños con hambre en nuestras calles. Nunca más. Es un deber de todo país democrático.-

Osvaldo Bayer. Página 12 del 29/9/2012

Welcome back, boys

Desde mañana y hasta el viernes, tres especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional, Guerra no Convencional y Operaciones de Información dictarán un curso para el personal del Ministerio de Defensa sobre “Lineamientos Estratégicos”. El curso forma parte del Programa Expandido de Educación y Entrenamiento Militar (Expanded International Military Education and Training, E-IMET) de la Defense Security Cooperation Agency, dirigido a países en los cuales “el programa de entrenamiento militar provoque mucha susceptibilidad” (http://www.dsca.mil/programs/eimet/eimet_default.htm). La Argentina es uno de ellos porque las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, promulgadas durante las respectivas presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa con amplio acuerdo multipartidario, separan en forma taxativa ambas áreas y vedan la presencia militar en cuestiones de seguridad interior. Las avanzadas estadounidenses intentan traspasar esa frontera, como ya ocurre en México, Centroamérica y Colombia. Los tres instructores integran el Centro de Relaciones Civiles-Militares de la Escuela Naval de Posgrado, con sede en Monterrey, California. Ese organismo fue creado en 1994 para reorientar a las Fuerzas Armadas de las nuevas democracias hacia las misiones que Estados Unidos les asigna en la posguerra fría. Otra escaramuza tendrá lugar entre el 7 y el 10 de octubre durante la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se realizará en el hotel Conrad de Punta del Este, Uruguay. Uno de los ejes temáticos será “el análisis de los conceptos de Seguridad y Defensa con un criterio amplio e integral”. El documento preliminar también declara el propósito de “delimitar los ámbitos”. Lo que está en juego es suprimir o reforzar las diferencias entre ambos conceptos. La Argentina será el país relator sobre este tema, Guatemala y México los correlatores y Ecuador el moderador, lo cual expresa las posiciones opuestas que hasta ahora han dividido a la región. También se discutirá el “futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa”. Esta es una alusión a la Junta Interamericana de Defensa, el órgano asesor desde el que Estados Unidos trata de influir en los militares latinoamericanos. En la reunión preparatoria que se realizó en abril, la delegación brasileña propuso que esa JID pasara a actuar como secretaría ejecutiva de las conferencias de ministros de Defensa, redactara sus actas y fuera depositaria del registro y clasificación, distribución y almacenamiento seguro de sus documentos.

Defensa y/o Seguridad

Dos de los profesores del curso, el Brigadier Mayor (R) Richard Goetze, un veterano de los bombardeos sobre Vietnam, y el profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la Escuela Naval de Posgrado, Thomas C. Bruneau, postulan en forma insistente la intervención de las Fuerzas Armadas ante las denominadas nuevas amenazas, como el comercio ilegal de narcóticos, la violencia juvenil y el delito. La tercera instructora es la coronela de la Fuerza Aérea Anne McGee. Según el curriculum vitae que distribuyó el Ministerio de Defensa, McGee preparó y coordinó todas las Ordenes de Despliegue puestas a la firma del jefe del Pentágono “en apoyo de operaciones en Afganistán e Irak, así como en acciones de defensa interior”. Entre sus áreas de interés se mencionan la Guerra No Convencional (que es como el terrorismo de Estado se refería a la represión que llevó a cabo en la Argentina) y las Operaciones de Informaciones. La realización del curso sucede en tres semanas a la visita del viceministro del Pentágono para América Latina, el hijo de exiliados cubanos Frank Mora, quien se reunió con el ministro de Defensa Arturo Puricelli. En varios encuentros previos, Mora trató de convencer al canciller Héctor Timerman sobre la necesidad del empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al “narcoterrorismo”, aduciendo que la policía es corrupta. Timerman le respondió que era un error mezclar dos fenómenos distintos y le recordó que dentro de Estados Unidos sigue vigente la ley que prohíbe el uso de fuerzas militares en cuestiones de seguridad interior. En mayo los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de Unasur, se habían encontrado en Cartagena de Indias, Colombia, donde reiteraron la necesidad de “distinguir el tratamiento de los asuntos de Defensa de los de Seguridad, independientemente de los ordenamientos jurídicos de cada Estado, así como contar con un ámbito específico para abordar las problemáticas delictivas comunes en la región suramericana diferenciado de los mecanismos hemisféricos existentes”. Es la única vez que el documento menciona el vocablo hemisférico, y no por casualidad: el canciller brasileño Celso Amorim se encargó de excluir en el resto del texto el empleo de la palabra clave que utiliza Estados Unidos para referirse a los países americanos como una unidad bajo su tutela. En esa reunión, la ministra argentina de Seguridad, Nilda Garré, expuso sobre las diferencias entre Defensa y Seguridad. Mientras la Defensa se vincula con la política exterior, la soberanía y el territorio, la Seguridad remite a “la paz social, la estabilidad institucional del Estado, el control del orden público y las debidas garantías a los derechos” de los ciudadanos, dijo.

El Seminario

El seminario se realizará durante toda la semana, de 14 a 18 en la Sala Roca, en el 8º piso del Edificio Libertador, nombrada así en homenaje al ex ministro de Defensa y ex presidente Julio Argentino Roca. Mañana, la apertura estará a cargo del Grupo Militar de los Estados Unidos. A continuación Bruneau expondrá acerca de “Un nuevo enfoque propuesto sobre las relaciones civiles-militares” y el Brigadier Mayor Goetze sobre “Liderazgo estratégico” y, luego de una pausa para el café, explicará el “Marco para una política de Seguridad Nacional”. El martes, McGee dará las dos primeras conferencias de la tarde. Una sobre Intereses Nacionales y dirección estratégica y la segunda a propósito de un método de evaluación y análisis en red. Cerrará la tarde Bruneau, con su visión acerca del “Rol de la Inteligencia en el proceso de toma de decisiones estratégicas”. El miércoles abrirá Goetze con un tema de enorme interés en la Argentina de hoy: “Comunicaciones estratégicas: la prensa y la percepción de la efectividad del gobierno”. Lo seguirá McGee con una conferencia dedicada a los desafíos interinstitucionales del liderazgo estratégico y Bruneau, quien hablará acerca del “Uso de las fuerzas militares en apoyo a las autoridades civiles”, con un análisis específico del caso de México. El programa del jueves girará en torno a la educación de civiles en Defensa y Seguridad Nacional, a cargo de Bruneau, la correlación entre estrategia y presupuesto, por Goetze, y la transición hacia el planeamiento por capacidades, por McGee. El entrenamiento concluirá el viernes con una conferencia de Goetze sobre el desafío de la implementación del liderazgo estratégico, un ejercicio en el que los participantes deberán desarrollar e implementar lineamientos estratégicos y una discusión abierta. En la ceremonia de cierre se entregarán certificados a los asistentes y habrá un brindis.

Educar a los amigos

Según la información oficial estadounidense, el programa E-IMET fue creado para “educar a los amigos y aliados de Estados Unidos en el adecuado manejo de sus recursos de defensa”. El E-IMET también declama los principios del control civil de las Fuerzas Armadas y el respeto por los derechos humanos. Sus objetivos se expandieron y adquirieron nuevas direcciones para ajustarse “a los intereses de la política exterior de Estados Unidos en el ambiente de la posguerra fría” y “modificar los mecanismos civiles-militares utilizados por las democracias para enfrentar las circunstancias únicas de cada país”. También se propone familiarizar a militares y civiles “con el sistema judicial estadounidense, el bipartidismo, el rol de la prensa libre y de otros medios de comunicación, los propósitos y alcances de los sindicatos, el sistema económico estadounidense, sus instituciones educativas y la forma en que todos esos elementos de la democracia americana (sic) reflejan el compromiso de los Estados Unidos con los principios reconocidos internacionalmente de los derechos humanos”. Por último, procura “derribar las barreras que a menudo existen entre las Fuerzas Armadas, los funcionarios civiles y los legisladores”. Los planteos de los profesores estadounidenses están contenidos en sus publicaciones académicas. Bruneau y Goetze son coautores de un trabajo titulado “Ministerios de Defensa y Control Democrático”, en el que enumeran un amplio arco de misiones militares en apoyo de las autoridades civiles, desde el auxilio en desastres naturales “al control de disturbios, las operaciones antidrogas y ahora especialmente antiterroristas”. Son conscientes de que esos “ejemplos de actuación policial despiertan extrema susceptibilidad y a veces son vistos como un regreso `a los viejos malos tiempos`” y se proponen “asegurar que los militares ejecuten las tareas sin usurpar el poder”. Ese artículo forma parte de un libro titulado “¿Quién custodia a los custodios?”. En la introducción, firmada por Bruneau como editor de la recopilación, se afirma que en la tercera ola de democratización uno de los mayores desafíos es lograr el equilibrio entre los sectores civil y militar. Si la balanza se inclina en favor de las Fuerzas Armadas, que retienen las prerrogativas del régimen anterior en finanzas, control de los ascensos o manejo de la Inteligencia (como es ostensible nada de eso ocurre en la Argentina de hoy), la democracia aún no está consolidada. Pero si “la conducción civil ha subordinado a las Fuerzas Armadas y las ha politizado a través del ascenso de compinches politicos o las ha mutilado con severos cortes presupuestarios, el país se quedará sin un recurso crítico en áreas como la ayuda humanitaria o en caso de catástrofes, operaciones contra el terrorismo y las drogas”. Bruneau informa en ese prólogo que además de dictar seminarios el programa ha prestado asistencia a los gobiernos de distintos países: a definir los roles y misiones de las Fuerzas Armadas en Guatemala y a reformar el area de inteligencia en la Argentina, por ejemplo.

Corrupción y Seguridad

Otro trabajo de Bruneau y Goetze, publicado en 2006 en la Military Review es ilustrado con varias fotografías muy interesantes, cuyos epígrafes no dejan dudas sobre el rol que proponen para las Fuerzas Armadas. Una dice: “Soldados del ejército mexicano toman control de una oficina de la Fiscalía especializada para la atención de delitos contra la salud, 16 de enero de 2003 en Tapachula. México, como parte de una operación en contra de la corrupción”. Otra informa: “Se detienen pandilleros de la Mara 18 en una operación conjunta realizada por la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala en Mixco, al sur de la capital, 21 de septiembre de 2005”. Es decir, aquello que en forma explícita rechazó la Unasur en Cartagena. Para los instructores del ministerio de Defensa argentino “la definición de seguridad está siendo transformada para incluir mucho más que la seguridad ‘nacional’: es un concepto más generalizado que incluye la seguridad ‘pública’ y la de los ‘ciudadanos’”. Entre las denominadas nuevas amenazas, menciona “el crimen organizado”, que afecta “la seguridad pública así como la de los ciudadanos y, en algunos casos, la seguridad nacional” y afirma que las Fuerzas Armadas “deben enfrentar esta amenaza regional”. Entre los ejemplos que siguen figura “el lavado de dinero en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), el control por parte de narcotraficantes de los barrios de Río de Janeiro, el crimen organizado y el narcoterrorismo en Colombia, los cargamentos de drogas a través de la región y el nuevo fenómeno de la Mara Salvatrucha o pandillas, en América Central y México”. En conclusión, Latinoamérica podrá ser una zona de paz “con respecto a conflictos exteriores, pero no es así internamente, como lo comprueban las maras, los narcotraficantes, el crimen organizado y las insurgencias (en Colombia). Actualmente, los civiles que formulan las políticas en México y América Central han desplegado a sus Fuerzas Armadas como las unidades de vanguardia en la lucha contra las pandillas o en apoyo de los esfuerzos contra el crimen”. Un tercer trabajo conjunto de Goetze y Bruneau sobre “Las Pandillas y las Maras en América Central” fue publicado en 2008 en la revista Air & Space Power Journal. Los huéspedes del Ministerio de Defensa revelan que asesoraron sobre el tema en 2005 al entonces presidente de Guatemala, Oscar Berger. Reconocen que, dado el historial de dictaduras, la intervención militar ha provocado “serias inquietudes”, pero las descartan alegando que “el asunto es menos acerca del uso instrumental –de la policía, los militares y la inteligencia– y más acerca del control establecido y ejercido sobre esos instrumentos”. Además adelantan la intención de extender esa doctrina más allá de México y Centroamérica. “Cuando discutimos el tema de las pandillas en programas en América del Sur hace dos o tres años atrás hubo poco interés. Hoy, hay gran atención y preocupación”, dicen. Al menos ellos trabajan para estimularlas. Colaboradores del ministro Puricelli sugieren que los visitantes también podrían asesorar para la redacción de una nueva Directiva Estratégica Militar que incorpore estos conceptos.

Por Horacio Verbitsky, Página 12 del 09/09/12.-

Nieblas del Riachuelo

Invocando la urgencia establecida por la Corte Suprema, el juez de Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto justifica la contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella. Son obras por centenares de millones de pesos. Amigos y colaboradores del juez fueron designados en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Armella clausuró empresas competidoras.

 Por Horacio Verbitsky

El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar. El plan fue elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano. Documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena. Una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos. Los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios, entre los más asiduos el de Lomas de Zamora. Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo. El presidente directivo de Acumar, Juan José Mussi, designó presidente ejecutivo al químico Oscar Deina, quien antes fue Director Bonaerense de Control Ambiental y Saneamiento Urbano, y como Secretario de Planificación Estratégica a Carlos Balor, uno de los políticos más próximos a Mussi, cuya lista de concejales en Berazategui encabezó en 2009 junto con el actual intendente, Juan Patricio Mussi, quien asumió la intendencia cuando su padre fue designado Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en diciembre de 2010. Ex alcalde de Berazategui, Mussi fue ministro de Salud durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf y Secretario de Asuntos Políticos durante el interinato de Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

A limpiar

En junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para conocer en su jurisdicción originaria el reclamo contra la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas presentado por diecisiete personas damnificadas por la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Pero en una decisión que sacudió todas las rutinas tribunalicias y realzó el rol de la Corte como un poder del Estado activo y con sensibilidad ambiental y social resolvió asumir la tutela del ambiente, considerado un bien de incidencia colectiva, de uso común e indivisible. La Corte citó a una serie de audiencias públicas sin precedentes, para escuchar a los vecinos denunciantes, las autoridades de todas las jurisdicciones concernidas y a organizaciones sociales y ambientalistas y solicitó informes y planes integrales de saneamiento, ya que en los 2240 km2 de la cuenca hídrica más contaminada del país y de sus degradadas zonas urbanas, el catastrófico deterioro ambiental afecta los derechos humanos fundamentales a la salud, al agua y el saneamiento, a la vivienda adecuada, a la calidad de vida y a un ambiente sano. En respuesta al activismo judicial, en noviembre de 2006 se creó por la ley 26.168 la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese ente de derecho público interjurisdiccional es presidido por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y lo integran otros siete miembros, representantes de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma. En 2007, la Corte reclamó de la Acumar una serie de informes precisos sobre estado del agua y el aire; traslados de población y de empresas; proyectos sobre el polo petroquímico de Dock Sud; utilización de créditos verdes; saneamiento cloacal y de basurales; limpieza de márgenes del río; expansión de la red de agua potable; desagües pluviales; estado de avance de las obras, factibilidad de sus plazos, costos y financiamiento. Un alto porcentaje de los cinco millones de habitantes que se apiñan en los catorce municipios de la cuenca viven en villas o asentamientos precarios, sin servicios básicos de saneamiento y con alta incidencia de necesidades básicas insatisfechas. El 8 de julio de 2008 la Corte ordenó medidas protectoras del interés general y encomendó a la Acumar el cumplimiento de tres objetivos simultáneos: la mejora de calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. La enormidad de la tarea a realizar luego de un siglo de de-sidia, hizo que la Corte fijara

desde el comienzo términos estrictos para cada paso. Por ejemplo, adoptar en 90 días hábiles un sistema internacional de medición para controlar el avance del proceso; organizar en 30 un sistema de información pública en internet para el público; inspeccionar en otros 30 todas las empresas radicadas en la cuenca e identificar a las contaminantes y exigir que en el mismo lapso cada una de esas empresas presentara un plan de tratamiento. También fijó plazos para el saneamiento de basurales, la urbanización de villas y asentamientos precarios, el plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), la limpieza de las márgenes del río, la parquización de la ribera, la expansión de la red de agua potable en el período 2008/2015, los de-sagües pluviales, la construcción de la planta depuradora Berazategui y sus emisarios y el plan sanitario de emergencia. Estas razonables estipulaciones incluyeron la aplicación de una multa diaria al presidente de la Autoridad de Cuenca por el incumplimiento de cualquier plazo. Para organizar la participación ciudadana, también creó un cuerpo colegiado con las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo, delegó el proceso de ejecución de su sentencia en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, que actuaría desde entonces como tribunal superior de la causa, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento. En el considerando 21, invistió al juez con la facultad de fijar el valor de las multas diarias e investigar los posibles delitos que deriven del incumplimiento. Armella quedó como instancia de revisión judicial de las decisiones de la Acumar, y sus resoluciones sólo podrán ser apeladas ante la propia Corte Suprema. Estos son los poderosos instrumentos que el juez utiliza para fijar los plazos perentorios que luego justifican la contratación directa de las empresas vinculadas con Su Señoría, incluso en obras de carácter estético que no habría inconveniente en licitar y que de ese modo costarían menos de la mitad de lo que se paga por su realización.

Grupo de familia

El 24 de febrero de este año se constituyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de 30 mil pesos para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella. Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación. La nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que se benefician con la prodigalidad del magistrado. El cuadro que se reproduce en esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec. De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo. Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui. Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca.

La maroma

Una parte del negocio es la limpieza de las márgenes del río y otra el emplazamiento del camino de sirga. Esta es una antiquísima denominación, originada en la maroma o cuerda gruesa que se usaba para remontar las embarcaciones contra la corriente. Todos los propietarios limítrofes con ríos o canales deben dejar libre para ello un camino público de 35 metros. El 27 de abril de 2011, Armella firmó una resolución notable, en la que luego de fojas de ditirambos al ex presidente Julio Roca y la generación de 1880, una clase dirigente cuyas obras constituyeron “un verdadero legado para las generaciones venideras”, en contraste con “el facilismo de diseñar las obras pensando sólo en el hoy”, requirió a la Acumar bajo apercibimiento de multa diaria sobre el patrimonio propio de los funcionarios “que en un plazo perentorio acompañe un proyecto integrador que contemple todas las obras a desarrollarse”, en forma cabal, precisa y detallada. Nada menos. El 28 de diciembre (Día de los Santos Inocentes) dio un plazo de 45 días, hasta el 15 de febrero de este año, para que la Acumar, en coordinación con los municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús y Lomas presentaran un proyecto integrador con todas las obras de infraestructura sobre los taludes ribereños en los plazos y que realizara las licitaciones en los plazos “más cortos posibles, sin excusa alguna”. Al día siguiente rechazó el proyecto que Acumar había presentado ante su requerimiento roquista de abril, por considerar su información “pobre, deficiente y en algunos casos incoherente” y también le concedió todo enero y medio febrero para presentar un nuevo proyecto. En febrero Acumar firmó un convenio con Ceamse para comenzar la recomposición de taludes, rellenando las márgenes con tosca. Ceamse contrató las obras con Canteras del Sur y M&T, que iniciaron la recomposición de 50 metros de talud por 4,6 millones de pesos, cuando el precio de mercado no pasaba de 2,8 millones. En junio se firmó un convenio similar, para recomponer 200 metros de talud por 12 millones. La provisión de la tosca, el transporte, las maquinarias, las chapas para contener el talud, están armados para las empresas del grupo familiar, sin tomar en cuenta que la pavimentación del camino de sirga licitada por Avellaneda, Lanús y Lomas, ya incluía la recomposición de taludes. Por las dudas, el 12 de julio, Armella pidió a todos los intendentes de la cuenca que volvieran a relevar la existencia de canteras clandestinas, que el policía amigo que hizo designar en Acumar notificara a sus colegas de las comisarías para que controlaran que no fueran reabiertas las ya clausuradas y reiteró la prohibición de abrir nuevas en la cuenca, en una medida más propia del verdadero Roca y sus hermanos Goyo y Ataliva, abastecedores del Ejército, que del idealizado en sus resoluciones. El 13 de julio pidió que se elaborara una vez más el proyecto del camino de sirga y detalló: parquización, liberación de márgenes, construcción de caminos, taludes, cruces viales. En forma expresa dispuso que lo coordinara la Secretaría de Planificación de Acumar, a cargo de Carlos Balor y donde Armella tiene operadores de entera confianza (ver “Porque es un buen compañero”). Como los municipios ya licitaron y están construyendo el camino y realizando la forestación, es obvio el interés del magistrado en los taludes, que se rellenan con tosca de la única cantera permitida. En este momento está en ejecución el primer tramo del proyecto y en el trámite administrativo previo el segundo. Los quince tramos del proyecto total que está elaborando la Secretaría de Planificación superarán los 100 millones de pesos.

El IVA olvidado

El 16 de mayo, Armella intimó a la Acumar y al Ceamse a que en el plazo perentorio de diez días le informaran cuándo comenzarían las obras de limpieza de márgenes del río denominadas Tramo 2,a.primera etapa, en el espacio comprendido entre el puente transbordador y el taller de reparación de grúas. Dos días después Acumar derivó la notificación al Ceamse (que estaba realizando la rectificación de márgenes), que a su vez adjudicó la obra a M&T, por un monto de 9,2 millones de pesos más IVA. Pero a precios de mercado los trabajos presupuestados no cuestan más de 4 millones, con IVA incluido. El mismo 16 de mayo, el juez notificó a la Acumar y al municipio de Lomas de Zamora que en los consabidos diez días debían presentar un proyecto con las acciones de infraestructura en las defensas de cemento con reja superior conocidas como New Jersey, en el sector de la costa ribereña de Lomas, donde fue desalojada la feria “La Saladita”, y en el predio elegido para relocalizar a los feriantes. Dos semanas después Acumar y el municipio firmaron los respectivos convenios. La instalación del New Jersey en el viejo emplazamiento saldrá 10,8 millones de pesos (con un anticipo de 3,2 millones) y el relleno del nuevo predio, 12,9 millones de pesos. Esta es sólo la primera etapa del proyecto total planificado para el predio, que insumirá 150 millones de pesos. Los tractores que realizan la obra pertenecen a M&T cuya contratación fue sugerida al municipio por el juzgado y los presupuestos duplican el precio de mercado. Aún así, el grupo de familia no está conforme con los precios que fijó Lomas de Zamora. Armella solicitó al municipio y a la autoridad de cuenca que realizaran una adenda al convenio, que subirá los precios. Su realización corre una vez más por cuenta de la Secretaría de Planificación de Acumar. El argumento será que por error Lomas omitió calcular el IVA.

Página 12 del 26/8/12.-

La policía asesinó a 32 mineros durante una manifestación

"Creemos que hay suficiente espacio en nuestro orden democrático para que toda disputa se resuelva mediante el diálogo y sin infringir la ley ni que haya violencia", consideró Zuma a través de un comunicado en el que ordenó el inicio de una investigación al respecto.

Los trabajadores de la mina de Lonmin, cerca de la ciudad de Marikana, al oeste de Pretoria, iniciaron una huelga el viernes pasado y, durante el fin de semana, hubo enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, que dejaron diez muertos, entre ellos dos agentes. Ese día, según los testigos, los trabajadores fueron quemados o golpeados hasta morir.

En la protesta de ayer en Lonmin, unos 70 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, que debían dispersarse después de los choques del pasado fin de semana. Les lanzaron gas lacrimógeno y usaron cañones de agua, y entonces, según las autoridades, algunos huelguistas dispararon a la policía, que respondió de la misma manera, con munición de plomo.

Los mineros "nos despertaron a la realidad de una bomba de tiempo que ha explotado", dijo el diario sudafricano The Soewtan, uno de los más leídos del país, en un editorial. "Los africanos están enfrentados unos contra otros, peleando por una porción de riqueza mineral del país. Al final, la guerra se cobra las vidas de los africanos más pobres...otra vez", agregó.

Página 12 del 17-8-12

“Un show para ejecutar sospechosos”

Un oficial del ejército de Estados Unidos, que representa a uno de los más notorios prisioneros de Guantánamo, habló contra la naturaleza secreta del sistema de las comisiones militares, insistiendo en que puede convertirse en algo como un “juego-show” para ejecutar a los sospechosos, negándoles a ellos y al pueblo estadounidense el derecho a un juicio justo. El capitán Jason Wright fue nombrado por el ejército para representar a Khalid Sheik Mohammed, quien está acusado junto con otros cuatro de conspirar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, el oficial reveló a The Independent que un montón de evidencia vital –incluyendo los tres años y medio que su cliente estuvo en los sitios “negros” de la CIA– ha sido considerada como clasificada.

Sólo a través de un pedido de Freedom of Information (Libertad de Información) los archivos redactados fueron dados a conocer mostrando que Mohammed había sido sometido a interrogatorios con el método del submarino 183 veces, mantenido despierto durante siete días seguidos y se había amenazado a su familia. Los abogados de la defensa tienen prohibido pasar documentos confidenciales a sus clientes o aun discutir ciertos temas; la financiación está severamente restringida y los pedidos de consejos adicionales o de expertos, negados. Mientras el acusado se enfrenta a la pena de muerte si es sentenciado, es probable que estén detenidos indefinidamente aun si son sobreseídos, una situación que el capitán Wright comparó con la tortura.

“Esto no es un juicio. Es un intento de legitimar una amenaza de muerte”, dijo. “Nunca puede ser justo el llevar a un hombre al borde de la muerte 183 veces con el submarino y luego hacerlo una última 184ª vez –pero esta vez tendrá una total autorización del Estado. La verdad es que la tortura niega la justicia. Si uno cree que Estados Unidos es mejor que eso, entonces esto es una lucha por el alma de Estados Unidos. Estoy preocupado por que este haya sido un juego-show para tratar de encontrar la mejor manera para juzgar y ejecutar a estos hombres. Estoy profundamente preocupado por la perspectiva de que teóricamente si alguien es juzgado y sobreseído, el gobierno de Estados Unidos tenga la autoridad para continuar deteniendo a esa persona indefinidamente.”

El oficial, quien previamente pasó 15 meses como asesor legal en el norte de Irak, continuó: “Creo que un montón de estadounidenses están horrorizados por el hecho de que Guantánamo todavía esté abierta. Nadie niega que el 11 de septiembre fue horrible, pero hay mucha gente en Medio Oriente que se ha sentido agraviada por los efectos de colonialismo y neocolonialismo. Hubo un ciclo de tragedia y trauma y ahora podemos añadir la tortura. Creo que es hora de que la hipérbole de la guerra contra el terror termine para todas las partes, para seguir tanto la redención como el redescubrimiento. Es mi esperanza que este caso brinde una oportunidad para ese proceso. Pero para que eso suceda, debe considerarse justo y legítimo, no sólo para Estados Unidos sino para el resto del mundo”. A pesar de la promesa del presidente Obama de cerrar la notoria cárcel en Cuba, 167 internos –todos musulmanes– permanecen de los 800 originales que fueron llevados después de que miles de dólares en recompensa fueron ofrecidos para aquellos que los entregaban. De aquellos todavía encarcelados, la mitad ha sido absuelta pero no liberada.

El capitán Wright dijo que la ley reformada de los comisiones militares, implantada después de que el Congreso negó los intentos del presidente de que los juicios se hicieran dentro del sistema legal estadounidense, no se atiene a ninguna Convención de Ginebra, permitiendo que la evidencia se obtenga bajo presión. Dijo que la situación “estaba deplorablemente lejos de los niveles de cualquier corte normal en Estados Unidos”.

Junto con los representantes de los otros cuatro detenidos, él debe volver a la corte la semana que viene para pedir autorización para entregarle un documento a su cliente en forma confidencial. Hace dos años, el comandante de las fuerzas conjuntas en Guantánamo ordenó que todos los papeles debían pasar por un equipo de investigación. “Todos los abogados defensores se han negado a cumplir con esta orden. Desde diciembre, no hemos podido compartir ningún documento confidencial con nuestros clientes”, dijo el abogado defensor. “Viola nuestro deber de la confidencialidad del cliente y nuestro deber de debida diligencia para representar a nuestros clientes.”

A los abogados se les prohíbe discutir ciertos temas –aun el término “jihad” que está incluido en la acusación–. El gobierno de Estados Unidos argumentó que como Mohammed era un detenido de alto valor estuvo expuesto a información clasificada de la CIA y, por lo tanto, es poseedor de información clasificada. De manera que: “Porque nosotros lo torturamos, usted no puede hablar”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

Terry Judd, Página 12 del 16-8-12

Salario Real

El debate inflación e ingresos de los trabajadores, incluyendo la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias sobre salarios medios y altos, en un escenario de fragmentación en cinco de la representación confederal de los trabajadores, exige un marco de cifras para ordenarlo. Desde 2007 el aumento de precios se ha estacionado en un umbral alto, sin espiralizarse pese al deseo de avivar ese fuego por los pirómanos conocidos. La inflación es uno de los principales problemas de la economía pero hoy no está impulsada por los motores tradicionales que ofrece como explicación la ortodoxia, obsesionada con el gasto público y la emisión monetaria. Además de factores vinculados al sector externo e imperfecciones en los mercados de oferta (oligopolios), en estos años se está desarrollando una fabulosa puja distributiva entre el capital y el trabajo, que se expresa en aumentos de precios y de salarios. El aspecto notable de esa tensión en perspectiva histórica es que los trabajadores no son los perdedores porque los salarios no retrocedieron en términos reales. La particularidad de ese proceso es que esa mejora se concretó al mismo tiempo que aumentaron las utilidades de las empresas. Esta aparente contradicción se salda cuando se observa la fuerte alza que registró la productividad laboral, que implica la apropiación del capital de una parte proporcionalmente mayor del incremento de la riqueza global de la economía. La complejidad de esa dinámica de ingresos, con sus respectivos agentes económicos involucrados, exige eludir rústicos análisis que sólo sirven para cautivar plateas inocentes pero no para interpretar la intensa pelea que se está dando por el reparto del ingreso y sobre quienes se pretende hacer recaer los costos de una crisis global con desenlace desconocido. Por lo pronto, en rasgos generales, los trabajadores, por la organización gremial y por gestión de gobierno, no la están pagando. Esto explica la incomodidad del mundo empresario que bien saben reflejar sus medios afines y expresar sin pudor hombres de negocios dedicados a comercializar información económica.

El proceso de recuperación del ingreso de los trabajadores luego de la fabulosa transferencia hacia el capital que significó la megadevaluación de la salida de la convertibilidad comenzó con aumentos de sumas fijas no remunerativas dispuestas por decreto. Luego ese monto pasó a integrarse al salario, para empezar una persistente y creciente negociación paritaria, la más larga en cantidad de años desde que se constituyó esa institucionalidad en el mundo laboral. Este proceso permitió una mejora salarial en términos reales, sendero que se complicó cuando comenzó a poner en cuestionamiento la tasa de ganancia empresaria. La reacción fue ajustar precios, independientemente de que la productividad laboral haya crecido por encima del costo laboral.

El último informe de coyuntura del centro de estudios y formación de la CTA-Yasky precisa que durante la posconvertibilidad la productividad creció continuamente. Señala que si bien el costo laboral también se incrementó en el período, lo hizo a una tasa menor, de manera que el costo laboral unitario se redujo, incrementando la rentabilidad empresaria. Define que “entre 2009 y 2011 la tasa de crecimiento de la productividad se aceleró en relación a años anteriores alcanzando en 2011 un valor 31,6 por ciento superior al del final de la convertibilidad”.

Este resultado permite entender las importantes ganancias acumuladas por las empresas en estos años, a la vez la dinámica que adquirió la negociación colectiva con alzas salariales por encima de la inflación. El promedio simple de la variación anual de los salarios de convenio de todas las paritarias fue 26,4 por ciento en 2008, 21,0 por ciento en 2009, 26,0 por ciento en 2010, y 32,0 por ciento en 2011.

El aumento del año pasado fue uno de los más importantes porque se ubicó varios puntos por encima de cualquier índice de precios difundido. En el cuadro que acompaña esta nota se observa en detalle los aumentos de esos años en cada uno de los principales sectores de la economía. Esa recomposición no significa que aún no persistan en el mercado laboral las consecuencias de la heterogeneidad salarial y de la informalidad, la aún débil organización en los lugares de trabajo y la demorada renovación de liderazgos gremiales.

La recomposición de las organizaciones gremiales ha sido un proceso que comenzó con la salida traumática de la convertibilidad. La suba de los salarios, la reapertura de las negociaciones paritarias y la creación de una importante cantidad de puestos, en el marco de un crecimiento sostenido, constituyeron elementos que implicaron una mejora de la situación de los trabajadores y el fortalecimiento sindical. Los investigadores Héctor Palomino y David Trajtemberg indican en “Negociación colectiva y recuperación económica en Argentina”, publicado en Macroeconomía, empleo e ingresos, libro de la OIT y el Ministerio de Trabajo, que el fortalecimiento sindical “provino del crecimiento conjunto de su influencia, del número de afiliados y de sus recursos económicos, tendencias que contrastan con el declive que padecieron en esos tres planos durante los años noventa”.

La consecuencia fue el aumento de las negociaciones colectivas y los trabajadores comprendidos en las paritarias, estén o no sindicalizados. La evolución fue un alza constante sin detenerse en 2009, cuando la crisis internacional impactó en la economía doméstica, ni ahora, cuando también se registra una desaceleración de la actividad económica (ver aparte). Palomino y Trajtemberg afirman que el incremento en la frecuencia de la negociación colectiva confirma, en el plano institucional, una fuerte articulación con la dinámica socioeconómica “al comportarse como instrumento para impulsar el incremento de los salarios”. El recorrido que han tenido los convenios y acuerdos homologados en el sector privado fue destacado, como se puede observar.

Año	Cantidad de negociaciones	Personal comprendido
2004	348	1.222.000
2005	568	2.117.000
2006	930	3.500.000
2007	1027	3.938.000
2008	1231	3.992.000
2009	1331	4.001.388
2010	2038	4.220.161
2011	1864	4.235.000

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La cantidad de trabajadores cubiertos por convenios siempre es mayor porque incluye también a quienes no renovaron acuerdo en el año.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó en su discurso en Tucumán por el Día de la Independencia que el país tiene el mejor salario de la región. El portal de Internet Chequeado, que se dedica a evaluar sentencias de los políticos, juzgó que es “cierto tanto con el mínimo como con el salario promedio, si se mide por el poder adquisitivo, es decir lo que se puede comprar con esa suma de dinero en cada país”. Consultado Pablo Glüzmann, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, señaló que “si se considera el salario por hora en paridad de poder adquisitivo, Argentina y Costa Rica son los países con mayores salarios”. También le preguntaron a Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, sobre el salario mínimo. En un informe de ese investigador se indica que en Argentina el salario mínimo tiene el mayor poder adquisitivo de la región, al ser un 16 por ciento superior al piso salarial paraguayo, que se ubica en el segundo puesto, y 3,2 veces mayor a la remuneración mínima boliviana, la cual ocupa la última posición en la tabla”..

Alfredo Zaiat, Página 12 del 15/7/12.-