Nieblas del Riachuelo

Invocando la urgencia establecida por la Corte Suprema, el juez de Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto justifica la contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella. Son obras por centenares de millones de pesos. Amigos y colaboradores del juez fueron designados en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Armella clausuró empresas competidoras.

 Por Horacio Verbitsky

El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar. El plan fue elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano. Documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena. Una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos. Los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios, entre los más asiduos el de Lomas de Zamora. Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo. El presidente directivo de Acumar, Juan José Mussi, designó presidente ejecutivo al químico Oscar Deina, quien antes fue Director Bonaerense de Control Ambiental y Saneamiento Urbano, y como Secretario de Planificación Estratégica a Carlos Balor, uno de los políticos más próximos a Mussi, cuya lista de concejales en Berazategui encabezó en 2009 junto con el actual intendente, Juan Patricio Mussi, quien asumió la intendencia cuando su padre fue designado Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en diciembre de 2010. Ex alcalde de Berazategui, Mussi fue ministro de Salud durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf y Secretario de Asuntos Políticos durante el interinato de Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

A limpiar

En junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para conocer en su jurisdicción originaria el reclamo contra la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas presentado por diecisiete personas damnificadas por la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Pero en una decisión que sacudió todas las rutinas tribunalicias y realzó el rol de la Corte como un poder del Estado activo y con sensibilidad ambiental y social resolvió asumir la tutela del ambiente, considerado un bien de incidencia colectiva, de uso común e indivisible. La Corte citó a una serie de audiencias públicas sin precedentes, para escuchar a los vecinos denunciantes, las autoridades de todas las jurisdicciones concernidas y a organizaciones sociales y ambientalistas y solicitó informes y planes integrales de saneamiento, ya que en los 2240 km2 de la cuenca hídrica más contaminada del país y de sus degradadas zonas urbanas, el catastrófico deterioro ambiental afecta los derechos humanos fundamentales a la salud, al agua y el saneamiento, a la vivienda adecuada, a la calidad de vida y a un ambiente sano. En respuesta al activismo judicial, en noviembre de 2006 se creó por la ley 26.168 la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese ente de derecho público interjurisdiccional es presidido por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y lo integran otros siete miembros, representantes de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma. En 2007, la Corte reclamó de la Acumar una serie de informes precisos sobre estado del agua y el aire; traslados de población y de empresas; proyectos sobre el polo petroquímico de Dock Sud; utilización de créditos verdes; saneamiento cloacal y de basurales; limpieza de márgenes del río; expansión de la red de agua potable; desagües pluviales; estado de avance de las obras, factibilidad de sus plazos, costos y financiamiento. Un alto porcentaje de los cinco millones de habitantes que se apiñan en los catorce municipios de la cuenca viven en villas o asentamientos precarios, sin servicios básicos de saneamiento y con alta incidencia de necesidades básicas insatisfechas. El 8 de julio de 2008 la Corte ordenó medidas protectoras del interés general y encomendó a la Acumar el cumplimiento de tres objetivos simultáneos: la mejora de calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. La enormidad de la tarea a realizar luego de un siglo de de-sidia, hizo que la Corte fijara

desde el comienzo términos estrictos para cada paso. Por ejemplo, adoptar en 90 días hábiles un sistema internacional de medición para controlar el avance del proceso; organizar en 30 un sistema de información pública en internet para el público; inspeccionar en otros 30 todas las empresas radicadas en la cuenca e identificar a las contaminantes y exigir que en el mismo lapso cada una de esas empresas presentara un plan de tratamiento. También fijó plazos para el saneamiento de basurales, la urbanización de villas y asentamientos precarios, el plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), la limpieza de las márgenes del río, la parquización de la ribera, la expansión de la red de agua potable en el período 2008/2015, los de-sagües pluviales, la construcción de la planta depuradora Berazategui y sus emisarios y el plan sanitario de emergencia. Estas razonables estipulaciones incluyeron la aplicación de una multa diaria al presidente de la Autoridad de Cuenca por el incumplimiento de cualquier plazo. Para organizar la participación ciudadana, también creó un cuerpo colegiado con las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo, delegó el proceso de ejecución de su sentencia en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, que actuaría desde entonces como tribunal superior de la causa, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento. En el considerando 21, invistió al juez con la facultad de fijar el valor de las multas diarias e investigar los posibles delitos que deriven del incumplimiento. Armella quedó como instancia de revisión judicial de las decisiones de la Acumar, y sus resoluciones sólo podrán ser apeladas ante la propia Corte Suprema. Estos son los poderosos instrumentos que el juez utiliza para fijar los plazos perentorios que luego justifican la contratación directa de las empresas vinculadas con Su Señoría, incluso en obras de carácter estético que no habría inconveniente en licitar y que de ese modo costarían menos de la mitad de lo que se paga por su realización.

Grupo de familia

El 24 de febrero de este año se constituyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de 30 mil pesos para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella. Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación. La nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que se benefician con la prodigalidad del magistrado. El cuadro que se reproduce en esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec. De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo. Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui. Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca.

La maroma

Una parte del negocio es la limpieza de las márgenes del río y otra el emplazamiento del camino de sirga. Esta es una antiquísima denominación, originada en la maroma o cuerda gruesa que se usaba para remontar las embarcaciones contra la corriente. Todos los propietarios limítrofes con ríos o canales deben dejar libre para ello un camino público de 35 metros. El 27 de abril de 2011, Armella firmó una resolución notable, en la que luego de fojas de ditirambos al ex presidente Julio Roca y la generación de 1880, una clase dirigente cuyas obras constituyeron “un verdadero legado para las generaciones venideras”, en contraste con “el facilismo de diseñar las obras pensando sólo en el hoy”, requirió a la Acumar bajo apercibimiento de multa diaria sobre el patrimonio propio de los funcionarios “que en un plazo perentorio acompañe un proyecto integrador que contemple todas las obras a desarrollarse”, en forma cabal, precisa y detallada. Nada menos. El 28 de diciembre (Día de los Santos Inocentes) dio un plazo de 45 días, hasta el 15 de febrero de este año, para que la Acumar, en coordinación con los municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús y Lomas presentaran un proyecto integrador con todas las obras de infraestructura sobre los taludes ribereños en los plazos y que realizara las licitaciones en los plazos “más cortos posibles, sin excusa alguna”. Al día siguiente rechazó el proyecto que Acumar había presentado ante su requerimiento roquista de abril, por considerar su información “pobre, deficiente y en algunos casos incoherente” y también le concedió todo enero y medio febrero para presentar un nuevo proyecto. En febrero Acumar firmó un convenio con Ceamse para comenzar la recomposición de taludes, rellenando las márgenes con tosca. Ceamse contrató las obras con Canteras del Sur y M&T, que iniciaron la recomposición de 50 metros de talud por 4,6 millones de pesos, cuando el precio de mercado no pasaba de 2,8 millones. En junio se firmó un convenio similar, para recomponer 200 metros de talud por 12 millones. La provisión de la tosca, el transporte, las maquinarias, las chapas para contener el talud, están armados para las empresas del grupo familiar, sin tomar en cuenta que la pavimentación del camino de sirga licitada por Avellaneda, Lanús y Lomas, ya incluía la recomposición de taludes. Por las dudas, el 12 de julio, Armella pidió a todos los intendentes de la cuenca que volvieran a relevar la existencia de canteras clandestinas, que el policía amigo que hizo designar en Acumar notificara a sus colegas de las comisarías para que controlaran que no fueran reabiertas las ya clausuradas y reiteró la prohibición de abrir nuevas en la cuenca, en una medida más propia del verdadero Roca y sus hermanos Goyo y Ataliva, abastecedores del Ejército, que del idealizado en sus resoluciones. El 13 de julio pidió que se elaborara una vez más el proyecto del camino de sirga y detalló: parquización, liberación de márgenes, construcción de caminos, taludes, cruces viales. En forma expresa dispuso que lo coordinara la Secretaría de Planificación de Acumar, a cargo de Carlos Balor y donde Armella tiene operadores de entera confianza (ver “Porque es un buen compañero”). Como los municipios ya licitaron y están construyendo el camino y realizando la forestación, es obvio el interés del magistrado en los taludes, que se rellenan con tosca de la única cantera permitida. En este momento está en ejecución el primer tramo del proyecto y en el trámite administrativo previo el segundo. Los quince tramos del proyecto total que está elaborando la Secretaría de Planificación superarán los 100 millones de pesos.

El IVA olvidado

El 16 de mayo, Armella intimó a la Acumar y al Ceamse a que en el plazo perentorio de diez días le informaran cuándo comenzarían las obras de limpieza de márgenes del río denominadas Tramo 2,a.primera etapa, en el espacio comprendido entre el puente transbordador y el taller de reparación de grúas. Dos días después Acumar derivó la notificación al Ceamse (que estaba realizando la rectificación de márgenes), que a su vez adjudicó la obra a M&T, por un monto de 9,2 millones de pesos más IVA. Pero a precios de mercado los trabajos presupuestados no cuestan más de 4 millones, con IVA incluido. El mismo 16 de mayo, el juez notificó a la Acumar y al municipio de Lomas de Zamora que en los consabidos diez días debían presentar un proyecto con las acciones de infraestructura en las defensas de cemento con reja superior conocidas como New Jersey, en el sector de la costa ribereña de Lomas, donde fue desalojada la feria “La Saladita”, y en el predio elegido para relocalizar a los feriantes. Dos semanas después Acumar y el municipio firmaron los respectivos convenios. La instalación del New Jersey en el viejo emplazamiento saldrá 10,8 millones de pesos (con un anticipo de 3,2 millones) y el relleno del nuevo predio, 12,9 millones de pesos. Esta es sólo la primera etapa del proyecto total planificado para el predio, que insumirá 150 millones de pesos. Los tractores que realizan la obra pertenecen a M&T cuya contratación fue sugerida al municipio por el juzgado y los presupuestos duplican el precio de mercado. Aún así, el grupo de familia no está conforme con los precios que fijó Lomas de Zamora. Armella solicitó al municipio y a la autoridad de cuenca que realizaran una adenda al convenio, que subirá los precios. Su realización corre una vez más por cuenta de la Secretaría de Planificación de Acumar. El argumento será que por error Lomas omitió calcular el IVA.

Página 12 del 26/8/12.-

La policía asesinó a 32 mineros durante una manifestación

"Creemos que hay suficiente espacio en nuestro orden democrático para que toda disputa se resuelva mediante el diálogo y sin infringir la ley ni que haya violencia", consideró Zuma a través de un comunicado en el que ordenó el inicio de una investigación al respecto.

Los trabajadores de la mina de Lonmin, cerca de la ciudad de Marikana, al oeste de Pretoria, iniciaron una huelga el viernes pasado y, durante el fin de semana, hubo enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, que dejaron diez muertos, entre ellos dos agentes. Ese día, según los testigos, los trabajadores fueron quemados o golpeados hasta morir.

En la protesta de ayer en Lonmin, unos 70 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, que debían dispersarse después de los choques del pasado fin de semana. Les lanzaron gas lacrimógeno y usaron cañones de agua, y entonces, según las autoridades, algunos huelguistas dispararon a la policía, que respondió de la misma manera, con munición de plomo.

Los mineros "nos despertaron a la realidad de una bomba de tiempo que ha explotado", dijo el diario sudafricano The Soewtan, uno de los más leídos del país, en un editorial. "Los africanos están enfrentados unos contra otros, peleando por una porción de riqueza mineral del país. Al final, la guerra se cobra las vidas de los africanos más pobres...otra vez", agregó.

Página 12 del 17-8-12

“Un show para ejecutar sospechosos”

Un oficial del ejército de Estados Unidos, que representa a uno de los más notorios prisioneros de Guantánamo, habló contra la naturaleza secreta del sistema de las comisiones militares, insistiendo en que puede convertirse en algo como un “juego-show” para ejecutar a los sospechosos, negándoles a ellos y al pueblo estadounidense el derecho a un juicio justo. El capitán Jason Wright fue nombrado por el ejército para representar a Khalid Sheik Mohammed, quien está acusado junto con otros cuatro de conspirar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, el oficial reveló a The Independent que un montón de evidencia vital –incluyendo los tres años y medio que su cliente estuvo en los sitios “negros” de la CIA– ha sido considerada como clasificada.

Sólo a través de un pedido de Freedom of Information (Libertad de Información) los archivos redactados fueron dados a conocer mostrando que Mohammed había sido sometido a interrogatorios con el método del submarino 183 veces, mantenido despierto durante siete días seguidos y se había amenazado a su familia. Los abogados de la defensa tienen prohibido pasar documentos confidenciales a sus clientes o aun discutir ciertos temas; la financiación está severamente restringida y los pedidos de consejos adicionales o de expertos, negados. Mientras el acusado se enfrenta a la pena de muerte si es sentenciado, es probable que estén detenidos indefinidamente aun si son sobreseídos, una situación que el capitán Wright comparó con la tortura.

“Esto no es un juicio. Es un intento de legitimar una amenaza de muerte”, dijo. “Nunca puede ser justo el llevar a un hombre al borde de la muerte 183 veces con el submarino y luego hacerlo una última 184ª vez –pero esta vez tendrá una total autorización del Estado. La verdad es que la tortura niega la justicia. Si uno cree que Estados Unidos es mejor que eso, entonces esto es una lucha por el alma de Estados Unidos. Estoy preocupado por que este haya sido un juego-show para tratar de encontrar la mejor manera para juzgar y ejecutar a estos hombres. Estoy profundamente preocupado por la perspectiva de que teóricamente si alguien es juzgado y sobreseído, el gobierno de Estados Unidos tenga la autoridad para continuar deteniendo a esa persona indefinidamente.”

El oficial, quien previamente pasó 15 meses como asesor legal en el norte de Irak, continuó: “Creo que un montón de estadounidenses están horrorizados por el hecho de que Guantánamo todavía esté abierta. Nadie niega que el 11 de septiembre fue horrible, pero hay mucha gente en Medio Oriente que se ha sentido agraviada por los efectos de colonialismo y neocolonialismo. Hubo un ciclo de tragedia y trauma y ahora podemos añadir la tortura. Creo que es hora de que la hipérbole de la guerra contra el terror termine para todas las partes, para seguir tanto la redención como el redescubrimiento. Es mi esperanza que este caso brinde una oportunidad para ese proceso. Pero para que eso suceda, debe considerarse justo y legítimo, no sólo para Estados Unidos sino para el resto del mundo”. A pesar de la promesa del presidente Obama de cerrar la notoria cárcel en Cuba, 167 internos –todos musulmanes– permanecen de los 800 originales que fueron llevados después de que miles de dólares en recompensa fueron ofrecidos para aquellos que los entregaban. De aquellos todavía encarcelados, la mitad ha sido absuelta pero no liberada.

El capitán Wright dijo que la ley reformada de los comisiones militares, implantada después de que el Congreso negó los intentos del presidente de que los juicios se hicieran dentro del sistema legal estadounidense, no se atiene a ninguna Convención de Ginebra, permitiendo que la evidencia se obtenga bajo presión. Dijo que la situación “estaba deplorablemente lejos de los niveles de cualquier corte normal en Estados Unidos”.

Junto con los representantes de los otros cuatro detenidos, él debe volver a la corte la semana que viene para pedir autorización para entregarle un documento a su cliente en forma confidencial. Hace dos años, el comandante de las fuerzas conjuntas en Guantánamo ordenó que todos los papeles debían pasar por un equipo de investigación. “Todos los abogados defensores se han negado a cumplir con esta orden. Desde diciembre, no hemos podido compartir ningún documento confidencial con nuestros clientes”, dijo el abogado defensor. “Viola nuestro deber de la confidencialidad del cliente y nuestro deber de debida diligencia para representar a nuestros clientes.”

A los abogados se les prohíbe discutir ciertos temas –aun el término “jihad” que está incluido en la acusación–. El gobierno de Estados Unidos argumentó que como Mohammed era un detenido de alto valor estuvo expuesto a información clasificada de la CIA y, por lo tanto, es poseedor de información clasificada. De manera que: “Porque nosotros lo torturamos, usted no puede hablar”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

Terry Judd, Página 12 del 16-8-12

Salario Real

El debate inflación e ingresos de los trabajadores, incluyendo la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias sobre salarios medios y altos, en un escenario de fragmentación en cinco de la representación confederal de los trabajadores, exige un marco de cifras para ordenarlo. Desde 2007 el aumento de precios se ha estacionado en un umbral alto, sin espiralizarse pese al deseo de avivar ese fuego por los pirómanos conocidos. La inflación es uno de los principales problemas de la economía pero hoy no está impulsada por los motores tradicionales que ofrece como explicación la ortodoxia, obsesionada con el gasto público y la emisión monetaria. Además de factores vinculados al sector externo e imperfecciones en los mercados de oferta (oligopolios), en estos años se está desarrollando una fabulosa puja distributiva entre el capital y el trabajo, que se expresa en aumentos de precios y de salarios. El aspecto notable de esa tensión en perspectiva histórica es que los trabajadores no son los perdedores porque los salarios no retrocedieron en términos reales. La particularidad de ese proceso es que esa mejora se concretó al mismo tiempo que aumentaron las utilidades de las empresas. Esta aparente contradicción se salda cuando se observa la fuerte alza que registró la productividad laboral, que implica la apropiación del capital de una parte proporcionalmente mayor del incremento de la riqueza global de la economía. La complejidad de esa dinámica de ingresos, con sus respectivos agentes económicos involucrados, exige eludir rústicos análisis que sólo sirven para cautivar plateas inocentes pero no para interpretar la intensa pelea que se está dando por el reparto del ingreso y sobre quienes se pretende hacer recaer los costos de una crisis global con desenlace desconocido. Por lo pronto, en rasgos generales, los trabajadores, por la organización gremial y por gestión de gobierno, no la están pagando. Esto explica la incomodidad del mundo empresario que bien saben reflejar sus medios afines y expresar sin pudor hombres de negocios dedicados a comercializar información económica.

El proceso de recuperación del ingreso de los trabajadores luego de la fabulosa transferencia hacia el capital que significó la megadevaluación de la salida de la convertibilidad comenzó con aumentos de sumas fijas no remunerativas dispuestas por decreto. Luego ese monto pasó a integrarse al salario, para empezar una persistente y creciente negociación paritaria, la más larga en cantidad de años desde que se constituyó esa institucionalidad en el mundo laboral. Este proceso permitió una mejora salarial en términos reales, sendero que se complicó cuando comenzó a poner en cuestionamiento la tasa de ganancia empresaria. La reacción fue ajustar precios, independientemente de que la productividad laboral haya crecido por encima del costo laboral.

El último informe de coyuntura del centro de estudios y formación de la CTA-Yasky precisa que durante la posconvertibilidad la productividad creció continuamente. Señala que si bien el costo laboral también se incrementó en el período, lo hizo a una tasa menor, de manera que el costo laboral unitario se redujo, incrementando la rentabilidad empresaria. Define que “entre 2009 y 2011 la tasa de crecimiento de la productividad se aceleró en relación a años anteriores alcanzando en 2011 un valor 31,6 por ciento superior al del final de la convertibilidad”.

Este resultado permite entender las importantes ganancias acumuladas por las empresas en estos años, a la vez la dinámica que adquirió la negociación colectiva con alzas salariales por encima de la inflación. El promedio simple de la variación anual de los salarios de convenio de todas las paritarias fue 26,4 por ciento en 2008, 21,0 por ciento en 2009, 26,0 por ciento en 2010, y 32,0 por ciento en 2011.

El aumento del año pasado fue uno de los más importantes porque se ubicó varios puntos por encima de cualquier índice de precios difundido. En el cuadro que acompaña esta nota se observa en detalle los aumentos de esos años en cada uno de los principales sectores de la economía. Esa recomposición no significa que aún no persistan en el mercado laboral las consecuencias de la heterogeneidad salarial y de la informalidad, la aún débil organización en los lugares de trabajo y la demorada renovación de liderazgos gremiales.

La recomposición de las organizaciones gremiales ha sido un proceso que comenzó con la salida traumática de la convertibilidad. La suba de los salarios, la reapertura de las negociaciones paritarias y la creación de una importante cantidad de puestos, en el marco de un crecimiento sostenido, constituyeron elementos que implicaron una mejora de la situación de los trabajadores y el fortalecimiento sindical. Los investigadores Héctor Palomino y David Trajtemberg indican en “Negociación colectiva y recuperación económica en Argentina”, publicado en Macroeconomía, empleo e ingresos, libro de la OIT y el Ministerio de Trabajo, que el fortalecimiento sindical “provino del crecimiento conjunto de su influencia, del número de afiliados y de sus recursos económicos, tendencias que contrastan con el declive que padecieron en esos tres planos durante los años noventa”.

La consecuencia fue el aumento de las negociaciones colectivas y los trabajadores comprendidos en las paritarias, estén o no sindicalizados. La evolución fue un alza constante sin detenerse en 2009, cuando la crisis internacional impactó en la economía doméstica, ni ahora, cuando también se registra una desaceleración de la actividad económica (ver aparte). Palomino y Trajtemberg afirman que el incremento en la frecuencia de la negociación colectiva confirma, en el plano institucional, una fuerte articulación con la dinámica socioeconómica “al comportarse como instrumento para impulsar el incremento de los salarios”. El recorrido que han tenido los convenios y acuerdos homologados en el sector privado fue destacado, como se puede observar.

Año	Cantidad de negociaciones	Personal comprendido
2004	348	1.222.000
2005	568	2.117.000
2006	930	3.500.000
2007	1027	3.938.000
2008	1231	3.992.000
2009	1331	4.001.388
2010	2038	4.220.161
2011	1864	4.235.000

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La cantidad de trabajadores cubiertos por convenios siempre es mayor porque incluye también a quienes no renovaron acuerdo en el año.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó en su discurso en Tucumán por el Día de la Independencia que el país tiene el mejor salario de la región. El portal de Internet Chequeado, que se dedica a evaluar sentencias de los políticos, juzgó que es “cierto tanto con el mínimo como con el salario promedio, si se mide por el poder adquisitivo, es decir lo que se puede comprar con esa suma de dinero en cada país”. Consultado Pablo Glüzmann, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, señaló que “si se considera el salario por hora en paridad de poder adquisitivo, Argentina y Costa Rica son los países con mayores salarios”. También le preguntaron a Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, sobre el salario mínimo. En un informe de ese investigador se indica que en Argentina el salario mínimo tiene el mayor poder adquisitivo de la región, al ser un 16 por ciento superior al piso salarial paraguayo, que se ubica en el segundo puesto, y 3,2 veces mayor a la remuneración mínima boliviana, la cual ocupa la última posición en la tabla”..

Alfredo Zaiat, Página 12 del 15/7/12.-

La guerra de la Triple Alianza contra Román

La triple corona malograda se transformó de repente en la Triple Alianza contra el último ídolo: Riquelme o Román, a secas. Una guerra sorda en la cual los hinchas de Boca ya tomaron partido. La primera batalla simbólica después de la final perdida con Corinthians la ganó el trinomio Macri-Angelici-Falcioni, cada uno en su rol. La historia registra otra embestida, allá por agosto de 2010, cuando el jefe de Gobierno porteño llamó a votar –en la persona de su delegado, el ahora presidente xeneize– para que no le renovaran el contrato al mejor jugador del club de los últimos treinta años (Diego Maradona fue el anterior, en 1981). Aquella vez no pudieron, aunque el técnico era otro, Claudio Borghi, y se llevaba muy bien con el Diez. Este conflicto de orgullos, intereses y una pasión, Boca, vivida de modo diferente por los protagonistas, anticipa un segundo capítulo mañana. Banderazo mediante, miles de boquenses se movilizarán para intentar que Riquelme cambie de opinión. ¿Podrán convencerlo después de que anunciara su despedida en Brasil, con palabras que sonaron a una decisión meditada?: “Estoy vacío, yo no puedo jugar a la mitad”.

Hasta ahora se conocieron catorce plazas o esquinas céntricas del país donde se pedirá su retorno. La Bombonera será el epicentro de la movida, pero también se autoconvocaron los hinchas en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, Pringles de San Luis, 25 de Mayo de Salta, el Monumento a San Martín de Mar del Plata y el Patio Olmos de Córdoba, entre otros lugares. El espíritu de estas peregrinaciones riquelmianas reivindicará su figura, pero además habrá palos para la Triple Alianza. “El hincha de Boca no perdona ni olvida a los traidores, pregúntenle a Maradona, que durante un año no pisó el templo sagrado y se los va a hacer saber en el primer partido en nuestra Bombonera”, escribió uno en la página www.soyboca.com.ar.

Los fanáticos sienten y analizan la anunciada partida de Riquelme con indignación y desánimo. Desde los llamados Talibanes de Román (un grupo que tiene bandera propia, con la cara del jugador, turbante y un look tipo Bin Laden) hasta los hinchas menos enfervorizados. El vicepresidente 2º, Juan Carlos Crespi, se reunirá mañana con el ídolo para intentar disuadirlo. Angelici y sus pares de comisión directiva saben que pueden pagar un costo muy alto si el jugador –como indican sus antecedentes– no se mueve un tranco de su postura. Temen que pidan sus cabezas.

También recibirá lo suyo Mauricio Macri, socio político o titiritero del presidente, como se prefiera describirlo. No hay contradicción posible entre los dos roles. Desde aquel gesto del Topo Gigio que le dedicó Román en 2001, los dos se recelan. Y se intuye con quién está el público de Boca. El capital político que pudo construir el jefe de Gobierno gracias al fútbol lo pierde de nuevo por obra del fútbol si se enfrenta con el ídolo. Quizá por eso ahora no se atreva a cuestionarlo en público.

El técnico Julio Falcioni, un partenaire en la escala de afectos boquense, podría salir eyectado de su cargo si el conflicto sufre una escalada impensada. No sería ajena a esta presunción la cuasi certeza comentada en los pasillos del club sobre la vuelta de otro ídolo para ocupar el cargo de entrenador: Martín Palermo. El goleador apoyó la candidatura presidencial de Angelici en las elecciones de diciembre pasado. Y, se sabe, comulga con la impronta oficialista de un Boca fashion, mezcla de glamour y marketing indisimulado con buenas dosis de pasión, combinación ajena a los modos con que casi siempre se manejó Riquelme, su antagonista dentro de aquel plantel exitoso que condujo mejor que nadie Carlos Bianchi.

¿Angelici es Cavallo?

Claudio Giardino, opositor a la gestión de Angelici, lo compara con el ex ministro de Carlos Menem y presidente del Banco Central durante la dictadura militar: “Cavallo vino a terminar lo que había hecho Martínez de Hoz en el país y el actual presidente lo que hizo Macri en Boca”. En el caso Riquelme queda a la vista. Angelici, además de oponerse a la renovación de su contrato en dólares en 2010, lo calificó en junio de 2011 como “un líder negativo, que divide en todos lados”.

La voz de Giardino, hipercrítica con el oficialismo, va más allá de los girones que está dejando en Boca el retiro de Riquelme. Cuestiona que “se vende humo con el proyecto del nuevo estadio en los terrenos de Casa Amarilla, el presupuesto del ejercicio 2012/2013 cierra sólo si se venden jugadores por más de 40 millones de pesos, se dice desde la comisión directiva que las ventas de productos Boca superan los 30 millones de dólares, pero el club nunca hizo una auditoría sobre las empresas que los venden desde la época de Boca Crece, el convenio con Barcelona ya entró en vigencia y no se lo han mostrado a nadie porque invocan una cláusula de confidencialidad, han abandonado el básquetbol –que es mi deporte– e irían a jugar algunos partidos a Salta como local, y en Brasil, para la final de la Copa, la barra brava retiró 300 entradas del hotel donde estaban los jugadores”.

Oscar Moscariello, el vicepresidente 1º, a quien según oficialistas y opositores “Macri lo metió en el club porque no le tiene demasiada confianza a Angelici”, le dijo a este periodista hace dos meses: “El Tano (por el empresario de los juegos de azar que conduce el club) consulta todo con Mauricio. Yo sé cómo se maneja, lo conozco de antes”. Diputado porteño y militante del Partido Demócrata Progresista dentro del bloque PRO, el vice 1º maneja asuntos estratégicos y complejos como la gestión para adquirir manzanas vecinas a la Bombonera con el objetivo de ampliarla y los principales contratos de Boca. “Descubrimos varios kiosquitos, como por ejemplo que el club no es dueño de su página oficial, que el tablero electrónico de la Bombonera está tercerizado y que el museo en tiempos de Mauricio dejaba 2,5 millones de pesos anuales y desde que asumimos recauda 200 mil pesos”.

Todos estos desaguisados no son nuevos para el grupo de dirigentes que acompaña a Moscariello, empezando por el propio Angelici, tesorero de la gestión de Jorge Amor Ameal hasta que perdió la votación para renovarle el contrato a Riquelme. Crespi, el petrolero del SUPE; Carlos Ben, Carlos Aguas, Pedro Orgambide (h.), Jorge Bitar, Marcelo London y Raúl Ríos estaban antes y continúan ahora en el gobierno.

El último de la lista es un caso paradigmático. Ríos conducía la Agencia Gubernamental de Control porteña hasta que Macri lo echó como funcionario porque no controló la caída de un edificio en Villa Urquiza en agosto de 2010, que provocó tres muertos en un gimnasio. Esa noche se preocupó más en ser vocal de la comisión directiva y emitir su voto en contra del dolarizado contrato del ídolo que acaba de anunciar su partida. Prefirió ir a la Bombonera antes que hacerse cargo del derrumbe frente a los vecinos. Perdió el trabajo y, además, la votación. Ahora el jugador amenaza la estabilidad de los herederos del ingeniero con su salida (incluido Ríos). Un desplante que los deja mal parados. Riquelme, con sus gestos más que con sus palabras, seguirá influyendo por un tiempo incalculable en el futuro de Boca.-

Por Gustavo Veiga, Pagina 12 del 8/7/2012.

Regresivo

Los niveles de pobreza siguen siendo significativos, la informalidad laboral alcanza a un tercio de la población y aún persisten importantes bolsones de desigualdad. El déficit habitacional es agudo, un porcentaje de la población no accede a infraestructura básica de servicios esenciales y todavía existen sustanciales brechas educativas según estratos socioeconómicos. El desempleo y el subempleo involucran al 14,5 por ciento de la población económicamente activa, el regresivo Impuesto al Valor Agregado se ubica en un elevado 21 por ciento y las jubilaciones mínimas son insuficientes. Este marco general convive con años donde han avanzando indicadores sociales, económicos y laborales, mejoraron las condiciones materiales de los trabajadores y a la vez se revirtió la tendencia negativa en la distribución del ingreso, ganando posiciones los sectores postergados por décadas. Esto significa que pese a la recomposición de la situación sociolaboral aún se mantienen rasgos estructurales de profunda desigualdad.

En el espacio de disputa política, algunos enfatizan la primera parte de ese cuadro, que la oposición con legitimidad señala, y otros destacan la segunda parte, que lo hace el Gobierno también con legitimidad para mostrar logros de su gestión. El escenario socioeconómico tiene la suficiente complejidad como para no poder reducirlo a esquemas analíticos binarios. Esas posiciones enfrentadas generan acalorados debates. Unos pueden estar más o menos de acuerdo con una u otra perspectiva. Pero la discusión sobre el impuesto a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, conocido como Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, ha alterado ese choque de ideas. La ha conmovido porque quienes critican el deterioro del panorama social y empleo y reclaman iniciativas transformadoras para repartir mejor la riqueza se movilizaron y protestaron para eliminar ese tributo, o subir el mínimo no imponible, que hoy alcanza a apenas el 8 por ciento del total de los ocupados, y al 19 por ciento de los trabajadores registrados.

La renta financiera está exenta del Impuesto a las Ganancias. Los ingresos de los jueces no están gravados. La ganancia de capital tampoco está alcanzada por el impuesto. Las mineras preservan un esquema tributario privilegiado. La alícuota del IVA es muy alta y todavía no se dispuso su exención para, al menos, el consumo con la tarjeta de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos. El aspecto más desconcertante de la protesta es que la existencia de todas esas inequidades tributarias, que el Gobierno mantiene, ha sido el principal argumento para proponer una medida que tornaría más regresivo el sistema impositivo. O sea, si el régimen es injusto, habría que eliminar entonces sus contornos progresivos para equilibrarlo hacia lo malo del sistema. Todo dicho levantando la bandera de pelea por una mejor distribución del ingreso.

Un documento de estudio que está en preparación por un grupo de investigadores del Conicet, liderado por el economista Demian Panigo, evalúa en términos de reparto de riqueza la propuesta gremial de eliminación del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia y también del tope de 5200 pesos para asignaciones familiares. Las conclusiones preliminares de esa investigación brindan resultados sustanciales para medir con rigurosidad el impacto sobre la distribución del ingreso del reclamo sindical, que ha estado acompañado por la denominada centroizquierda y una fracción de la izquierda.

El avance de la investigación arroja los siguientes resultados:

Si se eliminara el Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, el Estado dejaría de recaudar unos 21.000 millones de pesos en el año. Monto calculado según la Encuesta Permanente de Hogares, sin incluir a la población rural. Por lo tanto, esa suma sería un piso.

Estos 21.000 millones de pesos quedarían casi en su totalidad en manos de la población que ocupa el primer decil de ingresos. O sea, el grupo que integra el 10 por ciento que más gana en la estructura de ingresos totales.

El 98 por ciento de esos recursos pasaría a bolsillos del primer decil de ingresos.

Ese reparto de dinero tendría como saldo que aumentaría un 11 por ciento la desigualdad medida por brecha de ingresos, y casi 2 puntos porcentuales más en el Coeficiente de Gini.

En otras palabras, para los tres deciles de ingresos más bajos, es decir, los más pobres, esa reforma no los beneficiaría en nada. No recibirían ni un peso adicional a sus magros ingresos.

Gustavo Arballo desarrolló en su blog “Saber leyes no es saber derecho” varios ejemplos para mostrar cómo impactaría la suba del mínimo no imponible entre los trabajadores alcanzados por el tributo según la escala de ingresos. El resultado es que favorecería proporcionalmente más a los trabajadores de más altos ingresos. “El impacto es regresivo –el impuesto en su todo sigue siendo progresivo–, pero el beneficio resultante del aumento favorece a los que más ganan”, asegura. Dice que no representaría una ventaja perceptible para los que ganen de 6000 a 10.000 pesos, en el caso soltero sin hijos que tiene menos deducciones para hacer y, por lo tanto, es el más exigente. Para casados con dos hijos, el beneficio sería mínimo.

Respecto de las asignaciones familiares que perciben los asalariados registrados, un reciente informe de Cifra-CTA destaca que entre 2008 y 2011, los salarios registrados crecieron por encima del nivel de aumento de precios (Cifra no toma en cuenta el IPC Indec, sino el IPC-7 provincias) pero, al mismo tiempo, no se actualizaron en la misma magnitud los montos salariales que marcan los límites para cobrar asignaciones familiares. La mejora del salario real junto a esa desactualización ha llevado a que haya disminuido el porcentaje de asalariados que percibe la asignación familiar por hijo del régimen contributivo. El informe no menciona que una parte de esos trabajadores pasaron a deducir de la base imponible del impuesto a las ganancias la carga por hijos, lo que implica indirectamente la cobertura de la asignación familiar. Los trabajadores que quedaron sin asignación familiar por hijo son los que cobran 5201 pesos hasta el monto del mínimo no imponible, de soltero o casado. Ese espacio nebuloso debe ser abordado por el Gobierno, además del aumento del monto de las asignaciones, tanto del régimen general como de la AUH.

El estudio de esos investigadores del Conicet incluyó también la evaluación de la propuesta gremial de eliminar el tope de 5200 pesos de salario para asignaciones familiares. El resultado de esa medida sería que la Anses tendría un costo de 2500 millones de pesos, y más del 50 por ciento de eso monto sería redistribuido en los primeros tres deciles (30 por ciento) de la estructura de ingresos.

La eliminación del Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría y del tope de 5200 pesos para asignaciones familiares implicaría una merma de recursos del Estado de por lo menos 24.000 millones de pesos. El 90 por ciento de esos fondos se destinaría a los estratos de altos ingresos. “Equivalen a dos presupuestos anuales de Asignación Universal por Hijos”, calculó el equipo de Panigo. Dividiendo los ingresos por mes y por persona en cada familia del país, la propuesta gremial significaría un aumento promedio de 21 centavos para cada trabajador de bajos ingresos y más de 155 pesos para cada uno de altos ingresos. En el debate sobre progresividad del sistema tributario y distribución de la riqueza, ese proyecto se considera regresivo.

Alfredo Zaiat. Página 12 del 01/7/12.-

Contrato social

En la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia intervinieron políticos, sindicalistas, trabajadores, comunicadores sociales y economistas del establishment. No fueron convocados a dar su opinión los que más saben del tema: los tributaristas y los contadores. Estos últimos se ocupan del aspecto técnico de la liquidación del impuesto, que la mayoría de los economistas ignoran porque nunca estudiaron esa materia. La omisión de la voz de los expertos ha provocado que el debate sea dominado por una sucesión de disparates conceptuales y técnicos.

Los contadores explican que un aspecto básico es saber que el Impuesto a las Ganancias es anual. Esto significa que el cálculo se hace una vez al año, pero se pagan anticipos a cuenta todos los meses. Esto sucede también en la Cuarta Categoría, donde existen las tablas de deducciones cuyos montos se van acumulando mes a mes, indicando al empleador las retenciones que debe hacer de acuerdo con la sumatoria de todos los salarios percibidos hasta la fecha. Por ese motivo, ejemplos de aislados pagos mensuales del tributo colaboran a la confusión, como el de Chazarreta. Precisar el promedio mensual sería lo correcto.

Los tributaristas, en tanto, lo primero que dicen es que una sociedad funciona con un contrato social básico de pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Y que esos pagos tienen que recaer en mayor medida en los sectores que tienen más capacidad contributiva, o sea más ingresos. En ese consenso mínimo, afirman que el Impuesto a las Ganancias es fundamental porque es progresivo y promueve la equidad económica y social.

Aunque esas ideas parezcan elementales, de aceptación general, cuando se intentan tímidas modificaciones para fortalecer y profundizar ese contrato social el resultado son conflictos de proporciones. En 2008 hubo una rebelión del sector del campo para resistir la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones. El éxito de ese movimiento de preservación de privilegios, logrando que pequeños y medianos productores salieran a defender intereses de grandes propietarios, ha definido límites muy estrechos para diseñar una reforma fiscal que involucre al campo. Esos contornos quedaron en evidencia en la moderada reforma del Impuesto Inmobiliario Rural que impulsó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no sin antes tener que enfrentar un lockout, agresiones de dirigentes rurales y un importante desgaste político.

En estas semanas, la dirigencia sindical, tanto de la CGT como de la CTA, con diferentes modalidades y tonos en la demanda, expresaron la oposición a la aplicación de un impuesto a los ingresos a los trabajadores que ocupan el mejor lugar en la pirámide salarial. En esta agitación que reclama la actualización del mínimo no imponible, la situación de los trabajadores de ingresos medios, de 6000 a 12.000 pesos, fue colocada en el frente de la disputa. Al concentrar el reclamo en ese punto quedó de ese modo desplazado del debate inequidades propias del impuesto que benefician a los trabajadores-ejecutivos de altos ingresos, por ejemplo que la alícuota máxima sea del 35 por ciento cuando en otros países es del 42 al 47 por ciento.

Otra resistencia a reformas del sistema impositivo es la que en forma permanente ejerce el sector financiero y las grandes empresas contra cualquier forma de progresividad tributaria. Por caso, ante el esbozo de aplicar Ganancias a la renta financiera asustan sobre una eventual fuga de depósitos y el posterior desequilibrio que provocaría en el sistema bancario.

Todos los sectores tienen la misma estrategia para manifestar la oposición a cambios impositivos que los involucra: deslegitimar al Estado. Invierten el orden de la secuencia de la acción. Pagar impuestos no les correspondería en la medida en que se les exige porque no reciben a cambio buenos servicios del Estado. Consideran que el gasto público es ineficiente o evalúan que otros gozan de privilegios impositivos que ellos no tienen. Sin embargo, para tener derechos, primero hay que cumplir con obligaciones, en este caso impositivas en función a la capacidad contributiva. Así se desarrollaron los contratos sociales de las sociedades modernas. El Estado, a su vez, obtiene la relegitimación para el cobro de impuestos mediante la utilización eficiente de la recaudación tributaria, con criterio de beneficio social redistribuyendo ingresos. En caso de no ser así, los sectores sociales están en condiciones de exigir con legitimidad si pagan impuestos. Cuando no se cumple ese contrato se produce una “anomalía fiscal”, característica de la economía argentina, como describe el tributarista Jorge Gaggero.

Esa situación no es fácil de modificar con una clase media que paga pocos impuestos y una alta que lo hace en menor proporción que lo que debiera, además de ser especialistas en la elusión tributaria, y reciben pocos servicios públicos, lo que significa que queda bajo cuestionamiento el contrato social. El intento de reconstruirlo genera tensiones en la sociedad, más aún cuando arrastra décadas de desigualdad y desestructuración del Estado.

El impuesto a los ingresos de las personas recauda muy poco en relación al total. Economista del Plan Fénix y destacado tributarista, Salvador Treber explica que “tenemos puesto el poncho al revés”. Indica que, en casi todos los países de medios y altos ingresos, del 65 al 80 por ciento de la recaudación de Ganancias proviene de las personas físicas y el resto de las sociedades. Ilustra que en Estados Unidos las personas físicas aportan el 81,6 por ciento y las empresas el 18,4 por ciento restante de la recaudación por Ganancias. La relevancia de ese comportamiento es que los ingresos de los primeros pueden ser redistributivos, mientras que los de los segundos son perfectamente precalculables, entonces el empresario los incorpora a sus costos. “Así el efecto es semejante al de un impuesto al consumidor”, afirma Treber. Precisa que en Argentina, el 79,3 por ciento de Ganancias se recauda en cabeza de las sociedades, y un 20,7 por ciento en las personas.

En esa misma línea, Jorge Gaggero escribió en el documento “La progresividad tributaria”, publicado por el Cefid-Ar, que existe un débil Impuesto a las Ganancias aplicado “en gran medida a las empresas, con un impacto muy limitado sobre las personas, sin incidencia significativa sobre los más ricos”. Gaggero señala que esto ocurre por dos razones: por una parte, la alícuota marginal máxima del impuesto es baja (35 por ciento, igual a la alícuota general que tributan las empresas) y, por la otra, las bases de tributación son muy estrechas para las personas, al gravarse casi exclusivamente el trabajo personal, con débil progresividad.

Esta situación del Impuesto a las Ganancias convive con varias inequidades tributarias. Un IVA de altísima alícuota sin excepciones o sin una tasa reducida para los pobres, en alimentos básicos y vestimenta, como es usual en los países avanzados. No están gravadas las ganancias de capital que obtienen las personas físicas, un privilegio fiscal que constituye uno de los aspectos más regresivos del sistema impositivo. Tampoco está alcanzada la renta financiera, entre otras inequidades.

¿Por qué no se avanza entonces en una reforma tributaria de carácter progresivo?

Ni este gobierno ni los anteriores plantearon ese objetivo como prioritario. Treber esboza cuatro hipótesis para explicar ese desinterés. La primera es que cuando la recaudación sube no se considera necesario “aunque sería posible realizar cambios sin disminuir los ingresos”, afirma. Una segunda, “que no sepan cómo hacerla o que no cuenten con los especialistas ni los métodos para llevarla adelante”, especula. Agrega que la planificación de una reforma debe ser independiente de la AFIP, y debe estar a cargo de expertos y no de recaudadores, porque éstos tienden a proponer modificaciones sólo para facilitar la recaudación, que no es lo más importante desde la perspectiva de la política tributaria. La tercera es que “están de acuerdo con la estructura actual”. Treber ofrece una cuarta posibilidad: las limitaciones que tienen los gobiernos para afectar a sectores de poder. O sea, las restricciones que se terminan imponiendo a la voluntad política de gobiernos, ya sea con la resistencia a las retenciones móviles, a gravar la renta financiera o al impuesto a los ingresos de trabajadores de salarios medios y altos. De ese modo se va limitando la capacidad de alterar la anomalía del contrato social.

Por Alfredo Zaitat, Página 12 del 30/6/12.-