La guerra de la Triple Alianza contra Román

La triple corona malograda se transformó de repente en la Triple Alianza contra el último ídolo: Riquelme o Román, a secas. Una guerra sorda en la cual los hinchas de Boca ya tomaron partido. La primera batalla simbólica después de la final perdida con Corinthians la ganó el trinomio Macri-Angelici-Falcioni, cada uno en su rol. La historia registra otra embestida, allá por agosto de 2010, cuando el jefe de Gobierno porteño llamó a votar –en la persona de su delegado, el ahora presidente xeneize– para que no le renovaran el contrato al mejor jugador del club de los últimos treinta años (Diego Maradona fue el anterior, en 1981). Aquella vez no pudieron, aunque el técnico era otro, Claudio Borghi, y se llevaba muy bien con el Diez. Este conflicto de orgullos, intereses y una pasión, Boca, vivida de modo diferente por los protagonistas, anticipa un segundo capítulo mañana. Banderazo mediante, miles de boquenses se movilizarán para intentar que Riquelme cambie de opinión. ¿Podrán convencerlo después de que anunciara su despedida en Brasil, con palabras que sonaron a una decisión meditada?: “Estoy vacío, yo no puedo jugar a la mitad”.

Hasta ahora se conocieron catorce plazas o esquinas céntricas del país donde se pedirá su retorno. La Bombonera será el epicentro de la movida, pero también se autoconvocaron los hinchas en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, Pringles de San Luis, 25 de Mayo de Salta, el Monumento a San Martín de Mar del Plata y el Patio Olmos de Córdoba, entre otros lugares. El espíritu de estas peregrinaciones riquelmianas reivindicará su figura, pero además habrá palos para la Triple Alianza. “El hincha de Boca no perdona ni olvida a los traidores, pregúntenle a Maradona, que durante un año no pisó el templo sagrado y se los va a hacer saber en el primer partido en nuestra Bombonera”, escribió uno en la página www.soyboca.com.ar.

Los fanáticos sienten y analizan la anunciada partida de Riquelme con indignación y desánimo. Desde los llamados Talibanes de Román (un grupo que tiene bandera propia, con la cara del jugador, turbante y un look tipo Bin Laden) hasta los hinchas menos enfervorizados. El vicepresidente 2º, Juan Carlos Crespi, se reunirá mañana con el ídolo para intentar disuadirlo. Angelici y sus pares de comisión directiva saben que pueden pagar un costo muy alto si el jugador –como indican sus antecedentes– no se mueve un tranco de su postura. Temen que pidan sus cabezas.

También recibirá lo suyo Mauricio Macri, socio político o titiritero del presidente, como se prefiera describirlo. No hay contradicción posible entre los dos roles. Desde aquel gesto del Topo Gigio que le dedicó Román en 2001, los dos se recelan. Y se intuye con quién está el público de Boca. El capital político que pudo construir el jefe de Gobierno gracias al fútbol lo pierde de nuevo por obra del fútbol si se enfrenta con el ídolo. Quizá por eso ahora no se atreva a cuestionarlo en público.

El técnico Julio Falcioni, un partenaire en la escala de afectos boquense, podría salir eyectado de su cargo si el conflicto sufre una escalada impensada. No sería ajena a esta presunción la cuasi certeza comentada en los pasillos del club sobre la vuelta de otro ídolo para ocupar el cargo de entrenador: Martín Palermo. El goleador apoyó la candidatura presidencial de Angelici en las elecciones de diciembre pasado. Y, se sabe, comulga con la impronta oficialista de un Boca fashion, mezcla de glamour y marketing indisimulado con buenas dosis de pasión, combinación ajena a los modos con que casi siempre se manejó Riquelme, su antagonista dentro de aquel plantel exitoso que condujo mejor que nadie Carlos Bianchi.

¿Angelici es Cavallo?

Claudio Giardino, opositor a la gestión de Angelici, lo compara con el ex ministro de Carlos Menem y presidente del Banco Central durante la dictadura militar: “Cavallo vino a terminar lo que había hecho Martínez de Hoz en el país y el actual presidente lo que hizo Macri en Boca”. En el caso Riquelme queda a la vista. Angelici, además de oponerse a la renovación de su contrato en dólares en 2010, lo calificó en junio de 2011 como “un líder negativo, que divide en todos lados”.

La voz de Giardino, hipercrítica con el oficialismo, va más allá de los girones que está dejando en Boca el retiro de Riquelme. Cuestiona que “se vende humo con el proyecto del nuevo estadio en los terrenos de Casa Amarilla, el presupuesto del ejercicio 2012/2013 cierra sólo si se venden jugadores por más de 40 millones de pesos, se dice desde la comisión directiva que las ventas de productos Boca superan los 30 millones de dólares, pero el club nunca hizo una auditoría sobre las empresas que los venden desde la época de Boca Crece, el convenio con Barcelona ya entró en vigencia y no se lo han mostrado a nadie porque invocan una cláusula de confidencialidad, han abandonado el básquetbol –que es mi deporte– e irían a jugar algunos partidos a Salta como local, y en Brasil, para la final de la Copa, la barra brava retiró 300 entradas del hotel donde estaban los jugadores”.

Oscar Moscariello, el vicepresidente 1º, a quien según oficialistas y opositores “Macri lo metió en el club porque no le tiene demasiada confianza a Angelici”, le dijo a este periodista hace dos meses: “El Tano (por el empresario de los juegos de azar que conduce el club) consulta todo con Mauricio. Yo sé cómo se maneja, lo conozco de antes”. Diputado porteño y militante del Partido Demócrata Progresista dentro del bloque PRO, el vice 1º maneja asuntos estratégicos y complejos como la gestión para adquirir manzanas vecinas a la Bombonera con el objetivo de ampliarla y los principales contratos de Boca. “Descubrimos varios kiosquitos, como por ejemplo que el club no es dueño de su página oficial, que el tablero electrónico de la Bombonera está tercerizado y que el museo en tiempos de Mauricio dejaba 2,5 millones de pesos anuales y desde que asumimos recauda 200 mil pesos”.

Todos estos desaguisados no son nuevos para el grupo de dirigentes que acompaña a Moscariello, empezando por el propio Angelici, tesorero de la gestión de Jorge Amor Ameal hasta que perdió la votación para renovarle el contrato a Riquelme. Crespi, el petrolero del SUPE; Carlos Ben, Carlos Aguas, Pedro Orgambide (h.), Jorge Bitar, Marcelo London y Raúl Ríos estaban antes y continúan ahora en el gobierno.

El último de la lista es un caso paradigmático. Ríos conducía la Agencia Gubernamental de Control porteña hasta que Macri lo echó como funcionario porque no controló la caída de un edificio en Villa Urquiza en agosto de 2010, que provocó tres muertos en un gimnasio. Esa noche se preocupó más en ser vocal de la comisión directiva y emitir su voto en contra del dolarizado contrato del ídolo que acaba de anunciar su partida. Prefirió ir a la Bombonera antes que hacerse cargo del derrumbe frente a los vecinos. Perdió el trabajo y, además, la votación. Ahora el jugador amenaza la estabilidad de los herederos del ingeniero con su salida (incluido Ríos). Un desplante que los deja mal parados. Riquelme, con sus gestos más que con sus palabras, seguirá influyendo por un tiempo incalculable en el futuro de Boca.-

Por Gustavo Veiga, Pagina 12 del 8/7/2012.

Regresivo

Los niveles de pobreza siguen siendo significativos, la informalidad laboral alcanza a un tercio de la población y aún persisten importantes bolsones de desigualdad. El déficit habitacional es agudo, un porcentaje de la población no accede a infraestructura básica de servicios esenciales y todavía existen sustanciales brechas educativas según estratos socioeconómicos. El desempleo y el subempleo involucran al 14,5 por ciento de la población económicamente activa, el regresivo Impuesto al Valor Agregado se ubica en un elevado 21 por ciento y las jubilaciones mínimas son insuficientes. Este marco general convive con años donde han avanzando indicadores sociales, económicos y laborales, mejoraron las condiciones materiales de los trabajadores y a la vez se revirtió la tendencia negativa en la distribución del ingreso, ganando posiciones los sectores postergados por décadas. Esto significa que pese a la recomposición de la situación sociolaboral aún se mantienen rasgos estructurales de profunda desigualdad.

En el espacio de disputa política, algunos enfatizan la primera parte de ese cuadro, que la oposición con legitimidad señala, y otros destacan la segunda parte, que lo hace el Gobierno también con legitimidad para mostrar logros de su gestión. El escenario socioeconómico tiene la suficiente complejidad como para no poder reducirlo a esquemas analíticos binarios. Esas posiciones enfrentadas generan acalorados debates. Unos pueden estar más o menos de acuerdo con una u otra perspectiva. Pero la discusión sobre el impuesto a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, conocido como Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, ha alterado ese choque de ideas. La ha conmovido porque quienes critican el deterioro del panorama social y empleo y reclaman iniciativas transformadoras para repartir mejor la riqueza se movilizaron y protestaron para eliminar ese tributo, o subir el mínimo no imponible, que hoy alcanza a apenas el 8 por ciento del total de los ocupados, y al 19 por ciento de los trabajadores registrados.

La renta financiera está exenta del Impuesto a las Ganancias. Los ingresos de los jueces no están gravados. La ganancia de capital tampoco está alcanzada por el impuesto. Las mineras preservan un esquema tributario privilegiado. La alícuota del IVA es muy alta y todavía no se dispuso su exención para, al menos, el consumo con la tarjeta de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos. El aspecto más desconcertante de la protesta es que la existencia de todas esas inequidades tributarias, que el Gobierno mantiene, ha sido el principal argumento para proponer una medida que tornaría más regresivo el sistema impositivo. O sea, si el régimen es injusto, habría que eliminar entonces sus contornos progresivos para equilibrarlo hacia lo malo del sistema. Todo dicho levantando la bandera de pelea por una mejor distribución del ingreso.

Un documento de estudio que está en preparación por un grupo de investigadores del Conicet, liderado por el economista Demian Panigo, evalúa en términos de reparto de riqueza la propuesta gremial de eliminación del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia y también del tope de 5200 pesos para asignaciones familiares. Las conclusiones preliminares de esa investigación brindan resultados sustanciales para medir con rigurosidad el impacto sobre la distribución del ingreso del reclamo sindical, que ha estado acompañado por la denominada centroizquierda y una fracción de la izquierda.

El avance de la investigación arroja los siguientes resultados:

Si se eliminara el Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, el Estado dejaría de recaudar unos 21.000 millones de pesos en el año. Monto calculado según la Encuesta Permanente de Hogares, sin incluir a la población rural. Por lo tanto, esa suma sería un piso.

Estos 21.000 millones de pesos quedarían casi en su totalidad en manos de la población que ocupa el primer decil de ingresos. O sea, el grupo que integra el 10 por ciento que más gana en la estructura de ingresos totales.

El 98 por ciento de esos recursos pasaría a bolsillos del primer decil de ingresos.

Ese reparto de dinero tendría como saldo que aumentaría un 11 por ciento la desigualdad medida por brecha de ingresos, y casi 2 puntos porcentuales más en el Coeficiente de Gini.

En otras palabras, para los tres deciles de ingresos más bajos, es decir, los más pobres, esa reforma no los beneficiaría en nada. No recibirían ni un peso adicional a sus magros ingresos.

Gustavo Arballo desarrolló en su blog “Saber leyes no es saber derecho” varios ejemplos para mostrar cómo impactaría la suba del mínimo no imponible entre los trabajadores alcanzados por el tributo según la escala de ingresos. El resultado es que favorecería proporcionalmente más a los trabajadores de más altos ingresos. “El impacto es regresivo –el impuesto en su todo sigue siendo progresivo–, pero el beneficio resultante del aumento favorece a los que más ganan”, asegura. Dice que no representaría una ventaja perceptible para los que ganen de 6000 a 10.000 pesos, en el caso soltero sin hijos que tiene menos deducciones para hacer y, por lo tanto, es el más exigente. Para casados con dos hijos, el beneficio sería mínimo.

Respecto de las asignaciones familiares que perciben los asalariados registrados, un reciente informe de Cifra-CTA destaca que entre 2008 y 2011, los salarios registrados crecieron por encima del nivel de aumento de precios (Cifra no toma en cuenta el IPC Indec, sino el IPC-7 provincias) pero, al mismo tiempo, no se actualizaron en la misma magnitud los montos salariales que marcan los límites para cobrar asignaciones familiares. La mejora del salario real junto a esa desactualización ha llevado a que haya disminuido el porcentaje de asalariados que percibe la asignación familiar por hijo del régimen contributivo. El informe no menciona que una parte de esos trabajadores pasaron a deducir de la base imponible del impuesto a las ganancias la carga por hijos, lo que implica indirectamente la cobertura de la asignación familiar. Los trabajadores que quedaron sin asignación familiar por hijo son los que cobran 5201 pesos hasta el monto del mínimo no imponible, de soltero o casado. Ese espacio nebuloso debe ser abordado por el Gobierno, además del aumento del monto de las asignaciones, tanto del régimen general como de la AUH.

El estudio de esos investigadores del Conicet incluyó también la evaluación de la propuesta gremial de eliminar el tope de 5200 pesos de salario para asignaciones familiares. El resultado de esa medida sería que la Anses tendría un costo de 2500 millones de pesos, y más del 50 por ciento de eso monto sería redistribuido en los primeros tres deciles (30 por ciento) de la estructura de ingresos.

La eliminación del Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría y del tope de 5200 pesos para asignaciones familiares implicaría una merma de recursos del Estado de por lo menos 24.000 millones de pesos. El 90 por ciento de esos fondos se destinaría a los estratos de altos ingresos. “Equivalen a dos presupuestos anuales de Asignación Universal por Hijos”, calculó el equipo de Panigo. Dividiendo los ingresos por mes y por persona en cada familia del país, la propuesta gremial significaría un aumento promedio de 21 centavos para cada trabajador de bajos ingresos y más de 155 pesos para cada uno de altos ingresos. En el debate sobre progresividad del sistema tributario y distribución de la riqueza, ese proyecto se considera regresivo.

Alfredo Zaiat. Página 12 del 01/7/12.-

Contrato social

En la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia intervinieron políticos, sindicalistas, trabajadores, comunicadores sociales y economistas del establishment. No fueron convocados a dar su opinión los que más saben del tema: los tributaristas y los contadores. Estos últimos se ocupan del aspecto técnico de la liquidación del impuesto, que la mayoría de los economistas ignoran porque nunca estudiaron esa materia. La omisión de la voz de los expertos ha provocado que el debate sea dominado por una sucesión de disparates conceptuales y técnicos.

Los contadores explican que un aspecto básico es saber que el Impuesto a las Ganancias es anual. Esto significa que el cálculo se hace una vez al año, pero se pagan anticipos a cuenta todos los meses. Esto sucede también en la Cuarta Categoría, donde existen las tablas de deducciones cuyos montos se van acumulando mes a mes, indicando al empleador las retenciones que debe hacer de acuerdo con la sumatoria de todos los salarios percibidos hasta la fecha. Por ese motivo, ejemplos de aislados pagos mensuales del tributo colaboran a la confusión, como el de Chazarreta. Precisar el promedio mensual sería lo correcto.

Los tributaristas, en tanto, lo primero que dicen es que una sociedad funciona con un contrato social básico de pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Y que esos pagos tienen que recaer en mayor medida en los sectores que tienen más capacidad contributiva, o sea más ingresos. En ese consenso mínimo, afirman que el Impuesto a las Ganancias es fundamental porque es progresivo y promueve la equidad económica y social.

Aunque esas ideas parezcan elementales, de aceptación general, cuando se intentan tímidas modificaciones para fortalecer y profundizar ese contrato social el resultado son conflictos de proporciones. En 2008 hubo una rebelión del sector del campo para resistir la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones. El éxito de ese movimiento de preservación de privilegios, logrando que pequeños y medianos productores salieran a defender intereses de grandes propietarios, ha definido límites muy estrechos para diseñar una reforma fiscal que involucre al campo. Esos contornos quedaron en evidencia en la moderada reforma del Impuesto Inmobiliario Rural que impulsó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no sin antes tener que enfrentar un lockout, agresiones de dirigentes rurales y un importante desgaste político.

En estas semanas, la dirigencia sindical, tanto de la CGT como de la CTA, con diferentes modalidades y tonos en la demanda, expresaron la oposición a la aplicación de un impuesto a los ingresos a los trabajadores que ocupan el mejor lugar en la pirámide salarial. En esta agitación que reclama la actualización del mínimo no imponible, la situación de los trabajadores de ingresos medios, de 6000 a 12.000 pesos, fue colocada en el frente de la disputa. Al concentrar el reclamo en ese punto quedó de ese modo desplazado del debate inequidades propias del impuesto que benefician a los trabajadores-ejecutivos de altos ingresos, por ejemplo que la alícuota máxima sea del 35 por ciento cuando en otros países es del 42 al 47 por ciento.

Otra resistencia a reformas del sistema impositivo es la que en forma permanente ejerce el sector financiero y las grandes empresas contra cualquier forma de progresividad tributaria. Por caso, ante el esbozo de aplicar Ganancias a la renta financiera asustan sobre una eventual fuga de depósitos y el posterior desequilibrio que provocaría en el sistema bancario.

Todos los sectores tienen la misma estrategia para manifestar la oposición a cambios impositivos que los involucra: deslegitimar al Estado. Invierten el orden de la secuencia de la acción. Pagar impuestos no les correspondería en la medida en que se les exige porque no reciben a cambio buenos servicios del Estado. Consideran que el gasto público es ineficiente o evalúan que otros gozan de privilegios impositivos que ellos no tienen. Sin embargo, para tener derechos, primero hay que cumplir con obligaciones, en este caso impositivas en función a la capacidad contributiva. Así se desarrollaron los contratos sociales de las sociedades modernas. El Estado, a su vez, obtiene la relegitimación para el cobro de impuestos mediante la utilización eficiente de la recaudación tributaria, con criterio de beneficio social redistribuyendo ingresos. En caso de no ser así, los sectores sociales están en condiciones de exigir con legitimidad si pagan impuestos. Cuando no se cumple ese contrato se produce una “anomalía fiscal”, característica de la economía argentina, como describe el tributarista Jorge Gaggero.

Esa situación no es fácil de modificar con una clase media que paga pocos impuestos y una alta que lo hace en menor proporción que lo que debiera, además de ser especialistas en la elusión tributaria, y reciben pocos servicios públicos, lo que significa que queda bajo cuestionamiento el contrato social. El intento de reconstruirlo genera tensiones en la sociedad, más aún cuando arrastra décadas de desigualdad y desestructuración del Estado.

El impuesto a los ingresos de las personas recauda muy poco en relación al total. Economista del Plan Fénix y destacado tributarista, Salvador Treber explica que “tenemos puesto el poncho al revés”. Indica que, en casi todos los países de medios y altos ingresos, del 65 al 80 por ciento de la recaudación de Ganancias proviene de las personas físicas y el resto de las sociedades. Ilustra que en Estados Unidos las personas físicas aportan el 81,6 por ciento y las empresas el 18,4 por ciento restante de la recaudación por Ganancias. La relevancia de ese comportamiento es que los ingresos de los primeros pueden ser redistributivos, mientras que los de los segundos son perfectamente precalculables, entonces el empresario los incorpora a sus costos. “Así el efecto es semejante al de un impuesto al consumidor”, afirma Treber. Precisa que en Argentina, el 79,3 por ciento de Ganancias se recauda en cabeza de las sociedades, y un 20,7 por ciento en las personas.

En esa misma línea, Jorge Gaggero escribió en el documento “La progresividad tributaria”, publicado por el Cefid-Ar, que existe un débil Impuesto a las Ganancias aplicado “en gran medida a las empresas, con un impacto muy limitado sobre las personas, sin incidencia significativa sobre los más ricos”. Gaggero señala que esto ocurre por dos razones: por una parte, la alícuota marginal máxima del impuesto es baja (35 por ciento, igual a la alícuota general que tributan las empresas) y, por la otra, las bases de tributación son muy estrechas para las personas, al gravarse casi exclusivamente el trabajo personal, con débil progresividad.

Esta situación del Impuesto a las Ganancias convive con varias inequidades tributarias. Un IVA de altísima alícuota sin excepciones o sin una tasa reducida para los pobres, en alimentos básicos y vestimenta, como es usual en los países avanzados. No están gravadas las ganancias de capital que obtienen las personas físicas, un privilegio fiscal que constituye uno de los aspectos más regresivos del sistema impositivo. Tampoco está alcanzada la renta financiera, entre otras inequidades.

¿Por qué no se avanza entonces en una reforma tributaria de carácter progresivo?

Ni este gobierno ni los anteriores plantearon ese objetivo como prioritario. Treber esboza cuatro hipótesis para explicar ese desinterés. La primera es que cuando la recaudación sube no se considera necesario “aunque sería posible realizar cambios sin disminuir los ingresos”, afirma. Una segunda, “que no sepan cómo hacerla o que no cuenten con los especialistas ni los métodos para llevarla adelante”, especula. Agrega que la planificación de una reforma debe ser independiente de la AFIP, y debe estar a cargo de expertos y no de recaudadores, porque éstos tienden a proponer modificaciones sólo para facilitar la recaudación, que no es lo más importante desde la perspectiva de la política tributaria. La tercera es que “están de acuerdo con la estructura actual”. Treber ofrece una cuarta posibilidad: las limitaciones que tienen los gobiernos para afectar a sectores de poder. O sea, las restricciones que se terminan imponiendo a la voluntad política de gobiernos, ya sea con la resistencia a las retenciones móviles, a gravar la renta financiera o al impuesto a los ingresos de trabajadores de salarios medios y altos. De ese modo se va limitando la capacidad de alterar la anomalía del contrato social.

Por Alfredo Zaitat, Página 12 del 30/6/12.-

Los derechos humanos de los delincuentes.

Cíclicamente reaparecen los miedos generados por la inseguridad y, con ellos, el discurso público vuelve a inundarse de bravatas altisonantes que, por su repercusión, conviene tomarse en serio. Quisiera concentrarme aquí en algunas de las expresiones que circulan en estos días, vinculadas con la relación aparentemente excluyente o de suma cero que existiría entre la protección de las víctimas y la defensa de los derechos de los delincuentes. La idea aparece en expresiones como la que dice que “en este país mueren inocentes mientras se protegen los derechos humanos de los delincuentes” o “estoy cansado de los derechos humanos de los delincuentes”. ¿Qué se quiere decir con tales expresiones?

Una primera posibilidad sería que tales afirmaciones involucran un juicio descriptivo como el siguiente: “en los hechos, hoy, en la Argentina, se están favoreciendo los derechos humanos de los delincuentes, mientras se descuidan los derechos de las pobres víctimas”. Apenas reflexionamos unos instantes sobre esta idea, sin embargo, se advierte que ella es, más que falsa, groseramente falsa. Resulta demasiado obvio que en nuestro país en la actualidad se violan cada día, y de modo gravísimo, los derechos de los que cometieron (o son acusados de haber cometido) ofensas hacia los demás, muy especialmente si ellos provienen de sectores económicamente desaventajados. Esas violaciones gravísimas incluyen la detención por años de personas a las que no se les ha probado la comisión de delito alguno; la privación de libertad a personas que han cometido delitos menores, y condiciones extremas, brutales, violentas para los que ya están encerrados. Es decir, descriptivamente, lo que la realidad nos muestra, sin ambages, sin ambigüedades, sin margen de duda alguno, es exactamente lo contrario de lo que aquella proposición vendría a sugerir. Si hoy tenemos un problema grave en materia de inseguridad, entonces, sin dudas, ése no es el de que el Estado argentino se está excediendo en la protección de los derechos de los delincuentes.

Una segunda posibilidad sería que al decir “estamos cansados de los derechos humanos de los delincuentes” se esté haciendo referencia a una explicación referida a la imposibilidad material de proteger, al mismo tiempo, los derechos de las víctimas y los derechos de los criminales. Pero esta respuesta también es, fundamentalmente, falsa: en los aspectos más básicos, resulta obvio que se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Asegurarles a todos un juicio justo (escuchar a los acusados; asegurar que las pruebas de un juicio no sean inventadas); impedir la tortura; no encerrar a quien no ha sido encontrado culpable de ningún crimen; evitar que se trate a los detenidos como animales es perfectamente compatible con tener un presupuesto adecuado en materia de seguridad, o velar por la recuperación de las víctimas y la restauración de sus derechos. Es decir, no es en absoluto cierto que si queremos cuidar la seguridad de “los buenos ciudadanos” sea necesario, de algún modo, reducir los cuidados básicos hacia delincuentes.

Tercero, la afirmación sobre el “exceso” de respeto hacia los derechos de los delincuentes podría ser normativa, es decir, estar dirigida a afirmar que “debe darse menos protección a los derechos de los delincuentes, porque ellos no se merecen ningún cuidado, dada la gravedad de lo que han hecho”. Ahora bien, si las dos observaciones anteriores eran –en su esencia– fácticamente falsas, ésta es valorativamente inaceptable. Hay cantidad de problemas serios con esta idea. Primero, respetar los derechos de los delincuentes no significa premiar a los criminales ni dejar de reprocharles sus eventuales faltas, sino impedir que se los trate inhumanamente, o que se condene a inocentes porque “necesitamos condenar a alguien”, como muchas veces ocurre. Segundo, los derechos no están reservados para los que se comportan decentemente o los que no cometen faltas (graves), sino para todos, por el solo hecho de ser personas. Tercero, los derechos no son disponibles o removibles de acuerdo al humor de algunos, sino lo contrario de ello: su virtud es, por suerte, la de no estar sujetos a la buena voluntad de nadie.

Finalmente, puede que con la idea de “los derechos humanos de los delincuentes” se esté pensando en que, en nuestro país, algunos o muchos eventuales culpables de crímenes no quedan encerrados. Pero esta idea también es muy pobre. Primero, tenemos una proporción de presos alta y creciente, y no baja. Segundo, si hay gente responsable de crímenes que no es condenada debido a las argucias o trampas de sus abogados, ésa no es responsabilidad de los “derechos humanos”, por lo que conviene no ensuciar el término de ese modo. Tercero, si lo que ocurre es que algunos no quedan detenidos porque no se prueba su culpabilidad, eso no es un “exceso” de respeto de los derechos, sino sólo un acto justo, porque nadie quiere que se encierre a los que no son culpables de delito alguno (¿o sí?). Finalmente, pero esto da para otra discusión, no es cierto –por fortuna– que las únicas respuestas que tenemos a mano frente al crimen son las respuestas extremas, draconianas, que empiezan, como en nuestro país, con la privación de la libertad en condiciones infrahumanas. Es decir, condenar no es ni debe ser igual a “dejar encerrado a alguien”.

Decir lo dicho no implica decir que debemos actuar como si en la sociedad no hubiera delitos, ni comportarnos de modo ingenuo, ni dejar de reprochar con firmeza las faltas que se cometan en nuestra sociedad. Decir lo dicho implica afirmar que, no importa el grado de irritación que tengamos, o la antipatía que nos produzca algún grupo, o los deseos de venganza que nos provoque una situación de injusticia, no tenemos que poner en cuestión el valor de seguir tratando a todos –a todos– con dignidad y respeto. Más importante aún: tenemos que aprender a reconocer que, al respetar los derechos básicos de los criminales no estamos insultando a las víctimas. Como he tratado de mostrar, los cuidados extremos hacia las víctimas del delito de ningún modo, y en ningún sentido, necesitan del maltrato hacia quienes las han ofendido.

Por Roberto Gargarella, Doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional (UBA-UTDT).

Publicado en Página 12 del 18/03/2009.-

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2012/02/22/206881.php

http://www.consumer.es/edificios-ecologicos

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2011/04/04/199686.php