La realidad vergonzante

El lunes pasado (por el 25 de marzo de 2013) asistí, aquí en Buenos Aires, a uno de los actos más plenos de coraje y constructivos de los que he vivido en mi larga vida. El realizado en la Comisión Nacional de Valores, en la calle 25 de Mayo, plena de bancos y de vida financiera y de negocios. Se presentó allí un informe acerca de “Economía política, sistema financiero y dictadura”. Por primera vez una investigación a fondo de los delitos económicos cometidos por la última dictadura militar. Delitos que beneficiaron a militares y a los civiles colaboracionistas de la dictadura, casi todos ellos, empresarios de gran fuste. Sí, por primera vez se investiga este aspecto de la última dictadura que, a la vez que hacía desaparecer a seres humanos, se quedaba, en el caso de empresarios, con su fortuna, sus propiedades, sus acciones.

Como digo siempre: en mis 86 años he conocido trece dictadores. Todos ellos, después de finalizar su poderío murieron pacíficamente en sus domicilios, gozando de sus sueldos de generales y almirantes y, por supuesto, de sus títulos militares. Esta es la primera vez que los dictadores y sus secuaces están en cárceles comunes y se investigan los delitos económicos cometidos durante sus mandatos. La única vergüenza para la Etica ha sido que Martínez de Hoz, el secuaz más penetrante de ese período de violencia e injusticia, murió en su edificio, el más lujoso de Buenos Aires, el Cavanagh. Y aquí la pregunta es: por qué si las cárceles argentinas todas tienen instalaciones médicas no se lo envió a una de esas enfermerías carcelarias. No, Martínez de Hoz murió en su cama y en su edificio de aristócrata.

Pero vayamos al informe de la Comisión de Valores. Ese informe fue elaborado por tres profundos investigadores: Celeste Perosini, Walter Bosisio y Bruno Napoli. En la edición del domingo pasado de Página/12, Alejandra Dandán hace un profundo análisis de este informe. Y con esta nota quisiéramos ahondar en dar datos sobre el doloroso y patético proceso que debieron sufrir los empresarios Alejandro y Carlos Iaccarino, dos hombres que trataban de establecer un sistema menos explotador y más coherente, en cuanto a la distribución de bienes en torno de sus obreros y el cuidado de la naturaleza. Dos aspectos muy mal vistos por los empresarios clásicos y por la línea económica llevada a cabo por Martínez de Hoz y apoyada por las tres armas de la Nación.

Es increíble: todo está demostrado en actas oficiales y de los juzgados. Nada se puede desmentir. Los hermanos Iaccarino poseían una empresa lechera en Santiago del Estero. Su forma de administración era bien distinta a las demás empresas que dominaban el mercado. Eliminaban las intermediaciones, trataban directamente con los productores, a los cuales se les pagaba más, y con los obreros se mantenía un diálogo perfecto conformándose los empresarios con ganancias más bien modestas pero que les llenaban de orgullo frente a las fortunas de la competencia. Por supuesto, esto no fue soportado por los poderosos que tenían contactos con el jefe supremo de la Economía, Martínez de Hoz.

Los tres hermanos fueron detenidos el 4 de noviembre de 1976, acusados de conspirar contra los bienes de la Nación. Comenzó el martirio. Los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino estuvieron en nueve centros clandestinos de detención y en catorce centros de detención oficiales. Sufrieron torturas de toda clase. Alejandro nos relata lo que es soportar la picana eléctrica en todos sus matices y el estar “colgados” mientras se les practicaban esas torturas. Lo que perseguían los torturadores era que renunciaran a sus propiedades y se alejaran para siempre de las zonas en las que desarrollaban sus tareas. Hasta que todo culminó con lo que perseguían sus enemigos económicos: la renuncia a sus empresas y propiedades. Parece increíble. Pero todo se hizo legalmente: vino la escribana a la cárcel y también quienes exigían quedarse con todo. Ahí se levantó el acta, de la cual tienen una copia dada por la escribana oficial. Dice el acta: Escritura Número 210, en la ciudad de Avellaneda, a once de noviembre de 1977, ante mí, Lía M. Cuartas de Caamaño, escribana titular del registro No. Uno de este partido y a solicitud de los requirientes me constituyo en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda... etc. Y allí les dan el poder a dos personas que podrán vender al precio que ellos indiquen las propiedades de sus posesiones en Santiago del Estero. Tal cual, con nombres y apellidos. La pregunta es: ¿cómo una escribana pudo soportar que a dos presos del Poder Ejecutivo se les obligue a firmar en ese centro de detención conocido como El infierno? Esa señora escribana sigue ejerciendo su profesión ahora, como si nada hubiese pasado. Sí, esa acta fue firmada con la condición de salvar sus vidas y terminar con los tormentos. Cuando salieron de la cárcel habían perdido todas sus pertenencias.

Hay un detalle todavía más increíble: dos de los empresarios enemigos de los hermanos Iaccarino, Bruno Chezzi, presidente de las empresas Equino Química y de la compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, y otro empresario, Vicente García, quienes eran los que habían movido a Martínez de Hoz en contra de los hermanos, acompañaron a la escribana en esa oportunidad, para ayudar a convencer a las víctimas de firmar porque si no sus vidas peligraban definitivamente. O entregaban todos los bienes o terminaban en el Río de la Plata tirados desde aviones de la Marina. Como era costumbre.

Esto ocurrió en la Argentina. La misma que tiene un papa, una reina con corona y un rey de la redonda. Y los peores crímenes de la humanidad. De una crueldad inaudita. Permitidos y ordenados desde el poder. Nuestros militares, nuestra policía pero también nuestros empresarios, es decir, también nuestros civiles, los políticos que aceptaron sonrientes ministerios y otros cargos y que hoy viven y pasan su vejez muy tranquilos en sus countries. Y obispos que daban la comunión en la Catedral a los desaparecedores. Un período donde reinó la malicia y lo peor del ser humano: la crueldad extrema. Los hermanos Iaccarino colgados y sometidos a la picana eléctrica para que dejen sus propiedades a los del poder. Un tiempo que nuestros nietos no comprenderán jamás.

Los hermanos Iaccarino tendrían que ser paseados oficialmente por todas las ciudades y pueblos del país, por todas sus universidades, por todos sus centros culturales para que relaten sus experiencias de empresarios que habían cometido el pecado de desafiar a las grandes empresas con un nuevo método de comerciar, más humano y más democrático. El 20 de abril comienza el juicio contra sus últimos represores de El infierno y sobre cómo allí debieron renunciar a todas sus propiedades ante una escribana oficial. Ojalá que también se haga el juicio con los empresarios que se prestaron con la dictadura de la de-saparición de personas para engrandecer su poderío eliminando a la competencia. Por fin: juicio a los civiles y uniformados que faltaron de esa manera tan atroz a la dignidad humana.-

Osvaldo Bayer. Página 12 del 30/3/13.-

La máquina de encubrir

El 23 de julio de 2008 en el estacionamiento del sho-pping Unicenter de Martínez un breve tiroteo acabó con la vida de dos hombres. El jefe de gabinete provincial Alberto Pérez dijo que se trató de “una venganza vinculada al narcotráfico” y que habían actuado sicarios. Las víctimas fueron los paramilitares colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gardner. A principios de 2009 cayó abatido del mismo modo otro colombiano, Juan Sebastián Galvís Ramírez, esta vez en San Fernando. La primera causa era investigada por el fiscal Diego Grau; la segunda por su colega Luis Manuel Angelini. En busca de nexos que ayudaran a esclarecer el doble crimen, el fiscal Grau participó en una reunión con dos colegas que llevaban causas similares: Juan Bidone, de Mercedes, quien tenía a su cargo el expediente por el triple crimen de General Rodríguez (donde fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón en agosto de 2008) y Analía Córdoba, de la UFI 4 de La Matanza, quien investigaba otro doble homicidio de ciudadanos colombianos en San Justo. El intercambio de información y la coordinación estratégica quedaron truncos porque el fiscal general adjunto de San Isidro, Marcelo Vaiani, ordenó a Grau que dejara aquel encuentro y acudiera a la sede departamental para impartirle directivas burocráticas sobre la forma de llevar las estadísticas. Debido a un cruce de llamadas telefónicas Grau y Angelini habían solicitado el allanamiento en la sede de una de las empresas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, Federal Aviation, que no fue concedido por el juez de garantías Esteban Rossignoli. En enero de 2011 los Juliá fueron detenidos en España con una tonelada de cocaína.

Los trece fiscales

Grau y Angelini padecieron la interferencia del superior común, el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Julio Alberto Novo, un hombre de armas llevar. No es una metáfora: escondido en un techo, mató de un disparo en la espalda a un adolescente que entró a robar a su casa. Uno de los hombres de confianza de Novo es el fiscal de Pilar Gonzalo Acosta, hijo del ex jefe del grupo de Tareas de la ESMA. En 2007, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro acusó a Novo de haber instaurado “estructuras tenebrosas”, y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de los fiscales que dependían de él. En octubre de 2009, trece de esos fiscales imputaron irregularidades y delitos a Novo, como la obstrucción al avance de aquellas causas. Como ninguna de esas denuncias prosperó, dado el desinterés de la Procuración General y de la Legislatura, Angelini terminó por presentar una denuncia penal contra su superior, que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, en la Capital Federal. Lijo se declararía incompetente y remitiría la causa a su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. En ese texto, Angelini cuenta que Grau era el único fiscal que conocía a fondo la causa de Unicenter. En agosto de 2009, Novo lo relevó sin fundamentos, lo cambió de función y distrito asignándolo a causas menores de flagrancia (los delitos con los que la policía se topa en la calle o los que allí fabrica) y dejó paralizada la investigación, hasta que en forma verbal decidió asignársela a Angelini, quien llevaba el expediente por el asesinato de Galvís Ramírez, pero no tenía ni escritorio, ni computadora, ni conexión al sistema de información judicial, ni personal ni teléfono celular. Al mismo tiempo le fijó un plazo perentorio de cuatro meses para que finalizara las mil causas que se tramitaban en la fiscalía de San Fernando, que le asignó. Angelini entiende que lo hizo adrede “por el dolo de encubrir”. Agrega que el adjunto Vaiani le aconsejó que archivara la causa de Unicenter con una frase sugestiva: “Si no pudieron los Marines, no vas a poder vos”. Ante su reclamo de recursos, Novo le asignó como colaboradores al propio Vaiani (que tiene mayor jerarquía que Angelini) y a Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas. Que Vaiani y Scapolán quedaran al mando de Angelini era “una verdadera puesta en escena prototípica de un ardid. Un cinismo absoluto”. Lejos de colaborar con Angelini, formaron parte de la “gran maquinaria de entorpecimiento”. Esta ficción duró apenas unos pocos meses, cubriendo un flanco débil hasta que el jury de enjuiciamiento archivó la denuncia de los trece fiscales. Al quedar habilitados a ingresar al legajo, le pidieron los cuerpos originales y las copias. “El expediente había sido utilizado para otros fines.” En esa actitud irregular “comenzó a jugar un papel preponderante un sector de la Procuración General, perfeccionando la simulación y otorgando cobertura” a Novo. Angelini solicitó una auditoría, pero la Procuradora María del Carmen Falbo no lo admitió. En junio de 2009, Grau pidió que la Fiscalía General le asignara secretarios para realizar once allanamientos simultáneos. Vaiani no suministró ese auxilio pero de todos modos Grau empezó los procedimientos. Vaiani lo interrumpió para preguntarle si había encontrado pruebas contundentes. Su finalidad no era colaborar sino enterarse “hasta qué punto la investigación involucraría a otras personas, aquellas a las que protegen y que se vinculan a la narcocriminalidad”. Algo similar le sucedió al fiscal Angelini cuando decidió registrar la embarcación “Woods”, en la causa Galvís Ramírez. La policía de investigación y la Prefectura secuestraron a bordo una pistola Glock calibre 40, similar a la que se utilizó en Unicenter y que luego desapareció cuando estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gestión, dependiente de la Fiscalía General de Novo. También se evaporó el libro en el que se registraba quién accedía a las pruebas reservadas del expediente. Mientras registraba el barco, Angelini fue convocado de urgencia por la Fiscalía General para “obstaculizar el avance de la investigación”. Agrega que “el costoso velero estaba anclado en las marinas que regentea la Municipalidad de San Fernando (sociedad mixta) en ese entonces a cargo de una ex secretaria de gobierno de la anterior gestión comunal”. Durante el allanamiento, el esposo de la mujer, concejal de San Fernando, le pidió explicaciones. Agrega Angelini, que cada vez que él u otros fiscales desoyeron reclamos improcedentes de funcionarios de la Municipalidad, fueron hostigados y la Fiscalía General intervino en forma irregular en contra de ellos. Por eso, sospecha “que durante aquel allanamiento pudieron haber sido varias las instancias políticas que influyeron en que Vaiani mediante engaño y abuso de autoridad me sacara del lugar de la inspección”. Así le impidieron verificar el registro del GPS instalado en la embarcación, que “podría habernos dado el derrotero de navegación de los días previos”, cosa que luego se perdió. El otro adjunto de Novo en la Fiscalía General, Rodrigo Caro, le exigió a Grau que informara en forma inmediata, detallada y por escrito las diligencias que se habían practicado en cuanto se produjo el crimen de Unicenter, con lo cual distrajo sus esfuerzos en las críticas primeras horas de una investigación, afirma Angelini. Como lo mismo le pasó a él con el caso Galvís Ramírez, deduce que no sólo se procuraba obstruir la investigación sino, peor aún, “saber a qué nivel de conocimiento había arribado el fiscal instructor en cada caso para utilizar luego esos datos con fines distintos que los de colaborar”. Con la misma finalidad de “encubrir los tres crímenes y el narcotráfico internacional que los generó” se frustró un importante viaje a Colombia en busca de elementos probatorios. La Fiscalía General “con la connivencia institucional de altas autoridades” de la Procuración, omitieron en forma dolosa el trámite administrativo, de modo que los funcionarios colombianos terminaron quejándose porque los fiscales argentinos los dejaron “plantados en el aeropuerto”.

Las filtraciones

También con complicidad de un sector de la Procuración, se intentó “obtener información acerca del curso de la investigación por fuera de los cursos previstos legalmente” bajo el disfraz de control de gestión, dice Angelini. Uno de los aspectos más graves es que esos agentes “registraban los datos de los testigos que se presentaban en la unidad, antes de que éstos declaren” en el legajo fiscal reservado o bajo la protección de su identidad e ingresaban una y otra vez en forma intempestiva y sin autorización al despacho de Angelini. Así buscaban “información reservada” y amedrentaban al fiscal. La intimidación se extendió a la única colaboradora de Angelini, la instructora judicial Elizabeth Romano. La Secretaria General de la Fiscalía General, Melisa Fernández Rey, la interrogó acerca del “expediente de los colombianos”, en forma coercitiva e ilegal, fuera del horario de trabajo y sin conocimiento del fiscal. Angelini acababa de pedir en forma reservada múltiples allanamientos, que no le fueron concedidos pese a las pruebas que aportó. Un instructor enviado por la Procuración reprochó que Angelini solicitara allanamientos sin previo aviso al jefe de la Policía Judicial, Oscar Amorín. “Me ahorro comentarios ante lo grotesco e ilegal del planteo. Si desde un principio los instructores cumplieron defectuosamente mis órdenes, luego de ese hito lo dejaron de hacer definitivamente.” A raíz de la filtración sobre medidas de carácter reservado (como allanamientos y detenciones), Angelini presentó una denuncia penal y pidió que se tramitara en otro departamento judicial. Pero Novo designó investigador a un fiscal subordinado a él, de modo de no perder acceso “a los legajos reservados de la investigación”. Una vez que la Procuración cerró el sumario iniciado contra Novo, el Fiscal General y sus dos adjuntos iniciaron causas civiles contra Angelini, a quien le reclaman indemnizaciones por medio millón de pesos. También presentaron demandas penales y civiles contra Grau, con el propósito de cargarles toda irregularidad o insuficiencia de la investigación y exculpar a la Fiscalía General. Para esas denuncias utilizaron elementos tomados de las presentaciones de los fiscales ante la Procuración General, demostrativas del “diálogo informal” entre altos niveles de las estructuras que comandan Falbo y Novo, con un “designio común que es el del encubrimiento del contexto de narcotráfico que precede a los crímenes”. Un nuevo pedido de juicio político a Novo fue presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Fabián Saín, quien durante su desempeño previo al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también había puesto la vista sobre los hermanos Juliá. Novo es el fiscal general que más denuncias ha recibido de sus colegas y de los jueces de su propia jurisdicción, no por sus modos sino a raíz de “gravísimos delitos”, escribió sobre el protector protegido.

Mercado y mano de obra

El departamento judicial de San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios más aventajados del país, donde culmina el corredor floreciente que arranca en la Capital Federal: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar. En cambio, al departamento judicial de San Martín pertenecen algunos de los asentamientos más precarios. En uno se localiza el mercado consumidor de alto poder adquisitivo, en otro la mano de obra barata para la producción y la distribución, por no hablar del sicariato, importado para ciertos trabajos de precisión, pero cada vez con más reclutas locales, muy jóvenes y con sombrío horizonte vital. El código penal de esas organizaciones consta de pocos artículos y el procesal es expeditivo, sin los formalismos que buenos ciudadanos y dirigentes políticos objetan al sistema formal de justicia. Algunos intendentes de esos partidos han hecho de la seguridad un tema central de su campaña permanente, con la incorporación de tecnología de avanzada, incremento de recursos policiales, integración del ministerio público fiscal al dispositivo político-represivo y un discurso centrado en lo que llaman el combate contra la droga. Sin embargo, luego de casi una década de provincialización de delitos vinculados con estupefacientes, lejos de haber sido afectadas, las grandes organizaciones criminales han crecido. Los dispositivos legales y tecnológicos puestos en escena han servido para reforzar el control social sobre los sectores depauperados que en los prósperos partidos del norte coexisten con los más satisfechos. El diestro pionero en un esquema de gobernabilidad que incluyera en un todo armónico narcocriminalidad, policía y justicia fue el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. El 12 de octubre de 1995, cerró un seminario para jueces y jefes de policía de todo el país dictado en la escuela de policía de La Plata con el propósito de que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas pasara a manos de policías, fiscales y jueces provinciales, delegándoles el control social y los negocios. Felipe Solá obtuvo en 2005 la ley que el Congreso le negó al precursor diez años antes, y Daniel Scioli convive con sus consecuencias, administradas por su ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, el primer oficial penitenciario que llega al gabinete provincial. El informe de la comisión parlamentaria sobre el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez describe con precisión ese enredo entre comerciantes de sustancias ilegales, policías encargados de reprimirlos y fiscales que en teoría conducen la investigación. La complacencia política es patente: lejos de aplicar las recomendaciones de ese informe, aprobado por amplia mayoría legislativa, Scioli sigue protegiendo al jefe de policía y sus colaboradores, cuya destitución y enjuiciamiento reclamaban los investigadores. El gobernador repite con tono monocorde que sus enemigos son la inseguridad y la droga, pero las cárceles están colmadas de consumidores y pequeños dealers, mientras las grandes organizaciones cuentan con protección de fiscales, policías y políticos.

Hecha la ley

En toda la provincia rige un sistema eficaz por el cual tampoco existen más investigaciones sobre el manejo de los dineros públicos, el financiamiento de las campañas, el sistema de contrataciones de obra pública y las distintas formas de violencia institucional. Inspiradora de la reforma procesal de 1998, por la cual se pasó a un sistema acusatorio en el que el Ministerio Público tiene la llave de la acción penal, Falbo perfeccionó el sistema desde la Procuración General, donde asumió hace nueve años. Como jefa de todos los fiscales define con el Fiscal General de cada departamento judicial qué delitos se investigan. El principio de descentralización establecido en la ley de Ministerio Público intentó acercar la justicia a la ciudadanía, lo que permitió decir a Falbo que la provincia de Buenos Aires ha sido una adelantada de la Justicia democrática. En la práctica, la descentralización ha municipalizado el ministerio público y se ha convertido en fuente de impunidad y negocios espurios de sectores políticos, grandes empresas zonales, policías y penitenciarios. Un caso clave ocurrió en 2006 en Malvinas Argentinas, el único en que la estructura judicial bonaerense comprobó delitos de corrupción cometidos por un intendente. El fiscal general de San Martín Luis María Chichizola y su adjunto Fernando Domínguez consiguieron la detención y procesamiento del intendente Jesús Cariglino, denunciado por una empresa pavimentadora que no podía cobrar los certificados de obra porque los cheques se desviaban hacia allegados al intendente. Cariglino consiguió que el fiscal de Quilmes Luís Antonio Armella iniciara una investigación paralela a la de San Martín, de modo que los denunciantes terminaron detenidos por orden del juez de garantías de San Martín, Oscar Quintana, quien también había sobreseído a los funcionarios de San Miguel procesados por la protección de prostíbulos y la trata de personas, durante el gobierno municipal de Aldo Rico. Falbo hizo su parte apercibiendo al fiscal Domínguez “por comprometer el prestigio de la administración de justicia”, mientras su protegido Armella era ascendido a juez federal y Quintana a vocal en la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. Armella se hundió el año pasado en el Riachuelo. Chichizola prefirió jubilarse y Domínguez fue desplazado a una fiscalía de primera instancia que investiga accidentes de tránsito, donde no pudiera cruzarse con un intendente o un concejal. Cariglino fue elegido por Falbo para iniciar un plan piloto: Malvinas Argentinas se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías descentralizadas, pagar los impuestos y las tasas y proveer el servicio de limpieza. Este modelo se generalizó a toda la provincia, con la dependencia económica y funcional de los intendentes, que deciden qué insumos brindan, si atienden las necesidades edilicias, aportan o restan empleados. Si a eso se suma la injerencia de los municipios en el Consejo de la Magistratura, no queda espacio para fiscales independientes de los poderes locales. Además, la ley permite al Fiscal General poner y quitar fiscales de las causas con la mera invocación del denominado “criterio objetivo de distribución de tareas”, lo cual propicia el intercambio de favores entre los intendentes, la Procuradora provincial y los que en realidad deberían ser llamados fiscales comunales, de cuya actuación política no hay mejor ejemplo que Novo.

Horacio Verbitsky. Página 12 del 31/3/13.-

La sentencia contra Marita o ésta es la justicia que tenemos

Escribo esto con profunda bronca a la hora del cierre, quede claro. No quiero dejar pasar la furia que siento y que sé, me consta, veo y palpo que sienten en estas horas de dolor millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional.

Para sorpresa y espanto del país entero (el país decente, digo, el que mayoritariamente no es corrupto) todos los acusados por el caso Marita Verón fueron absueltos en Tucumán en esta noche ominosa de la Argentina, en una decisión judicial obviamente sospechable de lisa y llana y flagrante corrupción.

Esta es la justicia (desde ahora la escribo con minúsculas) que tenemos. La que impera mayoritariamente en nuestro país. Unica institución republicana que no fue democratizada en serio desde la recuperación de la Democracia. Y que junto con sus socias, las malditas policías y los malditos servicios penitenciarios provinciales, son las únicas que conservan intactas todas las taras formales y esenciales que les inculcó la dictadura.

Porque la democracia significó profundos cambios institucionales en casi todos los órdenes: militares, educativos, de relaciones exteriores, de economía, de sociedad. Pero lo que no se tocó, ni se toca todavía, es lo que huele a podrido. Y este “fallo” –es un decir perfecto: fallo– está llenando de hedor a la Nación entera.

A sabiendas de que toda generalización es injusta y peligrosa –y en conocimiento de que hoy mismo se conoció el noble pronunciamiento de más de 200 jueces, fiscales y defensores públicos que emitieron un contracomunicado que desdice a ciertas catervas de jueces y camaristas viajeros a Miami por cuenta de empresarios, y a los lobbistas marrulleros del Colegio de la Magistratura y a los de esa de nombre imposible Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial– yo me siento esta noche tentado de homologar esta maldita justicia a las malditas policías.

La que condena nuevamente a Marita Verón y nuevamente procura destruir a Susana Trimarco (pero a la que en realidad e involuntariamente enaltece) es la justicia que hay que cambiar de una vez y yo quiero ver si los opositores tendrán huevos para hacerlo, e incluso si el Gobierno los tendrá, todo sea dicho.

Cambiar de una vez los procedimientos y los plazos; cambiar de una vez el engolamiento y la pretendida santidad de los magistrados; cambiar los tratos y rótulos del siglo XIX para que las Señorías engoladas de hoy que no pagan impuestos empiecen a pagarlos como cualquiera de nosotros, que laburamos y sostenemos este país con esfuerzo y decencia. Y así acabar con mitos como el de la “familia judicial” y el de que los trapos sucios se lavan en casa.

Esa es la justicia que a mí, empleado durante cuatro años en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y joven estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste –y lo digo por primera vez públicamente–, me llevó a abandonar cuando tenía 21 años la profesión que yo amaba y había elegido a los 16.

Hay que dar los nombres de estas tres “señorías” tucumanas de las que el mismísimo gobierno de José Alperovich sería bueno que dijese su opinión públicamente. Son ellos: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Yo no sé si sus conciencias, si las tienen, los podrán juzgar. Y no me importa. Pero nosotros, la ciudadanía, sí. En democracia y en paz, serena pero definitivamente, tenemos que condenarlos éticamente, a la vez que vincularlos con los mencionados colegios, juntas, consejos, asociaciones y demás grupos corporativos que sólo son puro lobby, para decirlo clarito.

No tienen vergüenza y esta noche en que celebran todos los miles de prostíbulos del país, y todos los proxenetas, y todos los mercaderes de carne humana, y todos los hijos de puta de la trata, y perdóneseme la furia textual, nosotros, los que sí tenemos vergüenza y somos la inmensa mayoría de este país atormentado, por eso puteamos. Por eso LOS puteamos. Con la misma fuerza y convicción con que abrazamos a Susana Trimarco y esperamos un día abrazar a Marita Verón y a todas las Maritas que fueron y seguirán siendo, por desdicha, gracias a estos infames protectores de tratantes de personas.

Malas noches, Argentina.

Mempo Giardinelli. Página 12 del 12/12/12.-

Más triunfos de la ética

Entre las preocupaciones diarias, como las de tormentas e inundaciones, y la aprobación o demora de leyes imprescindibles, nos sorprenden con optimismo pleno triunfos de la ética que se refieren a nuestro pasado. Ligar ese pasado con la verdad histórica y no esconderlo. Por ejemplo, el triunfo de ello en la ciudad bonaerense de Vedia ha sido completo y perfecto, sin peros ni aunques. El Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó el cambio de nombre de cuatro calles del distrito. Cuatro. Nombres de personajes –algunos de estructura siniestra, por no decir algo más duro– que nos fueron impuestos por el poder de turno. Nada menos que el mercenario y asesino Federico Rauch, el dictador criminal contra nuestra democracia José Félix Uriburu, el genocida Julio Argentino Roca y el de Ataliva Roca, que hizo los peores negociados y que ponía la cara para que no apareciera el “general”, su hermano, como acusado. El pícaro Sarmiento inventó la palabra “atalivar”. Escribía con gracia: “El general Roca hace sus negocios y su hermano ataliva”. Punto. Todo el mundo lo comprendía y en vez de decir “coimear” los porteños usaban “atalivar”.

Bien, nosotros, los argentinos, con tal de quedar bien con los poderosos, pusimos el nombre de Ataliva Roca a múltiples calles de nuestras ciudades del interior, y hasta una ciudad de La Pampa se llama Ataliva Roca. Algo para mirarse al espejo y enrojecerse. Y esos representantes del coraje civil, los concejales de Vedia, dijeron basta y cambiaron el nombre de la calle Federico Rauch, por Arbolito; la Ataliva Roca, por Juan José Castelli; la general Uriburu, por Manuel Dorrego, y la Julio A. Roca, por Pueblos Originarios. Lo hemos explicado ya numerosas veces, pero lo aclararemos una vez más: Rauch fue en homenaje al mercenario europeo que llegó contratado por dinero por el presidente Rivadavia “para exterminar a los indios ranqueles”. Vino a matar y sus comunicados hablan el idioma más perverso: “Hoy, para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles”. Los otros comunicados hablan de la perversión de este militar que fue ajusticiado por el indio ranquel Arbolito en un encuentro frente a frente. De Ataliva Roca nada bueno podemos agregar sino que fue apenas un lacayo de su hermano. Ahora esa calle llevará el nombre de Juan José Castelli, uno de los más preclaros Hombres de Mayo, que como pocos luchó por la igualdad y la libertad; sus documentos lo dicen todo: junto a Moreno y Belgrano fueron los tres hombres más avanzados de los héroes de aquel 1810. Y justo los que más insistieron en reconocer la igualdad de derechos a los pueblos originarios y terminar para siempre con la esclavitud a que habían sido sometidos por los españoles –”occidentales y cristianos”– en esas formas infames de la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Belgrano lo escribe con precisión absoluta que no puede dar lugar a interpretaciones falsas: “A partir de este momento, los pueblos originarios gozarán de los mismos derechos de que gozamos nosotros, los hijos de europeos que tuvimos la suerte de nacer en territorio de América”. Idioma luego traicionado en sus raíces por Roca, Avellaneda y tantos otros que firmaron documentos sobre la “necesidad del exterminio de los salvajes, los bárbaros”. O como dice Roca en su informe final ante el Congreso de la Nación: “La ola de bárbaros que ha inundado durante siglos estas fértiles llanuras ha quedado exterminada para siempre, y ahora quedarán a disposición del capital extranjero y de los inmigrantes”. Todo un ejemplo de ética. Pero nosotros los argentinos, con un dejo de sentido de adulación al poder, les seguimos rindiendo honores con sus nombres a escuelas, plazas, calles y monumentos en bronce.

Bien, nuestro abrazo agradecido. Sería largo nombrar a todos los valientes ciudadanos que propusieron esos cambios, todos con argumentos irrebatibles para ellos mismos.

Por otra parte, la Radio Nacional de Bariloche, a través de su director Carlos Echeverría, organizó un acto para discutir el tema del monumento a Roca instalado en la plaza principal de esa ciudad, que últimamente ciudadanos argentinos de origen mapuche han intentado bajarlo del caballo de bronce en que se exhibe al “conquistador del desierto”, más bien exterminador de los habitantes originales de toda esa región patagónica. El acto fue muy concurrido y se expuso allí toda la documentación oficial de aquellos tiempos, y la entrega de las tierras conquistadas a estancieros de la Sociedad Rural Argentina y al propio Roca, que se quedó con miles de hectáreas en el sur bonaerense, con su estancia “La Larga”. Eso es lo que vale en una sociedad que quiere asentar su democracia: el debate. No sólo de los problemas de la actualidad sino de cómo se comportó en su pasado. Los crímenes legales que se cometieron y que nunca fueron revisados. Los argumentos fueron de tal peso, todos basados en terminar con los racismos y los intereses probados, y en hacer valer la moral y la vida. Le damos poco tiempo a la existencia de ese monumento provocador, principalmente para los pueblos originales que viven desde hace siglos en esas regiones.

Y justamente bien al sur de esa Patagonia vivió durante siglos esa etnia llamada tehuelche, que fue exterminada poco a poco desde la llegada de los europeos. Sobre esa etnia acaba de salir un magnífico libro de Osvaldo Mondelo, titulado precisamente Tehuelches, con una colección increíble de fotografías con sus rostros, los de sus mujeres y los de sus niños. Un libro para tener y repasar por su valor artístico, histórico y antropológico. Rostros sufridos, resignados, soñadores, pensando en otras vidas y apegados a la naturaleza. Un libro para aprender a apreciar a esas culturas básicas del origen de estas regiones como llanuras habitables. Sus vestimentas, sus herramientas de caza. Sus mujeres con ese principio natural de dar vida y los niños, con sus miradas curiosas sin fin. Un libro más que fundamental para nuestras culturas. Y aquí no puedo menos que agregar que han salido a la venta otros dos libros, en sus terceras ediciones: El malón de la paz y Pedagogía de la desmemoria, los dos de Marcelo Valko, un aporte también fundamental para conocer capítulos de nuestra historia referidos a los pueblos originarios.

Justamente en Calafate, ese centro de bellezas patagónicas, se propuso en los últimos días cambiar el nombre de Julio A. Roca por el del cacique Orqueque, un tehuelche que se defendió contra la invasión de Buenos Aires, fue detenido y enviado a esa ciudad, donde al poco tiempo falleció por enfermedad. La proposición se iba a aprobar por unanimidad, hasta que un ciudadano de la ciudad objetó ese cambio. Se leyeron sus argumentos y se decidió entonces posponer la decisión hasta el año próximo, a fin de estudiar a fondo toda la problemática otra vez. He leído los argumentos de este señor, Fernando Arteaga, que son los mismos de quienes defienden el genocidio de Roca, como Mariano Grondona y otros desde el diario La Nación. Aquello de que los mapuches eran indios “chilenos”, cosa que es un disparate. Esos pueblos originarios no reconocían las fronteras actuales, que fueron fijadas mucho después. Justifica lo de la campaña del desierto cuando en realidad había tierra para todos y se hubiera podido llegar a un acuerdo sin recurrir a la muerte o al exterminio, y menos a reimplantar la esclavitud. A lo cual el señor Arteaga denomina una cuestión de época. Cosa que no es así, sería beneficioso que leyera las actas de la Asamblea del año XIII. Ni la muerte ni la esclavitud se pueden aceptar. Y más de aquellos que se preciaban de heredar la cultura europea y cristiana. Pero está bien que se inicie en Calafate el debate sobre estos temas. En esos debates siempre se aprende, mientras se defiendan los derechos de la vida.

Este debate de nuestra historia nos llevar indefectiblemente a forjar un mejor futuro para las próximas generaciones.

Osvaldo Bayer. Página 12 del 08/12/2012.-

Finalmente, triunfa la ética

Siempre me gusta repetir una frase que he comprobado que se hace realidad a través del tiempo. A veces tarda años, siglos, pero finalmente la ética en la Historia da su última palabra, es el juicio final que queda para siempre. En la Argentina lo estamos comprobando en el caso de los dictadores de la desaparición de personas. Y, al mismo tiempo, la Historia está dejando al desnudo a una figura tenida casi como nuestro héroe máximo (ver el tamaño de nuestros monumentos, por ejemplo). En este aspecto me refiero a cómo los historiadores, los docentes y muchos sectores de la población han reaccionado contra Julio Argentino Roca y han empezado a dudar de los valores absolutos que se adjudicaron siempre a un Sarmiento, a un Mitre y a otros protagonistas de aquel período del denominado “progreso” argentino.

Bastaría, por ejemplo, describir el acto que se acaba de realizar en el Teatro Español de Santa Rosa, La Pampa. Estuvo presente hasta el propio intendente de la ciudad, Luis Larrañaga, y hablaron representantes de todas las etnias indígenas de esa región. Pude participar para leer algunos documentos que lo dicen todo: que la denominada Campaña del Desierto fue un verdadero genocidio que desgraciadamente cometieron los propios argentinos con los habitantes originarios de estas extensas tierras. Campaña que se hizo con la co-financiación de la Sociedad Rural Argentina y que al final terminó con la entrega de 40 millones de hectáreas a estancieros de esa entidad. Esto por supuesto causó la muerte de miles de habitantes de nuestras pampas. Además, un hecho que manchará para siempre la figura de Roca y la del presidente Nicolás Avellaneda es que con esa campaña se restableció la esclavitud en la Argentina (eliminada por esos patriotas de la Asamblea del año XIII), esclavizando no sólo a los hombres indígenas, sino también a sus mujeres y a sus niños, a los cuales se los entregó a familias de Buenos Aires como “mandaderos”.

Los argentinos, pues, fuimos capaces de esa infamia que habían establecido los conquistadores españoles en las distintas formas esclavizantes: encomienda, mita, yanaconazgo, etcétera. Occidentales y cristianos.

En el acto pampeano, territorio parte de la campaña de exterminio de Roca, se propuso que la avenida Roca, continuación de la misma avenida llamada San Martín en sus comienzos, pasara a llamarse en todo su trayectoria con el nombre de nuestro Libertador. Pero claro, siempre hay una oveja negra en el rebaño. Fuera del acto, el viceintendente Angel Baraybar hizo declaraciones contrarias con los argumentos falsos de siempre. Dijo que Roca no fue autor de un “exterminio”, porque todavía “hay indios”. Una cuestión de léxico para el señor “representante del pueblo”. Como si no fuera lo mismo matar a 15 mil personas que a 20 mil. Como sostienen algunos: “Hitler no mató a 6 millones de judíos, fueron sólo 2 millones”. O como sostienen otros: “Los turcos no mataron a más de un millón de armenios, sólo a 60 mil”. Como si no fueran los mismos crímenes matar a 2 mil o a 10 mil. Además, sostuvo el estúpido argumento de que “los mapuches no eran argentinos, eran indios chilenos”. Señor Baraybar: los pueblos originarios no tenían “fronteras”, son etnias, no tenían marcados límites con murallas o con hitos vigilados por miles de uniformados en la irracional tarea de cuidar “esto que es mío”. No eran ni argentinos, ni chilenos, ni bolivianos, eran etnias distintas. Además, señala que a Roca le debemos la frontera definitiva con Chile. No, Roca habría sido un héroe racional si hubiera cumplido con el sueño de aquel gran libertador, Bolívar: los Estados Unidos Latinoamericanos, y no estar divididos con fronteras totalmente artificiales. Para qué fronteras. Para darles una tarea a los ejércitos, ya que en vez de las armas entre los pueblos debería existir sólo la mano abierta.

Pero el egoísmo, el ansia de posesión, la muerte del otro como medio de lograr honores no pasan a la historia definitiva. Sólo aquellos que tratan de cumplir con los principios de Igualdad, Libertad, Fraternidad son los que pasan a la Historia definitiva. Y esto quedó claro en el acto de Santa Rosa, cuando hablaron con el mismo objetivo representantes de diversas organizaciones étnicas y nosotros, los que “bajamos de los barcos” y que somos argentinos tanto como los que pueblan estas tierras hace miles de años.

Y así, día tras día, se van sucediendo los actos en todo el país de los que desean terminar con el racismo oculto y no dar razón a los que finalmente se quedaron con la generosa tierra gaucha y le pusieron alambrados para decir “esto es mío, mío, mío”. Por ejemplo, el acto que se llevó a cabo en la ciudad bonaerense de Coronel Rauch, que lleva el nombre de ese despreciable militar y mercenario europeo contratado por Rivadavia para “exterminar a los indios ranqueles”, como dice el decreto de ese primer presidente argentino. Fue un acto vibrante, pleno de docentes, padres, madres, jóvenes, empleados, obreros, hombres de los sindicatos, es decir, gente de pueblo. Todos quieren vivir en una ciudad que no tenga el nombre de un mercenario asesino sino de alguien que dejó para siempre señales de respeto a la vida y a la naturaleza y luchó por el bienestar de todos y de la cultura. ¿Por qué hay ciudades y pueblos en la llanura bonaerense que tienen nombres de los oficiales de Roca y no poseen los hermosos y poéticos nombres con que los pueblos originarios denominaban esas regiones, lagos y ríos? ¿No es más bello el nombre de Nahuel Huapi, para un lago, que lago Perito Moreno, lago Roca, lago Gutiérrez o lago Fagnano, como fueron bautizados por aquellos que fueron beneficiados por la llamada Campaña del Desierto? Por supuesto, en la Argentina dominan nombres de militares, de presidentes, de curas o de dueños de la tierra. Y no la ética, la poesía, la música de la naturaleza como principio fundamental de la vida, sino los cargos, la devoción ante los que mandan. En la iglesia central de Bariloche, una ventana tiene la figura vitral del general Roca, y en otra, la del presidente Avellaneda, el mandatario que aprobó la campaña genocida “del Desierto”, de Roca. Está todo dicho. El genocida y su aliado civil como ejemplos a seguir, en la Casa de Dios.

Pero no sólo el pasado histórico está siendo revisado sobre el comportamiento ético de sus personajes, sino también nuestra historia más reciente. En el colegio secundario Julio Argentino Roca –sí, tal cual, en el barrio capitalino de Belgrano R– se recordó a los 18 estudiantes desaparecidos por la última dictadura militar. Fue muy emocionante. Al comenzar el acto, alumnos pasaron al frente con los retratos de esos jóvenes luchadores por un país igualitario. Los “desaparecieron” las bestias uniformadas y sus secuaces civiles, los torturaron bestialmente, los arrojaron vivos desde aviones al mar. Y ahí están ahora, aplaudidos por todos. Hablaron docentes, el presidente del Instituto para la Memoria, alumnos y escritores. Y uno de ellos puso el dedo en la llaga. Dijo que cómo ese colegio podía llamarse Roca, el desaparecedor de los pueblos originarios, y su retrato colgado en las paredes junto a los de los alumnos desaparecidos. Ironía macabra del destino. Ese vergonzoso actuar de los genuflexos que premiaron a un genocida todavía es aceptado por los que afirman que “en Historia hay que mirar para adelante”, como dice el señor Macri, cuando la ética nos enseña que hay que aprender de la Historia para jamás volver a cometer errores tan oprobiosos. Pero, a pesar de los que la niegan, vemos que, finalmente, la ética siempre triunfa.-

Por Osvaldo Bayer, Página 12 del 24/11/12.-

Drones

Al teléfono con Mary Ellen O’Connell, después de leer lo que se escribió de ella el martes pasado en el Los Angeles Times. “En la batalla legal en contra de los ataques de drones, ella está en la primera línea. Una profesora de derecho de (la universidad de) Nôtre Dame lidera una solitaria campaña para frenar los asesinatos selectivos en Pakistán y otras partes del mundo, insistiendo en que violan el derecho internacional.”

Por lo que sabemos, los “ataques con drones” a los que hace referencia el diario estadounidense son una nueva forma de matar. Una forma de asesinar desde el Estado que se ha adoptado en Estados Unidos a partir del 11-S, pero de manera muy acentuada a partir de la actual presidencia de Barack Obama, que permite la eliminación física de una persona sin juicio ni jurado, con verdugo a control remoto, por orden secreta presidencial, a través de avioncitos teledirigidos armados con bombas y misiles.

La profesora O’Connell no dice “los drones están prohibidos, los drones no se pueden usar”. Dice que los drones disparan misiles y que disparar misiles es un acto de guerra. Entonces los “ataques con drones” sólo deberían permitirse en el marco de un conflicto armado. Sin embargo, son utilizados en países como Pakistán o Yemen, que no están en guerra con Estados Unidos, señala la profesora. Los abogados del Pentágono y la Casa Blanca argumentan que la Guerra al Terror es como un nuevo escenario donde el enemigo no tiene Estado ni territorio, y por lo tanto las viejas leyes no aplican. Pero en sus escritos y declaraciones la profesora O’Co-nnell deja en claro que el derecho humano a la vida sólo se puede quitar cuando hay un peligro directo e inminente contra otra persona si no se actúa, y los asesinatos selectivos a través de drones están muy lejos de alcanzar ese piso de legalidad.

Tenemos poco tiempo. Leslie Berg, asistente de la profesora, nos cuenta que desde que salió la semblanza en el diario de Los Angeles no paran de llamarla de todo el mundo, justo en la semana en que la profesora se ocupa de exámenes de mitad de término. Entonces vamos al grano. Queremos saber cómo viene la batalla legal, que nos haga un despacho desde el mismo frente.

“Hay varios casos que están surgiendo, pero el más importante por el impacto es un juicio en Gran Bretaña por la muerte de un adulto y un niño que eran padre e hijo cuando fueron alcanzados por un misil disparado por un dron en el este de Pakistán. Fue durante una reunión de jefes tribales pacíficos, no había ninguna actividad militar. El abuelo del niño y padre de la otra víctima es quien lleva adelante el juicio, hay unos abogados excelentes tomando declaraciones. El objetivo es que el gobierno británico desista de apoyar con inteligencia y logística a los ataques con drones que realizan los estadounidenses. Hay otro caso por daños (fuero civil) en Estados Unidos por los tres ciudadanos estadounidenses muertos en Yemen, que eran padre, hijo y sobrino, y otro caso en que la demanda la hace la madre de una víctima, en el que el principal acusado es Leon Panetta (ex jefe de la CIA y actual secretario de Defensa).”

¿Y se puede ganar la batalla legal para prohibir los ataques con drones fuera de los escenarios bélicos?

“Lo importante es que estos casos sirven para ir educando al público de que no siempre las cosas fueron así”, contesta la profesora desde su oficina en el campus de la universidad. “Aun en el gobierno de Reagan, la Casa Blanca se oponía a los asesinatos selectivos que realizaba Israel fuera de zonas de combate. (Aprobar ese tipo de asesinatos) no era el punto de vista de Estados Unidos, pero esa política cambió a partir del 11-S. No porque hayan cambiado las leyes, sino por miedo a un mundo que va cambiando.”

Cuenta la profesora que las muertes por ataques de drones ya superan las 4000 víctimas mortales, casi todos durante el gobierno de Obama. “Al principio eran ataques muy selectos pero con el tiempo se fueron masificando hasta desmadrarse. Hoy por pertenecer a cierto grupo etario en determinada población, y te reúnes con otra gente, eso ya te hace un posible blanco de asesinato”, denunció O’Connell. “Espero que Argentina haga presión para terminar con esta práctica. Argentina tiene experiencia en manejar casos de terrorismo (se refiere a los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel) y lo ha manejado dentro de la ley, con ayuda de otros países como Estados Unidos o Israel, pero dentro de los márgenes de la ley.”

La profesora sabe bastante de guerras. Antes de recalar en Notre Dame, la principal universidad católica de Estados Unidos, O’Connell fue docente en el Departamento de Defensa, donde conoció a quien luego sería su marido, un oficial de inteligencia del ejército estadounidense. Entre 2005 y 2010 O’Connell dirigió el Comité sobre Uso de Fuerza de la Asociación de Derecho Internacional y actualmente es la vicepresidenta de la Sociedad americana de Derecho Internacional. “Yo conocí a mi marido militar enseñando leyes sobre conflicto armado en agencias del gobierno de Estados Unidos. Conozco bien el espíritu de la ley, basado en la tradición judeocristiana de sólo recurrir a la violencia en caso de necesidad extrema. El uso de fuerza letal en un escenario bélico es más abierto, pero en tiempo de paz sólo se justifica si salva una vida inmediatamente. Es lo que dice la ley. Se basa en el principio moral de que cada persona tiene derecho a una vida digna. Se trata de una cuestión moral. Por eso es importante que la gente se entere, a partir de explicaciones claras, de lo que dice la ley, para presionar a Estados Unidos como un imperativo moral, que no tiene derecho a matar gente de esta manera.”

Aunque ha testificado sobre la definición de “conflicto armado” en más de un caso de ataques con drones, O’Connell aclara que ella no impulsa causas judiciales. “Yo no actúo como abogada ni como política. Simplemente busco alertar sobre los peligros de lo que está sucediendo a través de mi trabajo académico.”

No queda tiempo para más. Le pregunto si lo que hace Obama con los drones se puede llamar asesinato. “No encuentro otra palabra más apropiada”, se despide la profesora.-

Santiago O`Donnell, Página 12 del 14/10/12.-

Más ricos... más pobres

La noticia estalló justo cuando estaba yo por dejar Alemania para regresar a la Argentina. Los titulares de los diarios lo decían todo: “Certificado de pobreza para un país rico”, “Los ricos de Alemania cada vez más ricos”, “Los pobres siguen pobres; los ricos, más ricos”. Y los que titularon así no son diarios de izquierda, no. Dos de ellos son de tendencia liberal y el otro, conservador. Sí, el informe oficial del gobierno conservador-liberal de Alemania fue como un campanazo de alarma. Ese informe oficial fue presentado por la ministra del gobierno Von der Leyen, del conservador Partido Demócrata-Cristiano. Es decir, no son cifras elaboradas por la izquierda o por algún centro de estudiantes. No. Es nada menos que el informe oficial. Pero en ese informe hay más para asustarse: se ha comprobado que el 10 por ciento de la población posee el 53 por ciento de la riqueza nacional; el 40 por ciento (que conforma la clase media) posee el 46 por ciento de esa riqueza; y el resto, el 50 por ciento de la población, es decir, la mitad de los habitantes totales posee apenas el uno por ciento de la riqueza. Sí, tal cual. Parece increíble. Pero, repetimos, fue presentado oficialmente por el propio gobierno.

Por supuesto, el debate comenzó en todas las esferas. “Alemania no es pobre, pero cada vez más se abre la tijera de la diferencia entre ricos y pobres”, dice con algo de tristeza el diario conservador de Bonn General Anzeiger. Los socialistas salieron a la palestra exigiendo el aumento de los impuestos a los magnates acaudalados. Y en seguida la respuesta conocida: no, no se pueden aumentar los impuestos a los ricos porque si no se llevan esa riqueza a otro país. Y dejan sin trabajo a la gente. Un conocido argumento basado en el miedo a quedarse sin ricos y convertirse todos en pobres. El periódico Frankfurter Rundschau es fuerte en su editorial bajo el título “Así no puede seguir”. Y comienza: “Los alemanes son cada vez más ricos. No es así, la verdad es que los alemanes ricos son cada vez más ricos”. Y llega a la conclusión de que se ha llegado a eso por “la repartición totalmente desigual de la fortuna pública”.

Eso ocurre en la denominada “joya económica de Europa”. El análisis del reparto de la riqueza en los Estados Unidos de Norteamérica daría cifras para asustarse y quedarse mudo. Y entonces nace la obligada pregunta fundamental: ¿ésas son las auténticas democracias? ¿La palabra democracia no tendría que estar uniendo las palabras libertad con igualdad? Todo lo contrario: cada año, en esos países “modelo” aumenta la desigualdad. Por ejemplo, en Alemania, en 2008, el 10 por ciento que conforma la franja de los pobladores más ricos contaban con el 45 por ciento de la fortuna privada total; cuatro años después esa parte ha subido el 53 por ciento. ¿Qué pasará dentro de diez años? Mientras tanto, Alemania tiene cerca de tres millones de desocupados que cobran una ayuda por cierto muy modesta. El diario bávaro Münchner Merkur titula “Dinamita bajo el fundamento de la democracia” y protesta porque cada vez más “la democracia es desgastada por una masa de población que se va empobreciendo mientras aumenta cada vez más la riqueza de la clase alta”. “Alemania se ha convertido en una sociedad de clases”. La única democracia que poseen los pobres es poner el papelito en las urnas cada dos años, igual que los ricos. Y aquí cabe de nuevo la pregunta: ¿es ésa una auténtica democracia?

Un golpe severo para el gobierno de su propio partido, la Democracia Cristiana acaba de ser asestado por uno de los hombres fundamentales en la historia de ese partido político, Heiner Geissler, que fue secretario general de esa organización durante doce años (desde 1977 a 1989). En el congreso partidario de Rhein-Sieg declaró que “El mundo ha caído en el desorden porque la política y la economía han perdido sus fundamentos éticos”. Y agregó mencionando al gobierno de su propio partido: “ya no poseemos nosotros una economía social de mercado sino llanamente el capitalismo”. Y dio esta meta: “necesitamos un sistema de mercado social-ecológico internacional. Ahora se ahorra a costo del ser humano. Esto lo tiene que tener en claro la Democracia Cristiana porque actualmente hay en el mundo dinero como trigo y dinero como mierda. Y nos representa la gente falsa”. De paso criticó a la Iglesia Católica diciendo: “La Iglesia no tiene que renunciar a sus obligaciones sociales, y no sólo dedicarse a la liturgia y a un falso alejarse de lo llamado mundanal”.

Algo para reflexionar. Y es que no salieron estas palabras de algún “agitador” de izquierda, sino de un hombre de la escuela de Adenauer y Kohl.

Ante las realidades lo bueno es que comience por fin un debate constructivo que ayude a salir de la crisis en que se encuentra el continente europeo.

Regreso a Buenos Aires. Me encuentro con mi amigo de muchos años, el pastor evangélico Arturo Blatezky, representante de la comunidad luterana alemana en la Argentina. Lo veo al borde de la de-sesperación. El tiene en Quilmes un comedor infantil y además instituciones pedagógicas en las que asiste a niños de villas de extrema pobreza en esa localidad bonaerense. Yo he visitado esos lugares y admiro a este hombre y a sus ayudantes. Dar de comer a los niños más humildes de nuestra sociedad que tienen hambre. ¿Qué mejor papel hay en la vida que eso? Los niños. Ver sus ojos. Llenarlos de esperanza y mostrarles la mano abierta que le niega la realidad.

Me explica: desde hace meses, el gobierno bonaerense no da la ayuda estipulada a los comedores infantiles ni paga las becas para los asistentes que mantienen con su trabajo esos lugares tan necesarios para mantener la paz y alejar la violencia de nuestras ciudades: los niños con hambre, los niños que necesitan sonrisa a través de las manos docentes que los ayudan a soportar su destino no buscado.

En este hombre y en su mujer, Claudia Lohff, existe una pasión por la ayuda a los más desamparados de nuestra sociedad, los niños de nuestras villas miseria y sus madres. Primero crearon el jardín maternal Los Angelitos y luego el jardín de infantes El arca de los niños. Los he visitado varias veces, son lugares en los que los niños se sienten felices, se los oye reír, conversar, gritar, pegar saltos de alegría. Es crear vida sostener esos lugares. Crear futuro sin violencia. Son totalmente gratuitos, para niños de 3 meses a 5 años, funcionan de lunes a viernes de 7 a 17 horas. Se les dan a los niños tres comidas diarias, se los cuida en la salud y la higiene, y se les da actividades pedagógicas, descanso y recreación. Concurren 130 niños y niñas de las familias más pobres y desprotegidas de las zonas marginales de Quilmes. Acompañan a las madres y a los padres (si los hubiere) en sus gravísimas dificultades de supervivencia diaria. Son todas familias consideradas “de riesgo”, sin trabajo, en viviendas absolutamente precarias, en hacinamiento, con problemas de alcohol y drogas, o con sida, violencia familiar, abuso de menores y la discriminación que sufren diariamente por parte de la “sociedad”. Es decir, estas manos abiertas ayudan a que se respeten los Derechos Humanos del Niño. El pastor Arturo Blatezky pertenece al Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH) y protegió en este lugar quilmeño a familias de desaparecidos, presos y perseguidos por la dictadura militar.

Para el funcionamiento de estas increíbles iniciativas contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de Alemania. Son ya tres décadas de existencia y por supuesto dependen en gran parte de las ayudas estatales de la provincia de Buenos Aires, que ahora no reciben más y la situación es muy difícil por el aumento de los costos de alimentos y servicios. De pronto, la obligación profundamente moral que tienen las autoridades provinciales fue olvidada o postergada. Por eso, el jueves pasado, más de cuatro mil personas hicieron una marcha hacia la casa de gobierno de La Plata a pedir al gobernador Scioli su inmediata intervención. Pero pese a todos los trámites realizados, no fueron recibidos.

No podemos dejar de dedicar estas líneas a este profundo problema de nuestra sociedad. Creemos que finalmente las autoridades reflexionarán. Se trata de nuestros niños. Sí, nuestros, porque nos pertenecen a todos como sociedad y somos responsables de ello. Nunca más permitir niños con hambre en nuestras calles. Nunca más. Es un deber de todo país democrático.-

Osvaldo Bayer. Página 12 del 29/9/2012