miércoles, 24 de julio de 2013

Comunicado de prensa de LatinNCAP

Varias marcas reconocidas a nivel mundial continúan ofreciendo protección deficiente
Latin NCAP ha otorgado por primera vez una calificación cinco estrellas en seguridad del adulto, se trata del SEAT Nuevo León. También nos es grato anunciar la calificación cuatro estrellas para la protección del pasajero adulto del City Car Suzuki Celerio. Los resultados evidencian que los fabricantes pueden ofrecer a la región también pequeños automóviles con estructuras estables y con buena protección para sus ocupantes.
En contraste con estos resultados positivos los últimos ensayos de Latin NCAP revelan que varios de los modelos más vendidos de marcas mundialmente reconocidas aún ofrecen autos con niveles de seguridad de cero estrellas que no cumplen ni siquiera con mínimas regulaciones en seguridad. Los automóviles con peor desempeño en la última instancia de ensayos de choque de Latin NCAP fueron el Nissan Tsuru (Sentra B13), Renault Clio Mio, Suzuki Alto K10 y el Chevrolet Agile; todos ellos obtuvieron cero estrellas.
“Es muy desalentador y se debe en parte a la falta de airbags en la versión estándar; pero el verdadero problema es la seguridad deficiente de las estructuras de los habitáculos”, observó el Director Técnico de Global NCAP, Ing. Alejandro Furas. “Las estructuras de los habitáculos que colapsan sobre los pasajeros pueden tener consecuencias fatales en una colisión real. Estos autos con cero estrellas son producto de empresas que fabrican autos seguros de calidad cinco estrellas para consumidores de otras partes del mundo y a precios accesibles. Ha llegado el momento en que los consumidores latinoamericanos pueden elegir modelos de cinco estrellas que superen regulaciones mundiales de seguridad”.
“La buena noticia es que ahora que el SEAT Nuevo León obtuvo nuestra primera calificación cinco estrellas en seguridad del adulto (y cuatro en la seguridad del niño), América Latina cuenta con un auto familiar que ofrece a los consumidores la protección esperada de un auto nuevo”, dijo Furas. “Debido al alto número de modelos líderes de mercado que no aprueban nuestros ensayos a causa de estructuras y airbags deficientes, exhortamos a los consumidores a verificar, antes de comprar un vehículo, la clasificación de seguridad en www.latinncap.com”.

Los últimos resultados

La primera calificación cinco estrellas en seguridad para el adulto de Latin NCAP asegura a los consumidores que el SEAT Nuevo León es realmente un modelo global que ofrece una protección prácticamente idéntica a su versión europea. Cuenta con una estructura robusta ante el choque y los cinturones de seguridad y airbags brindan buena protección a los pasajeros contra colisiones tanto frontales como laterales. El Nuevo León cuenta con seis airbags, ABS y recordadores de cinturones (SBR) en su versión estándar; todos los elementos mostraron buen desempeño durante la evaluación. Los airbags para las rodillas, estándar en Europa, y los airbags laterales traseros son de compra opcional. Este modelo obtuvo la calificación de 4 estrellas para la seguridad del niño donde el sistema ISOFIX en los anclajes y en los SRI (ambos cumpliendo regulaciones tecnicidad de la ONU) tuvo un papel decisivo.
A pesar de su tamaño compacto, el City Car de Suzuki, el Celerio alcanzó sin dificultades la calificación de cuatro estrellas para la protección del pasajero adulto. La calificación de dos estrellas para la protección al pasajero niño se debe fundamentalmente a la falta de asientos compatibles con el sistema ISOFIX para el auto. El Celerio cuenta con puntos de anclaje ISOFIX, pero Suzuki no pudo recomendar un asiento ISOFIX para el ensayo, por lo que ajustó los SRI con los cinturones. A causa de esto, el muñeco niño ubicado detrás del conductor no pudo evitar un desplazamiento excesivo hacia delante durante el ensayo de choque y se produjo contacto entre la cabeza y el asiento delantero.
El video del test del Nissan Tsuru (Sentra B13) ha sido uno de los más preocupantes de los últimos ensayos realizados. La estructura del vehículo en el habitáculo experimentó un colapso casi total. Este hecho, junto a las fuerzas elevadas registradas por los muñecos, implica que el vehículo solo puede recibir una clasificación de cero estrellas. El vehículo probado cuenta con cinturones de dos puntas, en vez de los convencionales de tres puntas, en las posiciones traseras lo que hace imposible la instalación adecuada de una silla infantil. Debido a todos estos aspectos, Latin NCAP considera que el Tsuru (Sentra B13) en su versión más básica no se encuentra equipado para transportar niños en forma segura.
La estructura del habitáculo del Renault Clio Mio fue calificada como inestable en los ensayos de choque; las fuerzas experimentadas por las cabezas de los muñecos fueron inaceptablemente altas. Estos resultados hacen que el Renault Clio Mio obtenga cero estrellas y cero puntos en la seguridad del adulto. La protección al pasajero infantil también presentó problemas. Una compatibilidad pobre para la silla infantil y un pobre desempeño en los ensayos dinámicos le valieron una calificación de apenas dos estrellas.
El Chevrolet Agile también recibió una calificación de cero estrellas. Los muñecos pasajeros registraron esfuerzos elevados durante el ensayo de choque y la estructura del habitáculo del vehículo resultó inestable, también una zona de los pies del conductor que presentó exposiciones a riesgos mayores. Las fuerzas sobre la cabeza del conductor resultaron inaceptablemente altas. La protección al pasajero niño obtuvo apenas dos estrellas.
El Suzuki Alto obtuvo cero estrellas para la seguridad del pasajero adulto debido a una estructura del habitáculo inestable y a altas fuerzas sobre los muñecos, lo que representa un riesgo inaceptablemente alto para la vida de los ocupantes. El vehículo alcanzó una clasificación de tres estrellas para la seguridad del pasajero niño, sin embargo, esto se debió principalmente a que la mayoría de la energía del impacto fue absorbida por la parte delantera del vehículo.
El Chevrolet Agile también recibió una calificación de cero estrellas. Los muñecos pasajeros registraron esfuerzos elevados durante el ensayo de choque y la estructura del habitáculo del vehículo resultó inestable, también una zona de los pies del conductor que presentó exposiciones a riesgos mayores. Las fuerzas sobre la cabeza del conductor resultaron inaceptablemente altas. La protección al pasajero niño obtuvo apenas dos estrellas.

Latin NCAP aumenta la exigencia de sus ensayos

Este año Latin NCAP aumentó la exigencia de sus procedimientos de ensayo. El sistema de puntos penaliza a los vehículos cuando los muñecos experimentan cargas que suponen una lesión fatal en el mismo test. Un auto de cinco estrellas para adultos deberá además pasar el ensayo para impacto lateral de la Regulación 95 de las Naciones Unidas, así como brindar ABS y avisadores de cinturón para los asientos delanteros en los modelos estándar.

Señales de progreso

Latin NCAP agradece las permanentes señales de diálogo constructivo con los fabricantes de automóviles. Realmente se aprecia la voluntad de algunos fabricantes líderes de cambiar su producción para introducir al mercado modelos con mayores niveles de seguridad. Esto pone en evidencia los beneficios producidos por el esfuerzo de Latin NCAP por concientizar a los consumidores respecto al desempeño en seguridad de los autos vendidos en la región.
Un tema que preocupa a Latin NCAP es la falta de regulaciones de la ONU para la seguridad de los vehículos y la conformidad de producción que los modelos deben mantener desde su aprobación original para la venta y el período durante en el que están disponibles en los mercados regionales, lo que debería ser evaluado en laboratorios independientes.
La falta de regulaciones en seguridad vehicular de Naciones Unidas y de laboratorios independientes de testeo dificultan el control por parte de los gobiernos de América Latina de que los fabricantes mantengan la calidad de los vehículos a la venta. Latin NCAP recomienda discutir este tema con las autoridades especialmente en aquellos países que lideran la fabricación de vehículos en la región. Latin NCAP celebra los planes anunciados por el gobierno brasileño para la creación de un laboratorio de testeo propio y alienta su completa independencia.

Seguridad del pasajero niño

La utilización del sistema de retención infantil ISOFIX juega un rol fundamental a la hora de reducir la probabilidad de instalación incorrecta y generalmente mejora el desempeño dinámico. Latin NCAP recomienda ISOFIX y alienta a todos los gobiernos, fabricantes de autos y distribuidores de la región a fomentar la utilización de Sistemas de Retención Infantil ISOFIX acorde con la regulación R44 de las Naciones Unidas y volver obligatoria la implementación de anclajes ISOFIX en los vehículos según lo dispuesto por las regulaciones de las Naciones Unidas.
La opinión de los socios del Programa Max Mosley, Presidente de Global NCAP: “Felicitaciones para SEAT por ser el primer fabricante en obtener 5 estrellas en América Latina. Esperemos que sea éste el primero de muchos más autos cinco estrellas en la región. Nos apena, en cambio, la existencia de autos con calificación de cero estrellas producidos por Chevrolet, Nissan, Renault y Suzuki. Nos desilusiona ver fabricantes de este nivel producir autos deficientes que no pasarían las mínimas regulaciones de un ensayo de choque frontal de las Naciones Unidas”.
Carlos Macaya, Trustee de Fundación FIA y Presidente del Automóvil Club de Costa Rica: “Este es un gran resultado para la seguridad vehicular en América Latina. SEAT ha demostrado que es posible alcanzar niveles de seguridad cinco estrellas tanto aquí en América Latina, como en Europa y Estados Unidos. Latin NCAP también ha demostrado su capacidad para acelerar la introducción de modelos más seguros a la región. Es hora de que otros fabricantes sigan el gran ejemplo fijado por SEAT, y se unan al club de Latin NCAP de cinco estrellas en seguridad”
María Fernanda Rodríguez, Presidenta Fundación Gonzalo Rodríguez: “Estos resultados son los que más sentimientos encontrado me han provocado. Como Presidenta de la Fundacion Gonzalo Rodriguez, que trabaja hace más de 12 años para mejorar la calidad de vida de los niños y gran amante del mundo automotor, me preocupa mucho ver que la seguridad del niño siempre queda en un segundo plano, considerando que es el más vulnerable y el futuro de todos nosotros. Veo con gran tristeza otra vez calificaciones de 0 (cero), 1 y 2 estrellas en seguridad del niño y las cuatro vehículos con cero estrellas para la protección de adultos a pesar que todos sabemos cómo mejorar y cambiar este aspecto: con mejores políticas, controles eficientes e información disponible para todos”
Guido Adriaenssens, Director Ejecutivo de International Consumer Research & Testing: “Las organizaciones de consumidores de América Latina celebran que el Seat León haya obtenido la primera puntuación 5 estrellas para la protección al pasajero adulto. Es, sin embargo, muy desalentador que de los otros cinco autos evaluados, solo el Suzuki Celerio ofrezca un nivel de protección adecuado. Los otros cuatro representaron un riesgo a la vida de los consumidores en caso de colisión. Los desastrosos resultados obtenidos en el choque frontal indican un alto riesgo de lesiones graves e incluso fatales, registrando resultados históricamente bajos de 0 estrellas. Otro resultado sorprendente fue la constatación de que el Nissan Tsuru no puede albergar sillas infantiles de manera apropiada en sus asientos traseros, lo que lo imposibilita para el transporte seguro de niños. ICRT / Latin NCAP conmina a los fabricantes a mejorar el nivel de estos modelos hasta un nivel aceptable de seguridad o a reemplazarlos por productos de última generación en seguridad. Dos de los autos incluidos en este lote prueban que ésta es una demanda razonable”.
Jorge Tomasi, Presidente FIA IV Región y Presidente del Automóvil Club del Uruguay: “Latin NCAP ha demostrado la efectividad de este tipo de programas aun en mercados donde los requisitos técnicos de seguridad para los vehículos es muy pobre. Desde el 2010, a{o en el cual Latin NCAP fue presentado por primera vez, la mayoría de las marcas fabricantes comenzaron a tomar las pruebas de Latin NCAP como referente para el desarrollo de sus nuevos modelos para la región. Otras han implementado cambios en la producción como por ejemplo implementar el doble airbag frontal como estandar previo a la obligatoriedad de los mismos en dos modelos muy populares. Hemos visto como otras marcas han desarrollado modelo de calificaciones de 4 estrellas en los segmentos más competitivos de la región. Esperamos que esta nueva etapa de Latin NCAP con protocolos más exigentes, promuevan una mejora aun mayor y más rápida en la seguridad de los vehículos. Claro está que para lograr este en forma efectiva es necesario que los gobiernos de la región eleven sus requerimientos de seguridad al nivel de aquellos que desarrolla las Naciones Unidas en el WP29”.
Ing. Alejandro Tadía, Especialista líder en la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo: “Para el Banco Interamericano de Desarrollo, es una muy buena noticia que haya evidencia concreta de progreso en el Latin NCAP. Sin embargo, debemos seguir trabajando para que todos los vehículos que se vendan en nuestra región cumplan con estándares de seguridad similares a los vigentes en Europa o los Estados Unidos. Nuestra tasa de muertes por siniestros viales aún duplica a las de regiones más desarrolladas. Por ello el BID mantendrá su apoyo al programa Latin NCAP para profundizar el diálogo entre los gobiernos, las automotrices y los consumidores con el fin de mejorar la seguridad vehicular en América Latina y el Caribe”.
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Cuba crea cuatro vacunas contra el cáncer: una lección a las farmacéuticas que no será noticia

Que Cuba haya desarrollado ya cuatro vacunas contra diferentes tipos de cáncer es sin duda una noticia importante para la Humanidad (1), si tenemos en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo, por esta enfermedad, cerca de 8 millones de personas (2). Sin embargo, los grandes medios internacionales la han ignorado casi por completo.
En 2012 Cuba patentaba la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado a nivel mundial, la CIMAVAX-EGF (3). Y en enero de 2013 se anunciaba la segunda, la llamada Racotumomab (4). Ensayos clínicos en 86 países demuestran que estas vacunas, aunque no curan la enfermedad, consiguen la reducción de los tumores y permiten una etapa estable de la enfermedad, aumentando esperanza y calidad de vida.
El Centro de Inmunología Molecular de La Habana, perteneciente al Estado cubano, es el creador de todas estas vacunas. Ya en 1985 desarrolló la vacuna de la meningitis B (5), única en el mundo, y más tarde otras, como las que combaten la hepatitis B o el dengue (6). Además, investiga desde hace años para desarrollar una vacuna contra el VIH-SIDA (7). Otro centro estatal cubano, los laboratorios LABIOFAM, desarrolla medicamentos homeopáticos también contra el cáncer: es el caso del VIDATOX, elaborado a partir del veneno del alacrán azul (8).
Cuba exporta estos fármacos a 26 países, y participa en empresas mixtas en China, Canadá y España (9). Todo esto rompe completamente un estereotipo muy extendido, reforzado por el silencio mediático acerca de los avances de Cuba y otros países del Sur: que la investigación médico-farmacéutica de vanguardia se produce solo en los países llamados “desarrollados”.
Indudablemente, el Estado cubano obtiene un rendimiento económico de la venta internacional de estos productos farmacéuticos (10). Sin embargo, su filosofía de investigación y comercialización está en las antípodas de la práctica empresarial de la gran industria farmacéutica.
El Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts denunciaba recientemente que las farmacéuticas orientan sus investigaciones no a la cura de las enfermedades, sino al desarrollo de fármacos para dolencias crónicas, mucho más rentables económicamente (11). Y señalaba que las enfermedades propias de los países más pobres –por su baja rentabilidad- sencillamente no se investigan. Por ello, el 90% del presupuesto para investigación está destinado a las enfermedades del 10% de la población mundial.
La industria pública médico-farmacéutica de Cuba, aún siendo una de las principales fuentes de divisas para el país, se rige por principios radicalmente opuestos.
En primer lugar, sus investigaciones van dirigidas, en buena parte, a desarrollar vacunas que evitan enfermedades y, en consecuencia, aminoran el gasto en medicamentos de la población. En un artículo en la prestigiosa revista Science, los investigadores de Universidad de Stanford (California) Paul Drain y Michele Barry aseguraban que Cuba obtiene mejores indicadores de salud que EEUU gastando hasta veinte veces menos (12). La razón: la ausencia –en el modelo cubano- de presiones y estímulos comerciales por parte de las farmacéuticas, y una exitosa estrategia de educación de la población en prevención de salud.
Además, las terapias naturales y tradicionales –como la medicina herbolaria, la acupuntura, la hipnosis y muchas otras-, prácticas poco rentables para los fabricantes de medicamentos, están integradas desde hace años en el sistema de salud pública gratuita de la Isla (13).
Por otro lado, en Cuba los fármacos son distribuidos, en primer lugar, en la red hospitalaria pública nacional, de forma gratuita o altamente subsidiada -precisamente- gracias a los ingresos en moneda fuerte por sus exportaciones (14).
La industria farmacéutica cubana, además, apenas destina presupuesto al gasto publicitario que, en el caso de la multinacionales, es superior incluso al invertido en la propia investigación (15).
Por último, Cuba impulsa la producción de fármacos genéricos que pone a disposición de otros países pobres y de la Organización Mundial de la Salud, a un precio muy inferior al de la gran industria mundial (16).
Pero estos acuerdos, ajenos a las reglas del mercado, generan fuertes presiones desde la industria farmacéutica. Recientemente, el Gobierno de Ecuador anunciaba la compra a Cuba de un número importante de medicamentos, en “reciprocidad” por la becas a estudiantes ecuatorianos en la Isla y por el apoyo de especialistas cubanos en el programa “Manuela Espejo” para personas discapacitadas (17). Las protestas de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos se convirtieron de inmediato en campaña mediática, difundiendo el mensaje de la supuesta mala calidad de los fármacos cubanos (18).
Por otro lado, numerosos analistas ven detrás del golpe de estado de Honduras, en 2009, a la gran industria farmacéutica internacional, ya que el gobierno del depuesto Manuel Zelaya, en el marco del acuerdo ALBA, pretendía sustituir la importación de medicamentos de las multinacionales por los genéricos cubanos (19).
El bloqueo de EEUU a Cuba impone importantes obstáculos para la comercialización internacional de los productos farmacéuticos cubanos, pero también perjudica directamente a la ciudadanía de EEUU. Por ejemplo, las 80.000 personas diabéticas que sufren en este país, cada año, la amputación de los dedos de sus pies, no pueden acceder a la vacuna cubana Heperprot P, que precisamente las evita (20).
El Premio Nobel de Química Peter Agre afirmaba recientemente que "Cuba es un magnífico ejemplo de cómo se pueden integrar el conocimiento y la investigación científica" (21). Irina Bokova, directora general de la UNESCO, decía sentirse “muy impresionada” con los logros científicos de Cuba y mostraba la voluntad de esta organización de Naciones Unidas en promoverlos en el resto del mundo (22). La pregunta es inevitable: ¿contará con la colaboración imprescindible de los grandes medios internacionales para difundirlos?
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viernes, 17 de mayo de 2013

La realidad vergonzante

El lunes pasado (por el 25 de marzo de 2013) asistí, aquí en Buenos Aires, a uno de los actos más plenos de coraje y constructivos de los que he vivido en mi larga vida. El realizado en la Comisión Nacional de Valores, en la calle 25 de Mayo, plena de bancos y de vida financiera y de negocios. Se presentó allí un informe acerca de “Economía política, sistema financiero y dictadura”. Por primera vez una investigación a fondo de los delitos económicos cometidos por la última dictadura militar. Delitos que beneficiaron a militares y a los civiles colaboracionistas de la dictadura, casi todos ellos, empresarios de gran fuste. Sí, por primera vez se investiga este aspecto de la última dictadura que, a la vez que hacía desaparecer a seres humanos, se quedaba, en el caso de empresarios, con su fortuna, sus propiedades, sus acciones.

Como digo siempre: en mis 86 años he conocido trece dictadores. Todos ellos, después de finalizar su poderío murieron pacíficamente en sus domicilios, gozando de sus sueldos de generales y almirantes y, por supuesto, de sus títulos militares. Esta es la primera vez que los dictadores y sus secuaces están en cárceles comunes y se investigan los delitos económicos cometidos durante sus mandatos. La única vergüenza para la Etica ha sido que Martínez de Hoz, el secuaz más penetrante de ese período de violencia e injusticia, murió en su edificio, el más lujoso de Buenos Aires, el Cavanagh. Y aquí la pregunta es: por qué si las cárceles argentinas todas tienen instalaciones médicas no se lo envió a una de esas enfermerías carcelarias. No, Martínez de Hoz murió en su cama y en su edificio de aristócrata.
Pero vayamos al informe de la Comisión de Valores. Ese informe fue elaborado por tres profundos investigadores: Celeste Perosini, Walter Bosisio y Bruno Napoli. En la edición del domingo pasado de Página/12, Alejandra Dandán hace un profundo análisis de este informe. Y con esta nota quisiéramos ahondar en dar datos sobre el doloroso y patético proceso que debieron sufrir los empresarios Alejandro y Carlos Iaccarino, dos hombres que trataban de establecer un sistema menos explotador y más coherente, en cuanto a la distribución de bienes en torno de sus obreros y el cuidado de la naturaleza. Dos aspectos muy mal vistos por los empresarios clásicos y por la línea económica llevada a cabo por Martínez de Hoz y apoyada por las tres armas de la Nación.
Es increíble: todo está demostrado en actas oficiales y de los juzgados. Nada se puede desmentir. Los hermanos Iaccarino poseían una empresa lechera en Santiago del Estero. Su forma de administración era bien distinta a las demás empresas que dominaban el mercado. Eliminaban las intermediaciones, trataban directamente con los productores, a los cuales se les pagaba más, y con los obreros se mantenía un diálogo perfecto conformándose los empresarios con ganancias más bien modestas pero que les llenaban de orgullo frente a las fortunas de la competencia. Por supuesto, esto no fue soportado por los poderosos que tenían contactos con el jefe supremo de la Economía, Martínez de Hoz.
Los tres hermanos fueron detenidos el 4 de noviembre de 1976, acusados de conspirar contra los bienes de la Nación. Comenzó el martirio. Los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino estuvieron en nueve centros clandestinos de detención y en catorce centros de detención oficiales. Sufrieron torturas de toda clase. Alejandro nos relata lo que es soportar la picana eléctrica en todos sus matices y el estar “colgados” mientras se les practicaban esas torturas. Lo que perseguían los torturadores era que renunciaran a sus propiedades y se alejaran para siempre de las zonas en las que desarrollaban sus tareas. Hasta que todo culminó con lo que perseguían sus enemigos económicos: la renuncia a sus empresas y propiedades. Parece increíble. Pero todo se hizo legalmente: vino la escribana a la cárcel y también quienes exigían quedarse con todo. Ahí se levantó el acta, de la cual tienen una copia dada por la escribana oficial. Dice el acta: Escritura Número 210, en la ciudad de Avellaneda, a once de noviembre de 1977, ante mí, Lía M. Cuartas de Caamaño, escribana titular del registro No. Uno de este partido y a solicitud de los requirientes me constituyo en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda... etc. Y allí les dan el poder a dos personas que podrán vender al precio que ellos indiquen las propiedades de sus posesiones en Santiago del Estero. Tal cual, con nombres y apellidos. La pregunta es: ¿cómo una escribana pudo soportar que a dos presos del Poder Ejecutivo se les obligue a firmar en ese centro de detención conocido como El infierno? Esa señora escribana sigue ejerciendo su profesión ahora, como si nada hubiese pasado. Sí, esa acta fue firmada con la condición de salvar sus vidas y terminar con los tormentos. Cuando salieron de la cárcel habían perdido todas sus pertenencias.
Hay un detalle todavía más increíble: dos de los empresarios enemigos de los hermanos Iaccarino, Bruno Chezzi, presidente de las empresas Equino Química y de la compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, y otro empresario, Vicente García, quienes eran los que habían movido a Martínez de Hoz en contra de los hermanos, acompañaron a la escribana en esa oportunidad, para ayudar a convencer a las víctimas de firmar porque si no sus vidas peligraban definitivamente. O entregaban todos los bienes o terminaban en el Río de la Plata tirados desde aviones de la Marina. Como era costumbre.
Esto ocurrió en la Argentina. La misma que tiene un papa, una reina con corona y un rey de la redonda. Y los peores crímenes de la humanidad. De una crueldad inaudita. Permitidos y ordenados desde el poder. Nuestros militares, nuestra policía pero también nuestros empresarios, es decir, también nuestros civiles, los políticos que aceptaron sonrientes ministerios y otros cargos y que hoy viven y pasan su vejez muy tranquilos en sus countries. Y obispos que daban la comunión en la Catedral a los desaparecedores. Un período donde reinó la malicia y lo peor del ser humano: la crueldad extrema. Los hermanos Iaccarino colgados y sometidos a la picana eléctrica para que dejen sus propiedades a los del poder. Un tiempo que nuestros nietos no comprenderán jamás.
Los hermanos Iaccarino tendrían que ser paseados oficialmente por todas las ciudades y pueblos del país, por todas sus universidades, por todos sus centros culturales para que relaten sus experiencias de empresarios que habían cometido el pecado de desafiar a las grandes empresas con un nuevo método de comerciar, más humano y más democrático. El 20 de abril comienza el juicio contra sus últimos represores de El infierno y sobre cómo allí debieron renunciar a todas sus propiedades ante una escribana oficial. Ojalá que también se haga el juicio con los empresarios que se prestaron con la dictadura de la de-saparición de personas para engrandecer su poderío eliminando a la competencia. Por fin: juicio a los civiles y uniformados que faltaron de esa manera tan atroz a la dignidad humana.-
Osvaldo Bayer. Página 12 del 30/3/13.-
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domingo, 31 de marzo de 2013

La máquina de encubrir


El 23 de julio de 2008 en el estacionamiento del sho-pping Unicenter de Martínez un breve tiroteo acabó con la vida de dos hombres. El jefe de gabinete provincial Alberto Pérez dijo que se trató de “una venganza vinculada al narcotráfico” y que habían actuado sicarios. Las víctimas fueron los paramilitares colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gardner. A principios de 2009 cayó abatido del mismo modo otro colombiano, Juan Sebastián Galvís Ramírez, esta vez en San Fernando. La primera causa era investigada por el fiscal Diego Grau; la segunda por su colega Luis Manuel Angelini. En busca de nexos que ayudaran a esclarecer el doble crimen, el fiscal Grau participó en una reunión con dos colegas que llevaban causas similares: Juan Bidone, de Mercedes, quien tenía a su cargo el expediente por el triple crimen de General Rodríguez (donde fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón en agosto de 2008) y Analía Córdoba, de la UFI 4 de La Matanza, quien investigaba otro doble homicidio de ciudadanos colombianos en San Justo. El intercambio de información y la coordinación estratégica quedaron truncos porque el fiscal general adjunto de San Isidro, Marcelo Vaiani, ordenó a Grau que dejara aquel encuentro y acudiera a la sede departamental para impartirle directivas burocráticas sobre la forma de llevar las estadísticas. Debido a un cruce de llamadas telefónicas Grau y Angelini habían solicitado el allanamiento en la sede de una de las empresas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, Federal Aviation, que no fue concedido por el juez de garantías Esteban Rossignoli. En enero de 2011 los Juliá fueron detenidos en España con una tonelada de cocaína.

Los trece fiscales

Grau y Angelini padecieron la interferencia del superior común, el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Julio Alberto Novo, un hombre de armas llevar. No es una metáfora: escondido en un techo, mató de un disparo en la espalda a un adolescente que entró a robar a su casa. Uno de los hombres de confianza de Novo es el fiscal de Pilar Gonzalo Acosta, hijo del ex jefe del grupo de Tareas de la ESMA. En 2007, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro acusó a Novo de haber instaurado “estructuras tenebrosas”, y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de los fiscales que dependían de él. En octubre de 2009, trece de esos fiscales imputaron irregularidades y delitos a Novo, como la obstrucción al avance de aquellas causas. Como ninguna de esas denuncias prosperó, dado el desinterés de la Procuración General y de la Legislatura, Angelini terminó por presentar una denuncia penal contra su superior, que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, en la Capital Federal. Lijo se declararía incompetente y remitiría la causa a su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. En ese texto, Angelini cuenta que Grau era el único fiscal que conocía a fondo la causa de Unicenter. En agosto de 2009, Novo lo relevó sin fundamentos, lo cambió de función y distrito asignándolo a causas menores de flagrancia (los delitos con los que la policía se topa en la calle o los que allí fabrica) y dejó paralizada la investigación, hasta que en forma verbal decidió asignársela a Angelini, quien llevaba el expediente por el asesinato de Galvís Ramírez, pero no tenía ni escritorio, ni computadora, ni conexión al sistema de información judicial, ni personal ni teléfono celular. Al mismo tiempo le fijó un plazo perentorio de cuatro meses para que finalizara las mil causas que se tramitaban en la fiscalía de San Fernando, que le asignó. Angelini entiende que lo hizo adrede “por el dolo de encubrir”. Agrega que el adjunto Vaiani le aconsejó que archivara la causa de Unicenter con una frase sugestiva: “Si no pudieron los Marines, no vas a poder vos”. Ante su reclamo de recursos, Novo le asignó como colaboradores al propio Vaiani (que tiene mayor jerarquía que Angelini) y a Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas. Que Vaiani y Scapolán quedaran al mando de Angelini era “una verdadera puesta en escena prototípica de un ardid. Un cinismo absoluto”. Lejos de colaborar con Angelini, formaron parte de la “gran maquinaria de entorpecimiento”. Esta ficción duró apenas unos pocos meses, cubriendo un flanco débil hasta que el jury de enjuiciamiento archivó la denuncia de los trece fiscales. Al quedar habilitados a ingresar al legajo, le pidieron los cuerpos originales y las copias. “El expediente había sido utilizado para otros fines.” En esa actitud irregular “comenzó a jugar un papel preponderante un sector de la Procuración General, perfeccionando la simulación y otorgando cobertura” a Novo. Angelini solicitó una auditoría, pero la Procuradora María del Carmen Falbo no lo admitió. En junio de 2009, Grau pidió que la Fiscalía General le asignara secretarios para realizar once allanamientos simultáneos. Vaiani no suministró ese auxilio pero de todos modos Grau empezó los procedimientos. Vaiani lo interrumpió para preguntarle si había encontrado pruebas contundentes. Su finalidad no era colaborar sino enterarse “hasta qué punto la investigación involucraría a otras personas, aquellas a las que protegen y que se vinculan a la narcocriminalidad”. Algo similar le sucedió al fiscal Angelini cuando decidió registrar la embarcación “Woods”, en la causa Galvís Ramírez. La policía de investigación y la Prefectura secuestraron a bordo una pistola Glock calibre 40, similar a la que se utilizó en Unicenter y que luego desapareció cuando estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gestión, dependiente de la Fiscalía General de Novo. También se evaporó el libro en el que se registraba quién accedía a las pruebas reservadas del expediente. Mientras registraba el barco, Angelini fue convocado de urgencia por la Fiscalía General para “obstaculizar el avance de la investigación”. Agrega que “el costoso velero estaba anclado en las marinas que regentea la Municipalidad de San Fernando (sociedad mixta) en ese entonces a cargo de una ex secretaria de gobierno de la anterior gestión comunal”. Durante el allanamiento, el esposo de la mujer, concejal de San Fernando, le pidió explicaciones. Agrega Angelini, que cada vez que él u otros fiscales desoyeron reclamos improcedentes de funcionarios de la Municipalidad, fueron hostigados y la Fiscalía General intervino en forma irregular en contra de ellos. Por eso, sospecha “que durante aquel allanamiento pudieron haber sido varias las instancias políticas que influyeron en que Vaiani mediante engaño y abuso de autoridad me sacara del lugar de la inspección”. Así le impidieron verificar el registro del GPS instalado en la embarcación, que “podría habernos dado el derrotero de navegación de los días previos”, cosa que luego se perdió. El otro adjunto de Novo en la Fiscalía General, Rodrigo Caro, le exigió a Grau que informara en forma inmediata, detallada y por escrito las diligencias que se habían practicado en cuanto se produjo el crimen de Unicenter, con lo cual distrajo sus esfuerzos en las críticas primeras horas de una investigación, afirma Angelini. Como lo mismo le pasó a él con el caso Galvís Ramírez, deduce que no sólo se procuraba obstruir la investigación sino, peor aún, “saber a qué nivel de conocimiento había arribado el fiscal instructor en cada caso para utilizar luego esos datos con fines distintos que los de colaborar”. Con la misma finalidad de “encubrir los tres crímenes y el narcotráfico internacional que los generó” se frustró un importante viaje a Colombia en busca de elementos probatorios. La Fiscalía General “con la connivencia institucional de altas autoridades” de la Procuración, omitieron en forma dolosa el trámite administrativo, de modo que los funcionarios colombianos terminaron quejándose porque los fiscales argentinos los dejaron “plantados en el aeropuerto”.

Las filtraciones

También con complicidad de un sector de la Procuración, se intentó “obtener información acerca del curso de la investigación por fuera de los cursos previstos legalmente” bajo el disfraz de control de gestión, dice Angelini. Uno de los aspectos más graves es que esos agentes “registraban los datos de los testigos que se presentaban en la unidad, antes de que éstos declaren” en el legajo fiscal reservado o bajo la protección de su identidad e ingresaban una y otra vez en forma intempestiva y sin autorización al despacho de Angelini. Así buscaban “información reservada” y amedrentaban al fiscal. La intimidación se extendió a la única colaboradora de Angelini, la instructora judicial Elizabeth Romano. La Secretaria General de la Fiscalía General, Melisa Fernández Rey, la interrogó acerca del “expediente de los colombianos”, en forma coercitiva e ilegal, fuera del horario de trabajo y sin conocimiento del fiscal. Angelini acababa de pedir en forma reservada múltiples allanamientos, que no le fueron concedidos pese a las pruebas que aportó. Un instructor enviado por la Procuración reprochó que Angelini solicitara allanamientos sin previo aviso al jefe de la Policía Judicial, Oscar Amorín. “Me ahorro comentarios ante lo grotesco e ilegal del planteo. Si desde un principio los instructores cumplieron defectuosamente mis órdenes, luego de ese hito lo dejaron de hacer definitivamente.” A raíz de la filtración sobre medidas de carácter reservado (como allanamientos y detenciones), Angelini presentó una denuncia penal y pidió que se tramitara en otro departamento judicial. Pero Novo designó investigador a un fiscal subordinado a él, de modo de no perder acceso “a los legajos reservados de la investigación”. Una vez que la Procuración cerró el sumario iniciado contra Novo, el Fiscal General y sus dos adjuntos iniciaron causas civiles contra Angelini, a quien le reclaman indemnizaciones por medio millón de pesos. También presentaron demandas penales y civiles contra Grau, con el propósito de cargarles toda irregularidad o insuficiencia de la investigación y exculpar a la Fiscalía General. Para esas denuncias utilizaron elementos tomados de las presentaciones de los fiscales ante la Procuración General, demostrativas del “diálogo informal” entre altos niveles de las estructuras que comandan Falbo y Novo, con un “designio común que es el del encubrimiento del contexto de narcotráfico que precede a los crímenes”. Un nuevo pedido de juicio político a Novo fue presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Fabián Saín, quien durante su desempeño previo al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también había puesto la vista sobre los hermanos Juliá. Novo es el fiscal general que más denuncias ha recibido de sus colegas y de los jueces de su propia jurisdicción, no por sus modos sino a raíz de “gravísimos delitos”, escribió sobre el protector protegido.

Mercado y mano de obra

El departamento judicial de San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios más aventajados del país, donde culmina el corredor floreciente que arranca en la Capital Federal: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar. En cambio, al departamento judicial de San Martín pertenecen algunos de los asentamientos más precarios. En uno se localiza el mercado consumidor de alto poder adquisitivo, en otro la mano de obra barata para la producción y la distribución, por no hablar del sicariato, importado para ciertos trabajos de precisión, pero cada vez con más reclutas locales, muy jóvenes y con sombrío horizonte vital. El código penal de esas organizaciones consta de pocos artículos y el procesal es expeditivo, sin los formalismos que buenos ciudadanos y dirigentes políticos objetan al sistema formal de justicia. Algunos intendentes de esos partidos han hecho de la seguridad un tema central de su campaña permanente, con la incorporación de tecnología de avanzada, incremento de recursos policiales, integración del ministerio público fiscal al dispositivo político-represivo y un discurso centrado en lo que llaman el combate contra la droga. Sin embargo, luego de casi una década de provincialización de delitos vinculados con estupefacientes, lejos de haber sido afectadas, las grandes organizaciones criminales han crecido. Los dispositivos legales y tecnológicos puestos en escena han servido para reforzar el control social sobre los sectores depauperados que en los prósperos partidos del norte coexisten con los más satisfechos. El diestro pionero en un esquema de gobernabilidad que incluyera en un todo armónico narcocriminalidad, policía y justicia fue el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. El 12 de octubre de 1995, cerró un seminario para jueces y jefes de policía de todo el país dictado en la escuela de policía de La Plata con el propósito de que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas pasara a manos de policías, fiscales y jueces provinciales, delegándoles el control social y los negocios. Felipe Solá obtuvo en 2005 la ley que el Congreso le negó al precursor diez años antes, y Daniel Scioli convive con sus consecuencias, administradas por su ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, el primer oficial penitenciario que llega al gabinete provincial. El informe de la comisión parlamentaria sobre el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez describe con precisión ese enredo entre comerciantes de sustancias ilegales, policías encargados de reprimirlos y fiscales que en teoría conducen la investigación. La complacencia política es patente: lejos de aplicar las recomendaciones de ese informe, aprobado por amplia mayoría legislativa, Scioli sigue protegiendo al jefe de policía y sus colaboradores, cuya destitución y enjuiciamiento reclamaban los investigadores. El gobernador repite con tono monocorde que sus enemigos son la inseguridad y la droga, pero las cárceles están colmadas de consumidores y pequeños dealers, mientras las grandes organizaciones cuentan con protección de fiscales, policías y políticos.

Hecha la ley

En toda la provincia rige un sistema eficaz por el cual tampoco existen más investigaciones sobre el manejo de los dineros públicos, el financiamiento de las campañas, el sistema de contrataciones de obra pública y las distintas formas de violencia institucional. Inspiradora de la reforma procesal de 1998, por la cual se pasó a un sistema acusatorio en el que el Ministerio Público tiene la llave de la acción penal, Falbo perfeccionó el sistema desde la Procuración General, donde asumió hace nueve años. Como jefa de todos los fiscales define con el Fiscal General de cada departamento judicial qué delitos se investigan. El principio de descentralización establecido en la ley de Ministerio Público intentó acercar la justicia a la ciudadanía, lo que permitió decir a Falbo que la provincia de Buenos Aires ha sido una adelantada de la Justicia democrática. En la práctica, la descentralización ha municipalizado el ministerio público y se ha convertido en fuente de impunidad y negocios espurios de sectores políticos, grandes empresas zonales, policías y penitenciarios. Un caso clave ocurrió en 2006 en Malvinas Argentinas, el único en que la estructura judicial bonaerense comprobó delitos de corrupción cometidos por un intendente. El fiscal general de San Martín Luis María Chichizola y su adjunto Fernando Domínguez consiguieron la detención y procesamiento del intendente Jesús Cariglino, denunciado por una empresa pavimentadora que no podía cobrar los certificados de obra porque los cheques se desviaban hacia allegados al intendente. Cariglino consiguió que el fiscal de Quilmes Luís Antonio Armella iniciara una investigación paralela a la de San Martín, de modo que los denunciantes terminaron detenidos por orden del juez de garantías de San Martín, Oscar Quintana, quien también había sobreseído a los funcionarios de San Miguel procesados por la protección de prostíbulos y la trata de personas, durante el gobierno municipal de Aldo Rico. Falbo hizo su parte apercibiendo al fiscal Domínguez “por comprometer el prestigio de la administración de justicia”, mientras su protegido Armella era ascendido a juez federal y Quintana a vocal en la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. Armella se hundió el año pasado en el Riachuelo. Chichizola prefirió jubilarse y Domínguez fue desplazado a una fiscalía de primera instancia que investiga accidentes de tránsito, donde no pudiera cruzarse con un intendente o un concejal. Cariglino fue elegido por Falbo para iniciar un plan piloto: Malvinas Argentinas se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías descentralizadas, pagar los impuestos y las tasas y proveer el servicio de limpieza. Este modelo se generalizó a toda la provincia, con la dependencia económica y funcional de los intendentes, que deciden qué insumos brindan, si atienden las necesidades edilicias, aportan o restan empleados. Si a eso se suma la injerencia de los municipios en el Consejo de la Magistratura, no queda espacio para fiscales independientes de los poderes locales. Además, la ley permite al Fiscal General poner y quitar fiscales de las causas con la mera invocación del denominado “criterio objetivo de distribución de tareas”, lo cual propicia el intercambio de favores entre los intendentes, la Procuradora provincial y los que en realidad deberían ser llamados fiscales comunales, de cuya actuación política no hay mejor ejemplo que Novo.
Horacio Verbitsky. Página 12 del 31/3/13.-
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miércoles, 12 de diciembre de 2012

La sentencia contra Marita o ésta es la justicia que tenemos


Escribo esto con profunda bronca a la hora del cierre, quede claro. No quiero dejar pasar la furia que siento y que sé, me consta, veo y palpo que sienten en estas horas de dolor millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional.
Para sorpresa y espanto del país entero (el país decente, digo, el que mayoritariamente no es corrupto) todos los acusados por el caso Marita Verón fueron absueltos en Tucumán en esta noche ominosa de la Argentina, en una decisión judicial obviamente sospechable de lisa y llana y flagrante corrupción.
Esta es la justicia (desde ahora la escribo con minúsculas) que tenemos. La que impera mayoritariamente en nuestro país. Unica institución republicana que no fue democratizada en serio desde la recuperación de la Democracia. Y que junto con sus socias, las malditas policías y los malditos servicios penitenciarios provinciales, son las únicas que conservan intactas todas las taras formales y esenciales que les inculcó la dictadura.
Porque la democracia significó profundos cambios institucionales en casi todos los órdenes: militares, educativos, de relaciones exteriores, de economía, de sociedad. Pero lo que no se tocó, ni se toca todavía, es lo que huele a podrido. Y este “fallo” –es un decir perfecto: fallo– está llenando de hedor a la Nación entera.
A sabiendas de que toda generalización es injusta y peligrosa –y en conocimiento de que hoy mismo se conoció el noble pronunciamiento de más de 200 jueces, fiscales y defensores públicos que emitieron un contracomunicado que desdice a ciertas catervas de jueces y camaristas viajeros a Miami por cuenta de empresarios, y a los lobbistas marrulleros del Colegio de la Magistratura y a los de esa de nombre imposible Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial– yo me siento esta noche tentado de homologar esta maldita justicia a las malditas policías.
La que condena nuevamente a Marita Verón y nuevamente procura destruir a Susana Trimarco (pero a la que en realidad e involuntariamente enaltece) es la justicia que hay que cambiar de una vez y yo quiero ver si los opositores tendrán huevos para hacerlo, e incluso si el Gobierno los tendrá, todo sea dicho.
Cambiar de una vez los procedimientos y los plazos; cambiar de una vez el engolamiento y la pretendida santidad de los magistrados; cambiar los tratos y rótulos del siglo XIX para que las Señorías engoladas de hoy que no pagan impuestos empiecen a pagarlos como cualquiera de nosotros, que laburamos y sostenemos este país con esfuerzo y decencia. Y así acabar con mitos como el de la “familia judicial” y el de que los trapos sucios se lavan en casa.
Esa es la justicia que a mí, empleado durante cuatro años en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y joven estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste –y lo digo por primera vez públicamente–, me llevó a abandonar cuando tenía 21 años la profesión que yo amaba y había elegido a los 16.
Hay que dar los nombres de estas tres “señorías” tucumanas de las que el mismísimo gobierno de José Alperovich sería bueno que dijese su opinión públicamente. Son ellos: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Yo no sé si sus conciencias, si las tienen, los podrán juzgar. Y no me importa. Pero nosotros, la ciudadanía, sí. En democracia y en paz, serena pero definitivamente, tenemos que condenarlos éticamente, a la vez que vincularlos con los mencionados colegios, juntas, consejos, asociaciones y demás grupos corporativos que sólo son puro lobby, para decirlo clarito.
No tienen vergüenza y esta noche en que celebran todos los miles de prostíbulos del país, y todos los proxenetas, y todos los mercaderes de carne humana, y todos los hijos de puta de la trata, y perdóneseme la furia textual, nosotros, los que sí tenemos vergüenza y somos la inmensa mayoría de este país atormentado, por eso puteamos. Por eso LOS puteamos. Con la misma fuerza y convicción con que abrazamos a Susana Trimarco y esperamos un día abrazar a Marita Verón y a todas las Maritas que fueron y seguirán siendo, por desdicha, gracias a estos infames protectores de tratantes de personas.
Malas noches, Argentina.
Mempo Giardinelli. Página 12 del 12/12/12.-
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sábado, 8 de diciembre de 2012

Más triunfos de la ética


Entre las preocupaciones diarias, como las de tormentas e inundaciones, y la aprobación o demora de leyes imprescindibles, nos sorprenden con optimismo pleno triunfos de la ética que se refieren a nuestro pasado. Ligar ese pasado con la verdad histórica y no esconderlo. Por ejemplo, el triunfo de ello en la ciudad bonaerense de Vedia ha sido completo y perfecto, sin peros ni aunques. El Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó el cambio de nombre de cuatro calles del distrito. Cuatro. Nombres de personajes –algunos de estructura siniestra, por no decir algo más duro– que nos fueron impuestos por el poder de turno. Nada menos que el mercenario y asesino Federico Rauch, el dictador criminal contra nuestra democracia José Félix Uriburu, el genocida Julio Argentino Roca y el de Ataliva Roca, que hizo los peores negociados y que ponía la cara para que no apareciera el “general”, su hermano, como acusado. El pícaro Sarmiento inventó la palabra “atalivar”. Escribía con gracia: “El general Roca hace sus negocios y su hermano ataliva”. Punto. Todo el mundo lo comprendía y en vez de decir “coimear” los porteños usaban “atalivar”.
Bien, nosotros, los argentinos, con tal de quedar bien con los poderosos, pusimos el nombre de Ataliva Roca a múltiples calles de nuestras ciudades del interior, y hasta una ciudad de La Pampa se llama Ataliva Roca. Algo para mirarse al espejo y enrojecerse. Y esos representantes del coraje civil, los concejales de Vedia, dijeron basta y cambiaron el nombre de la calle Federico Rauch, por Arbolito; la Ataliva Roca, por Juan José Castelli; la general Uriburu, por Manuel Dorrego, y la Julio A. Roca, por Pueblos Originarios. Lo hemos explicado ya numerosas veces, pero lo aclararemos una vez más: Rauch fue en homenaje al mercenario europeo que llegó contratado por dinero por el presidente Rivadavia “para exterminar a los indios ranqueles”. Vino a matar y sus comunicados hablan el idioma más perverso: “Hoy, para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles”. Los otros comunicados hablan de la perversión de este militar que fue ajusticiado por el indio ranquel Arbolito en un encuentro frente a frente. De Ataliva Roca nada bueno podemos agregar sino que fue apenas un lacayo de su hermano. Ahora esa calle llevará el nombre de Juan José Castelli, uno de los más preclaros Hombres de Mayo, que como pocos luchó por la igualdad y la libertad; sus documentos lo dicen todo: junto a Moreno y Belgrano fueron los tres hombres más avanzados de los héroes de aquel 1810. Y justo los que más insistieron en reconocer la igualdad de derechos a los pueblos originarios y terminar para siempre con la esclavitud a que habían sido sometidos por los españoles –”occidentales y cristianos”– en esas formas infames de la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Belgrano lo escribe con precisión absoluta que no puede dar lugar a interpretaciones falsas: “A partir de este momento, los pueblos originarios gozarán de los mismos derechos de que gozamos nosotros, los hijos de europeos que tuvimos la suerte de nacer en territorio de América”. Idioma luego traicionado en sus raíces por Roca, Avellaneda y tantos otros que firmaron documentos sobre la “necesidad del exterminio de los salvajes, los bárbaros”. O como dice Roca en su informe final ante el Congreso de la Nación: “La ola de bárbaros que ha inundado durante siglos estas fértiles llanuras ha quedado exterminada para siempre, y ahora quedarán a disposición del capital extranjero y de los inmigrantes”. Todo un ejemplo de ética. Pero nosotros los argentinos, con un dejo de sentido de adulación al poder, les seguimos rindiendo honores con sus nombres a escuelas, plazas, calles y monumentos en bronce.
Bien, nuestro abrazo agradecido. Sería largo nombrar a todos los valientes ciudadanos que propusieron esos cambios, todos con argumentos irrebatibles para ellos mismos.
Por otra parte, la Radio Nacional de Bariloche, a través de su director Carlos Echeverría, organizó un acto para discutir el tema del monumento a Roca instalado en la plaza principal de esa ciudad, que últimamente ciudadanos argentinos de origen mapuche han intentado bajarlo del caballo de bronce en que se exhibe al “conquistador del desierto”, más bien exterminador de los habitantes originales de toda esa región patagónica. El acto fue muy concurrido y se expuso allí toda la documentación oficial de aquellos tiempos, y la entrega de las tierras conquistadas a estancieros de la Sociedad Rural Argentina y al propio Roca, que se quedó con miles de hectáreas en el sur bonaerense, con su estancia “La Larga”. Eso es lo que vale en una sociedad que quiere asentar su democracia: el debate. No sólo de los problemas de la actualidad sino de cómo se comportó en su pasado. Los crímenes legales que se cometieron y que nunca fueron revisados. Los argumentos fueron de tal peso, todos basados en terminar con los racismos y los intereses probados, y en hacer valer la moral y la vida. Le damos poco tiempo a la existencia de ese monumento provocador, principalmente para los pueblos originales que viven desde hace siglos en esas regiones.
Y justamente bien al sur de esa Patagonia vivió durante siglos esa etnia llamada tehuelche, que fue exterminada poco a poco desde la llegada de los europeos. Sobre esa etnia acaba de salir un magnífico libro de Osvaldo Mondelo, titulado precisamente Tehuelches, con una colección increíble de fotografías con sus rostros, los de sus mujeres y los de sus niños. Un libro para tener y repasar por su valor artístico, histórico y antropológico. Rostros sufridos, resignados, soñadores, pensando en otras vidas y apegados a la naturaleza. Un libro para aprender a apreciar a esas culturas básicas del origen de estas regiones como llanuras habitables. Sus vestimentas, sus herramientas de caza. Sus mujeres con ese principio natural de dar vida y los niños, con sus miradas curiosas sin fin. Un libro más que fundamental para nuestras culturas. Y aquí no puedo menos que agregar que han salido a la venta otros dos libros, en sus terceras ediciones: El malón de la paz y Pedagogía de la desmemoria, los dos de Marcelo Valko, un aporte también fundamental para conocer capítulos de nuestra historia referidos a los pueblos originarios.
Justamente en Calafate, ese centro de bellezas patagónicas, se propuso en los últimos días cambiar el nombre de Julio A. Roca por el del cacique Orqueque, un tehuelche que se defendió contra la invasión de Buenos Aires, fue detenido y enviado a esa ciudad, donde al poco tiempo falleció por enfermedad. La proposición se iba a aprobar por unanimidad, hasta que un ciudadano de la ciudad objetó ese cambio. Se leyeron sus argumentos y se decidió entonces posponer la decisión hasta el año próximo, a fin de estudiar a fondo toda la problemática otra vez. He leído los argumentos de este señor, Fernando Arteaga, que son los mismos de quienes defienden el genocidio de Roca, como Mariano Grondona y otros desde el diario La Nación. Aquello de que los mapuches eran indios “chilenos”, cosa que es un disparate. Esos pueblos originarios no reconocían las fronteras actuales, que fueron fijadas mucho después. Justifica lo de la campaña del desierto cuando en realidad había tierra para todos y se hubiera podido llegar a un acuerdo sin recurrir a la muerte o al exterminio, y menos a reimplantar la esclavitud. A lo cual el señor Arteaga denomina una cuestión de época. Cosa que no es así, sería beneficioso que leyera las actas de la Asamblea del año XIII. Ni la muerte ni la esclavitud se pueden aceptar. Y más de aquellos que se preciaban de heredar la cultura europea y cristiana. Pero está bien que se inicie en Calafate el debate sobre estos temas. En esos debates siempre se aprende, mientras se defiendan los derechos de la vida.
Este debate de nuestra historia nos llevar indefectiblemente a forjar un mejor futuro para las próximas generaciones.
Osvaldo Bayer. Página 12 del 08/12/2012.-
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sábado, 24 de noviembre de 2012

Finalmente, triunfa la ética


Siempre me gusta repetir una frase que he comprobado que se hace realidad a través del tiempo. A veces tarda años, siglos, pero finalmente la ética en la Historia da su última palabra, es el juicio final que queda para siempre. En la Argentina lo estamos comprobando en el caso de los dictadores de la desaparición de personas. Y, al mismo tiempo, la Historia está dejando al desnudo a una figura tenida casi como nuestro héroe máximo (ver el tamaño de nuestros monumentos, por ejemplo). En este aspecto me refiero a cómo los historiadores, los docentes y muchos sectores de la población han reaccionado contra Julio Argentino Roca y han empezado a dudar de los valores absolutos que se adjudicaron siempre a un Sarmiento, a un Mitre y a otros protagonistas de aquel período del denominado “progreso” argentino.
Bastaría, por ejemplo, describir el acto que se acaba de realizar en el Teatro Español de Santa Rosa, La Pampa. Estuvo presente hasta el propio intendente de la ciudad, Luis Larrañaga, y hablaron representantes de todas las etnias indígenas de esa región. Pude participar para leer algunos documentos que lo dicen todo: que la denominada Campaña del Desierto fue un verdadero genocidio que desgraciadamente cometieron los propios argentinos con los habitantes originarios de estas extensas tierras. Campaña que se hizo con la co-financiación de la Sociedad Rural Argentina y que al final terminó con la entrega de 40 millones de hectáreas a estancieros de esa entidad. Esto por supuesto causó la muerte de miles de habitantes de nuestras pampas. Además, un hecho que manchará para siempre la figura de Roca y la del presidente Nicolás Avellaneda es que con esa campaña se restableció la esclavitud en la Argentina (eliminada por esos patriotas de la Asamblea del año XIII), esclavizando no sólo a los hombres indígenas, sino también a sus mujeres y a sus niños, a los cuales se los entregó a familias de Buenos Aires como “mandaderos”.
Los argentinos, pues, fuimos capaces de esa infamia que habían establecido los conquistadores españoles en las distintas formas esclavizantes: encomienda, mita, yanaconazgo, etcétera. Occidentales y cristianos.
En el acto pampeano, territorio parte de la campaña de exterminio de Roca, se propuso que la avenida Roca, continuación de la misma avenida llamada San Martín en sus comienzos, pasara a llamarse en todo su trayectoria con el nombre de nuestro Libertador. Pero claro, siempre hay una oveja negra en el rebaño. Fuera del acto, el viceintendente Angel Baraybar hizo declaraciones contrarias con los argumentos falsos de siempre. Dijo que Roca no fue autor de un “exterminio”, porque todavía “hay indios”. Una cuestión de léxico para el señor “representante del pueblo”. Como si no fuera lo mismo matar a 15 mil personas que a 20 mil. Como sostienen algunos: “Hitler no mató a 6 millones de judíos, fueron sólo 2 millones”. O como sostienen otros: “Los turcos no mataron a más de un millón de armenios, sólo a 60 mil”. Como si no fueran los mismos crímenes matar a 2 mil o a 10 mil. Además, sostuvo el estúpido argumento de que “los mapuches no eran argentinos, eran indios chilenos”. Señor Baraybar: los pueblos originarios no tenían “fronteras”, son etnias, no tenían marcados límites con murallas o con hitos vigilados por miles de uniformados en la irracional tarea de cuidar “esto que es mío”. No eran ni argentinos, ni chilenos, ni bolivianos, eran etnias distintas. Además, señala que a Roca le debemos la frontera definitiva con Chile. No, Roca habría sido un héroe racional si hubiera cumplido con el sueño de aquel gran libertador, Bolívar: los Estados Unidos Latinoamericanos, y no estar divididos con fronteras totalmente artificiales. Para qué fronteras. Para darles una tarea a los ejércitos, ya que en vez de las armas entre los pueblos debería existir sólo la mano abierta.
Pero el egoísmo, el ansia de posesión, la muerte del otro como medio de lograr honores no pasan a la historia definitiva. Sólo aquellos que tratan de cumplir con los principios de Igualdad, Libertad, Fraternidad son los que pasan a la Historia definitiva. Y esto quedó claro en el acto de Santa Rosa, cuando hablaron con el mismo objetivo representantes de diversas organizaciones étnicas y nosotros, los que “bajamos de los barcos” y que somos argentinos tanto como los que pueblan estas tierras hace miles de años.
Y así, día tras día, se van sucediendo los actos en todo el país de los que desean terminar con el racismo oculto y no dar razón a los que finalmente se quedaron con la generosa tierra gaucha y le pusieron alambrados para decir “esto es mío, mío, mío”. Por ejemplo, el acto que se llevó a cabo en la ciudad bonaerense de Coronel Rauch, que lleva el nombre de ese despreciable militar y mercenario europeo contratado por Rivadavia para “exterminar a los indios ranqueles”, como dice el decreto de ese primer presidente argentino. Fue un acto vibrante, pleno de docentes, padres, madres, jóvenes, empleados, obreros, hombres de los sindicatos, es decir, gente de pueblo. Todos quieren vivir en una ciudad que no tenga el nombre de un mercenario asesino sino de alguien que dejó para siempre señales de respeto a la vida y a la naturaleza y luchó por el bienestar de todos y de la cultura. ¿Por qué hay ciudades y pueblos en la llanura bonaerense que tienen nombres de los oficiales de Roca y no poseen los hermosos y poéticos nombres con que los pueblos originarios denominaban esas regiones, lagos y ríos? ¿No es más bello el nombre de Nahuel Huapi, para un lago, que lago Perito Moreno, lago Roca, lago Gutiérrez o lago Fagnano, como fueron bautizados por aquellos que fueron beneficiados por la llamada Campaña del Desierto? Por supuesto, en la Argentina dominan nombres de militares, de presidentes, de curas o de dueños de la tierra. Y no la ética, la poesía, la música de la naturaleza como principio fundamental de la vida, sino los cargos, la devoción ante los que mandan. En la iglesia central de Bariloche, una ventana tiene la figura vitral del general Roca, y en otra, la del presidente Avellaneda, el mandatario que aprobó la campaña genocida “del Desierto”, de Roca. Está todo dicho. El genocida y su aliado civil como ejemplos a seguir, en la Casa de Dios.
Pero no sólo el pasado histórico está siendo revisado sobre el comportamiento ético de sus personajes, sino también nuestra historia más reciente. En el colegio secundario Julio Argentino Roca –sí, tal cual, en el barrio capitalino de Belgrano R– se recordó a los 18 estudiantes desaparecidos por la última dictadura militar. Fue muy emocionante. Al comenzar el acto, alumnos pasaron al frente con los retratos de esos jóvenes luchadores por un país igualitario. Los “desaparecieron” las bestias uniformadas y sus secuaces civiles, los torturaron bestialmente, los arrojaron vivos desde aviones al mar. Y ahí están ahora, aplaudidos por todos. Hablaron docentes, el presidente del Instituto para la Memoria, alumnos y escritores. Y uno de ellos puso el dedo en la llaga. Dijo que cómo ese colegio podía llamarse Roca, el desaparecedor de los pueblos originarios, y su retrato colgado en las paredes junto a los de los alumnos desaparecidos. Ironía macabra del destino. Ese vergonzoso actuar de los genuflexos que premiaron a un genocida todavía es aceptado por los que afirman que “en Historia hay que mirar para adelante”, como dice el señor Macri, cuando la ética nos enseña que hay que aprender de la Historia para jamás volver a cometer errores tan oprobiosos. Pero, a pesar de los que la niegan, vemos que, finalmente, la ética siempre triunfa.-
Por Osvaldo Bayer, Página 12 del 24/11/12.-
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