Alerta roja

Una primera lectura a velocidad supersónica de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidente CFK y su ministro Héctor Timerman, difundida en la tarde de ayer por la Corte Suprema de Justicia en su página electrónica, indica que el eje excluyente de la argumentación del difunto ex fiscal gira sobre la presunta decisión de las máximas autoridades argentinas de obtener la anulación de las órdenes de captura contra los funcionarios iraníes acusados y de las correspondientes alertas rojas emitidas por Interpol. Esta afirmación se reitera ad infinitum a lo largo del dictamen, ahora en poder del juez federal Ariel Lijo, quien lo puso en manos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

“La baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó y contribuyó a ello. Hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol, más allá de sus declaraciones públicas en sentido contrario, porque sostener la verdad además de confesar su participación en el plan delictivo, hubiese sido incompatible con los reclamos de justicia. La diligente y a la vez inesperada –para los encubridores– actitud de Interpol, específicamente de su secretario general, Ronald Noble, lo impidió”, sostiene en la foja 107.

En la 120 narra una reunión de Timerman con el secretario general de Interpol el 26 de noviembre de 2013 en la sede de la organización en Lyon y dice que el canciller argentino intentó convencerlo “para que cediera y dispusiera el cese de las notificaciones rojas”. Este esquema se repite una y otra vez a lo largo del escrito.

(De allí la importancia del correo electrónico que Noble le envió a Timerman la semana pasada, en el que afirma en forma categórica que tanto el ministro como la presidente CFK y todo el gabinete argentino permanecieron “cien por ciento comprometidos a que las alertas rojas de Interpol siguieran vigentes”, con una actitud consistente e inflexible. Sobre el encuentro del 26 de noviembre de 2013 en el que Nisman afirma que Timerman intentó convencer a Noble para que cediera y levantara las alertas rojas, el propio Noble dice que Timerman “reiteró que la posición del gobierno argentino es que las alertas rojas debían permanecer en efecto, sin cambios, debían seguir siendo válidas”. Nada que el gobierno diga ahora podría mejorar este desmentido rotundo de Noble, ex jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quien en un reportaje publicado en este diario el domingo, añadió por si quedaran dudas, que Nisman mentía cuando afirmaba lo contrario.)

La segunda línea argumental de fondo en la denuncia de Nisman es que en 2011, dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento los cancilleres de la Argentina e Irán acordaron en Siria dejar de lado la investigación de los atentados. Las fuentes son los periodistas argentinos José Ricardo Eliaschev y Gabriel Levinas. Eliaschev dijo bajo juramento a Nisman que había leído un documento secreto redactado por el canciller iraní Alí Akbar Salehi en el que le informaba a su presidente Mahmud Ahmadinejad “que la Argentina ya no está interesada en resolver aquellos dos atentados y en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”. Sin explicación, ese “típico paper intergubernamental” que Eliaschev leyó, no está redactado en farsi sino en inglés. Según el periodista “ha circulado por las cancillerías de varios países”. En alguna de ellas lo habrán traducido. Algo menos asertivo fue Levinas, en un libro de 2013 sobre Timerman. El ministro argentino habría dicho que llegó a Siria “bajo precisas órdenes de nuestra presidente para tratar de encontrar o buscar una solución a la causa AMIA”. Si bien este párrafo no incrimina a Timerman ni a la presidente como el de Eliaschev, contiene una precisión invalorable: dice que lo supo por “fuentes oficiosas de la Cancillería de Israel”.

(Esto remite una vez más al problema que el juez Rodolfo Canicoba Corral señaló en la resolución en que pidió las capturas que originaron las alertas rojas de Interpol: Nisman debía conseguir pruebas, ya que se basaba sólo en informes de Inteligencia. La modificación de la ley de Inteligencia, para que la justicia controle la tarea de los servicios y no a la inversa, es el compromiso que Néstor Kirchner asumió en 2005 ante los familiares nucleados en Memoria Activa, en el reconocimiento de responsabilidad que la Argentina realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuyo cumplimiento sigue pendiente.)

Muchas fojas transcriben conversaciones telefónicas del agente iraní Jorge Khalil con los piqueteros Fernando Esteche, de Quebracho, y Luis D’Elía, de la Federación de Hábitat y Vivienda quienes se atribuyen distintas proezas. Esteche sostiene que el Memorando firmado en 2013 es copia de uno que él había redactado con Khalil en 2006 y que ni Irán ni la Argentina habían aceptado entonces. D’Elía informa cada vez que habla con su amigo Khalil que está en la Casa de Gobierno o en el Ministerio de Planificación, llama Jefa o Número 1 a la presidente y se jacta de que ella conoce y aprueba sus gestiones y que Julio De Vido, a quien llama Julio a secas, está ansioso por conseguir petróleo. En varias conversaciones se señala que hasta ese momento el intercambio era entre privados y los interlocutores procuran obtener que también participen los estados.

(Hasta el día de hoy eso no ocurrió. Los granos los sigue vendiendo Grobocopatel y la Argentina no importa petróleo de Irán. El comercio bilateral creció antes de la presunta apertura de las negociaciones secretas y decayó desde entonces.)

Por último, el dictamen del ex fiscal reproduce conversaciones telefónicas de una persona a quien identifica como Allan Bogado, “que responde a la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Se trata de una persona con acceso al entorno presidencial que cuenta con información privilegiada, incluso sobre la salud de la señora presidente, y que ha declarado su simpatía por el régimen iraní”. Agrega que ha transmitido informaciones secretas y protegidas por la ley de Inteligencia a agentes de una potencia extranjera y en quien la señora presidente ha confiado para llevar adelante parte del plan de impunidad. La que menciona es reducida por el propio Bogado al carácter de “chisme”. En febrero de 2003 dice que habría sabido “en la casa” (Nisman interpreta que es la SI) que Interpol estaba por levantar las alertas rojas. El ex fiscal también menciona como inventor de una “verdad falsa” que se instalaría en el expediente para liberar de culpa a los iraníes, al ex juez y ex fiscal Héctor Yrimia.

(Ante una consulta de Lijo, el Secretario de Inteligencia Oscar Parrilli respondió que ninguno de ambos “pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”. Agregó que en noviembre, la Secretaría denunció por tráfico e influencias a Bogado, “quien no siendo personal de este organismo se presentaba ante funcionarios de la Aduana como agente de esta Secretaría”. La causa está en el juzgado federal del juez Luis Rodríguez. Además, hace dos años la SI ya había negado que Bogado trabajara allí ante una consulta de otro tribunal.)

En esta primera lectura rasante de la denuncia, nada parece más inquietante que una grabación de Khalil, en la foja 45 sobre una “persona que laburó con Irán... cuando Irán mató acá”, y otra en la que dice que Emilio Pérsico “siempre tuvo el discurso de que nosotros fuimos... y está bien hecho así... dice él. Es la pelea”. Los puntos suspensivos son de Nisman. Para quienes creen en la pista iraní, será un aliciente para continuar la labor de Nisman en el expediente por el atentado.

Una curiosidad reveladora del apuro con que realizó Nisman el último dictamen de su vida: pese a que interrumpió sus vacaciones para terminarlo y presentarlo, no solicitó la habilitación de la feria a la jueza María Servini, quien lo rechazó por carencia de elementos probatorios.

Horacio Verbitsky en Página 12 del 21/01/2015.-

Herramientas

Productores de soja retienen parte de la cosecha. Exportadores del complejo agrario no liquidan dólares de sus ventas al exterior. Compañías celulares tienen una especial dedicación en defraudar a sus clientes. Bancos se especializan en cobrar comisiones ocultas en letras muy pequeñas en los contratos. Grandes cadenas de comercialización cobran en línea de caja un precio superior al que figura en góndola. Fabricantes de aceites, yerba y azúcar limitan el abastecimiento al mercado. Firmas líderes en la producción de insumos difundidos (acero, cemento, aluminio, químicos y petroquímicos) ejercen posición dominante en su actividad abusando de pequeñas y medianas empresas. Laboratorios aumentan los precios de medicamentos en forma desproporcionada en relación con cualquier alza de costos. Prestadoras de servicios públicos privatizados no atienden a sus clientes. Fabricantes de alimentos modifican el packaging, con menos cantidad, como si fuera un nuevo lanzamiento para subir el precio. Mediante estrategias de comercialización y marketing ofrecen en las góndolas productos con precios acordados junto a otros prácticamente idénticos con valores con diferencias de más 200 por ciento. Fabricantes de electrodomésticos tienen una tendencia a brindar garantías deficientes, servicios técnicos onerosos y entregar productos fallados sin posibilidad de cambiarlos. Las administradoras de tarjetas de crédito se equivocan con una frecuencia sorprendente el monto de la facturación o se dedican a intimar pagos de deudas inexistentes. Proveedores del servicio de Internet engañan con falsas promociones y no cumplen con la velocidad de conexión prometida al cliente.

Cada una de estas prácticas económicas y comerciales de productores de mercados sensibles y empresas con posición dominante les reporta una ganancia adicional a su habitual generada por el giro de sus negocios, perturba el funcionamiento del encadenamiento económico hacia las pymes y castiga el bolsillo de los consumidores, además de la molestia y pérdida de tiempo que les ocasiona cuando padecen alguna de esas defraudaciones. El libre funcionamiento del mercado sin regulación estatal abona el terreno para desarrollar esos comportamientos que favorecen la concentración económica y la desigualdad. El Estado siempre interviene en la economía; cuando no fija normas para restringir esos abusos o cuando lo hace para limitarlos.

La reacción coordinada de las cámaras del establishment empresario contra un proyecto de ley que busca mejorar la actual Ley de Abastecimiento tiene un objetivo que excede el contenido de esa norma. La mira apunta a restringir la capacidad de intervención del Estado en la economía. Esta resistencia es la manifestación más transparente del poder económico en su aspiración de limitar la regulación estatal para seguir abusando de consumidores y de eslabones débiles de la cadena productiva. Los argumentos son tan repetidos que parecen gastados: “ataque a las empresas”, “genera incertidumbre”, “no fomenta la inversión privada y perjudica el empleo”, “impacta negativamente en la previsibilidad y estabilidad”, “afecta la transparencia de los mercados y el clima de negocios”. Todos lugares comunes del discurso de la construcción de la economía del miedo al servicio de preservar privilegios.

Las herramientas normativas que hoy tiene el Estado –que existen también en las economías desarrolladas que tanto admira el establishment local– para evitar el castigo a consumidores por parte de grupos concentrados, como así también para proteger a pymes del abuso de posición dominante de grandes firmas, son:

- Ley de Defensa del Consumidor (24.240): estipula mecanismos de actuación de la Secretaría de Comercio en la resolución de conflictos empresa-consumidor. Fija sanciones ante el incumplimiento de ofertas o trato discriminatorio hacia el consumidor.

- Ley de Lealtad Comercial (22.802): permite a la Secretaría de Comercio actuar como contralor en la información y difusión de los productos a comercializar. Aplica sanciones ante información errónea o engañosa en las características o cualidades de los productos.

- Ley de Defensa de la Competencia (25.156): busca evitar que las empresas se aprovechen de situaciones privilegiadas o dispares en relación con sus competidores dentro del mercado. Otorga a la autoridad de aplicación la facultad de autorizar operaciones de fusiones y adquisiciones y penalizar actividades anticompetitivas (cartelizaciones y abusos de posición dominante).

- Ley de Abastecimiento (20.680): habilita a actuar en toda la cadena de valor, regulando la distribución de renta entre los distintos eslabones de la producción, industrialización y comercialización, y evitando distorsiones generadas por subas abusivas o artificiales de precios, acaparamiento de materias primas o cese arbitrario de la producción.

La oposición empresaria más exaltada dirigió sus críticas hacia el proyecto que pretende modernizar esta última ley, que pasaría a denominarse de regulación de las relaciones de producción y consumo. Los empresarios no quieren debatir cambios en la iniciativa oficial porque evalúan que ésta va a legitimar facultades de acción estatal que ya existen, pero a las que siempre se resistieron. No aspiran a modificar aspectos del proyecto, sino a eliminarlo, y también derogar la Ley de Abastecimiento. La propuesta superadora del Gobierno es la oportunidad que encontraron para presionar para desterrar la capacidad de regulación estatal en mercados concentrados.

¿Cuáles son los cambios para fortalecer el Estado que generan tanta intransigencia empresaria?

- Se crea el Observatorio de Precios, que será un nuevo organismo técnico interdisciplinario e interministerial que fundamentará técnicamente la aplicación de las leyes de las cuales la Secretaría de Comercio es autoridad de aplicación.

- Se proponen modificaciones en las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial para brindar mayor capacidad de sanción para la Secretaría de Comercio. Aumentarán los montos de las multas interpuestas por aplicación de estas leyes y por la eliminación del efecto suspensivo a las multas por las impugnaciones (solve et repete).

- En la ley de Defensa de la Competencia se reafirma el funcionamiento actual de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como órgano competente para la realización de dictámenes en la materia, los que servirán de apoyo a las resoluciones de la Secretaría de Comercio.

- Se sustituye la Ley de Abastecimiento (20.680) por una nueva de Regulación de las relaciones de producción y consumo, que deroga artículos cuestionados por inconstitucionalidad relativos a: expropiación, intervención de empresas y sanciones de arresto. A la vez, aumentan las posibilidades de intervención de la Secretaría de Comercio en todos los eslabones de la cadena de valor (producción, industrialización, comercialización), y le brinda mayor poder sancionatorio por eliminación del efecto suspensivo a las multas por impugnaciones judiciales.

- En el plano de las sanciones las multas máximas subieron de un millón a 10 millones de pesos, se prevé la clausura de establecimiento por hasta 90 días, inhabilitación por dos años para créditos, suspensión del registro de proveedores del Estado, entre otros. Se eliminó la posibilidad de que empresarios vayan a la cárcel por un período de hasta 90 días que podía extenderse hasta los 4 años, y se incorporó la “pérdida de concesiones, privilegios y regímenes impositivos”.

Este marco normativo es necesario pero no suficiente para proteger a consumidores y pymes, puesto que luego se requiere de voluntad política y capacidad de gestión para aplicarlo.

La resistencia empresaria a estas iniciativas del gobierno de CFK tiene el objetivo de preservar sus intereses, pero a la vez implican limitar derechos de los consumidores. Entre ellos, el de contar con información precisa y completa sobre precios, calidad y características de los bienes y servicios de consumo para posibilitar la toma de decisiones de cada consumidor en función de sus intereses. Al mismo tiempo, debilitar la capacidad de intervención del Estado, privándolo de herramientas efectivas para promover una distribución equitativa del excedente a lo largo de las cadenas de valor, la protección a los actores más débiles de esa cadena, para asegurar las condiciones de competitividad en la economía y mejorar la capacidad de acceso de los consumidores a los bienes y servicios comercializados en el mercado interno. A todo esto que hace a la construcción del bienestar social se oponen todos juntas en hilera las cámaras empresarias representativas del poder económico.-

Alfredo Zaitat, Página 12 del 17/8/2014.-

Empresas del Estado

La promoción de la restauración conservadora cuestiona de una u otra forma la intervención del Estado en la economía. La prédica es constante sobre el agobio impositivo, la restricción de la libertad de mercado que desalienta a empresarios, el despilfarro de recursos en el gasto social o la inconveniencia de manejar empresas que deberían estar en manos del sector privado. En cada uno de los debates económicos en el espacio público subyace el rol adjudicado al Estado en el funcionamiento de la economía. Una visión esquemática dice que el Estado es ineficiente y que el capital y la iniciativa privada son más eficaces para garantizar el desarrollo, y viceversa. Existen casos que avalan una u otra posición, lo que altera el espíritu de quienes no admiten matices. En ese escenario de tensión de construcción del sentido común, por grado de penetración e influencia, la corriente antiestatista tiene mayor participación, sólo compensada por la memoria histórica de la devastación de la experiencia neoliberal y por el actual despliegue de una gestión pública ofreciendo buenos resultados en términos de bienestar social. Aunque les produzca urticaria a los sectores conservadores, la recuperación estatal de empresas manejadas por privados no sólo ha significado una mejora en la ecuación económica, sino también en la social y en la ampliación de servicios públicos esenciales para la población.

Las estatizaciones en estos años fueron forzadas ante la emergencia del fracaso privado más que por la vocación política de avanzar con el Estado en áreas estratégicas. Fueron la última respuesta antes que el deterioro en sectores clave de la economía, manejados por privados, terminara afectando objetivos económicos del proyecto político del kirchnerismo. La revisión de las operaciones más importantes expone ese comportamiento defensivo, que luego se convirtió en uno los principales activos del Gobierno. El Correo Argentino fue la primera estatización concretada el 19 de noviembre de 2003 por el incumplimiento del Grupo Macri del pago del canon y ante la amenaza de despedir a 3000 trabajadores. Aguas Argentinas del grupo francés Suez no invertía en la expansión del servicio reclamando aumento de tarifas, que derivó en la pérdida de la concesión del área metropolitana por el riesgo de que distribuya agua contaminada en el sur del conurbano. El Estado asumió el control de Aerolíneas Argentinas luego de prolongadas negociaciones y promesas incumplidas y porque los españoles del grupo Marsans estaban vaciando la compañía. El sistema previsional manejado por bancos y compañías de seguros a través de las AFJP fue estatizado para recomponer un régimen de reparto, porque la administración privada no garantizaba el pago ni de una jubilación mínima luego de 14 años y medio de gestión de los aportes jubilatorios de los trabajadores. La petrolera nacional YPF pasó a control estatal también después de promesas incumplidas de inversiones de los españoles de Repsol y de un fallido intento de argentinización de la compañía con el grupo local Eskenazi, período de administración privada con la consecuencia de la pérdida del autoabastecimiento energético.

Con el esfuerzo de aislamiento sonoro del cacareo permanente en la tribuna mediática, es interesante saber cómo ha sido la gestión estatal en esos sectores antes manejados por privados. El resultado ha sido el siguiente:

n Correo Argentino. El Grupo Macri hizo descender la participación del correo argentino en el mercado (postal, telegráfico, monetario y mensajerías) del 48,4 al 33,5 por ciento de 1997 a 2003; mientras que la gestión estatal la subió desde ese nivel al 41,6 por ciento en 2012, con una facturación de 3043 millones de pesos. La firma tuvo una rápida recuperación, aumentó sus ventas en un 15 por ciento a los dos años de rescindido el contrato, garantizó la provisión del servicio postal básico universal, incrementó la productividad de la mano de obra y obtuvo resultados operativos positivos en todos sus balances (el primero bajo control estatal arrojó una ganancia bruta de 99 millones de pesos), sin recibir aportes del Tesoro Nacional. Tiene una red integrada por más de 5000 puestos de servicios ubicados en todo el país (agencias y sucursales propias, estafetas y unidades administrativas concesionadas a terceros), y emplea a casi 13 mil trabajadores. Un informe de la Secretaría de Comunicaciones afirma que la estatización del correo posibilitó “la continuidad y regularidad de los servicios postales, monetarios y telegráficos con altos parámetros de calidad y eficiencia, la preservación del patrimonio estatal, el mantenimiento de los puestos laborales y una muestra más de la capacidad de realizar gestiones públicas eficientes y beneficiosas para el conjunto de nuestra sociedad”.

n AySA. Agua y Saneamientos Argentinos nace de Aguas Argentinas del grupo Suez, que recibió la concesión del servicio de Obras Sanitarias. En trece años de gestión privada la ampliación de la red del servicio de agua potable alcanzó a 460 mil personas y de cloacas, a 210 mil. Cuando el Estado se hizo cargo de la empresa había tres millones de habitantes sin agua potable en el área, y desde entonces se incorporaron 2.337.287 habitantes al servicio, previendo que a fines de 2015 la cobertura será del ciento por ciento. En 2006, unos 4,5 millones de habitantes del área metropolitana estaban sin cloacas, y hoy se extendió a 1.838.624 habitantes, y en el 2019 se prevé alcanzar la cobertura total. Para obtener estos resultados el Estado invirtió 15.715 millones de pesos desde 2006.

n Aerolíneas Argentinas. La crítica a la gestión de esta compañía es la patrulla de vanguardia de analistas conservadores para cuestionar la intervención del Estado en la economía. El caballito de batalla es el déficit operativo. Esa evaluación recorta que AA fue vaciada durante la gestión del grupo Marsans, cuyo dueño Gerardo Díaz Ferrán está siendo procesado y con pena de cárcel en tribunales españoles. Además no considera la función social de conectividad que cumple AA en un país con una geografía tan extensa. Hoy cubre la totalidad de las provincias con vuelos regulares (la última fue Entre Ríos con destino a Paraná), además de integrar una red de vuelos interprovinciales que conectan distintas capitales del interior sin pasar por Buenos Aires con los denominados Corredor Federal, Norte y Sur y Corredor Petrolero. Cuando en diciembre de 2008 el Estado argentino recuperó la compañía, el patrimonio neto de Aerolíneas y Austral era negativo de 3862 millones de pesos. Desde entonces el Estado ha invertido unos 1500 millones de dólares que se reflejó en la renovación, ampliación y modernización de las flotas: en julio de 2008 su valor era de 342 millones de dólares y en 2013 de 1335 millones de dólares, con un incremento de 26 aviones operativos en 2008 a 65 en 2013. Desde que el Estado se hizo cargo de la gestión de Aerolíneas Argentinas y Austral, la compañía incrementó su cantidad de vuelos en un 83 por ciento, pasando de 24.632 a 45.049 el año pasado. Aumentó también en un 55 por ciento la cantidad de pasajeros transportados alcanzando el record de 8,4 millones en el año.

n YPF. Los resultados de la administración estatal de la petrolera son positivos lo que inhibe a los militantes antiestatistas. El año pasado aumentó la producción de petróleo y gas en 3,4 y 2,2 por ciento, respectivamente, respecto a 2012. En gas, desde 2004 que YPF no anotaba un incremento anual. Hoy la compañía dispone de 65 equipos de perforación de nuevos pozos y 92 de workover (reparación de pozos) contra los 25 y 49 que tenía antes de la estatización. En 2013, las utilidades netas consolidadas de YPF fueron de 5681 millones de pesos, 45,6 por ciento más que las del año anterior. Las inversiones sumaron 29.848 millones de pesos, un alza de 81,1 por ciento respecto a las efectuadas el año anterior. La estatización de YPF incorporó al patrimonio social el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, área de una potencialidad elevada según diferentes informes de especialistas locales e internacionales.

n AFJP. Un solo dato es lo suficientemente contundente en la comparación entre la gestión pública y la privada, además de la recuperación de un sistema previsional de reparto y solidario: el fondo de inversión con el aporte jubilatorio de los trabajadores manejado por bancos y compañías de seguro ascendía a 98.083 millones de pesos en diciembre de 2008, año que pasó a manos del Estado. Hoy ese dinero acumulado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la seguridad social manejado por la Anses se ubica en 383.883 millones de pesos.

Los inspiradores de la restauración conservadora tendrán que hacer un esfuerzo considerable para postular como verdad absoluta la superioridad de la gestión privada sobre la estatal. Estas experiencias en curso sirven para mostrar que además de buenos resultados económicos se pueden alcanzar objetivos de beneficio social con administración del Estado en empresas de sectores estratégicos de la economía.

Alfredo Zaiat, Pagina 12 del 03/05/14.-

Deuda buena

Si el acuerdo financiero para pagar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol hubiese sido definido por un grupo privado, los especialistas de análisis bursátil de grandes bancos internacionales y de inversión global estarían inundando el mercado con informes donde destacarían el espectacular negocio concretado por el comprador. Estarían compitiendo por quién es primero en recomendar a sus clientes la compra de acciones de YPF en la Bolsa. En esta oportunidad, esos mismos economistas han estado flojos de reflejos, preservando igual la postura de que se las saben todas y dando cátedra de moral sobre el buen gobierno, trabajando en entidades que están unificadas por el mérito de haber sido acusadas de fraudes millonarios y lavado de dinero. Ha sido notable esa falta de reacción. Puede ser que esa inhibición tenga explicación en que sea el gobierno de CFK el protagonista, y que en ese equipo haya sido Axel Kicillof el líder de la negociación con Repsol en un mundo dominado por las finanzas, ministro de Economía al que sólo le reconocen pergaminos académicos pero no capacidad de gestión. Esta prueba que superó Kicillof debería hacerlos pensar que, en algunas ocasiones, la realidad no se ajusta a sus deseos o prejuicios. Otra razón para esa prudencia analítica puede descubrirse en que la transacción con la española Repsol haya culminado con un resultado muy favorable al Estado argentino.

Por cualquier vía que se quiera evaluar en términos financieros (return on equity, price/earnings, valor de mercado, cash flow), el monto alcanzado en el acuerdo de adquisición del control con la mayoría accionaria de la principal petrolera nacional culmina en saldo positivo para la Argentina. Pago en bonos a mediano y largo plazo, sin desembolso inmediato de efectivo. Deuda por infraestructura, en este caso energética. Deuda buena.

Previo a la rúbrica, Repsol tuvo que enviar a pérdida unos 1700 millones de dólares porque tenían valuada esa tenencia a un valor más elevado. También retirará el juicio contra el país por unos 10 mil millones de dólares en el Ciadi, y Antonio Brufau, el presidente de Repsol, tendrá que explicar a sus accionistas por qué había dicho que reclamaría 18 mil millones de dólares por YPF para finalmente recibir apenas un tercio de ese monto, en bonos. Y también cómo perdió el yacimiento Vaca Muerta, con reservas probadas de casi 1000 millones de barriles de petróleo y gas, que era el activo más estratégico de Repsol, al que había valuado en 14 mil millones de dólares.

Para aquellos acostumbrados a desarrollar juiciosos comentarios leyendo títulos de grandes diarios, entusiasmados porque habrían encontrado contradicciones entre lo que decía Axel Kicillof al momento de la estatización con las condiciones acordadas con Repsol, deberían ser cautos. Cuando Kicillof fue al Congreso para defender la ley de expropiación, expuso durante dos horas y media adelantando que no se pagaría la indemnización que reclamaba Repsol. La frase textual fue: “No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10.000 millones de dólares. ¿Y eso dónde está? Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”. Eso fue lo que sucedió. El Estado argentino negoció con firmeza durante meses en un escenario complicado y no desembolsó lo que pretendía Repsol. Con bonos a mediano y largo plazo pagará menos del valor de mercado de la petrolera con el adicional de capturar el paquete de control.

Esta positiva evaluación financiera para el Estado, en clave especulativa como prefieren analizar en el mercado, tiene un valor aún más importante cuando se incorpora el criterio de activo estratégico para el desarrollo, como lo son los hidrocarburos. Esto último fue la motivación oficial al decidir la expropiación, corridos por la urgencia de haber perdido el autoabastecimiento energético, al confiar en demasía en el comportamiento de las petroleras privadas, en especial de Repsol con sus socios argentinos Eskenazi. El objetivo planteado por el Gobierno fue el de comenzar el empinado camino de la recuperación del autoabastecimiento y, por lo tanto, de la soberanía energética, y no solamente concretar una operación financiera exitosa, que además la consiguió.

Las perspectivas de crecimiento de YPF son también un aspecto destacado al momento de analizar el valor de la compañía. Ese futuro promisorio es el que también compró Argentina y perdió Repsol. YPF invirtió el año pasado más de 10 mil millones de pesos. Aumentó la producción de petróleo y gas en 3,4 por ciento y 2,2 por ciento, respectivamente, respecto del año anterior. Tendencia que se ha acelerado en los últimos meses: en diciembre pasado, la producción de petróleo y gas subió 8,7 y 11,4 por ciento en comparación con el mismo mes de 2012. En producción de gas, desde 2004 que YPF no anotaba un incremento anual. Hoy la compañía dispone de 65 equipos de perforación de nuevos pozos y 92 de workover (reparación de pozos) contra los 25 y 49 que tenía antes de la estatización. Las utilidades netas consolidadas de YPF en nueve meses de 2013 sumaron 3201 millones de pesos, equivalente a unos 530 millones de dólares, 11 por ciento más que en igual período de 2012. Con mayores ingresos y colocación de deuda, YPF sumó recursos para adquirir activos locales de la petrolera Apache por 800 millones de dólares. De este modo, se convirtió en el principal operador argentino de gas, además de petróleo.

Las amenazas españolas de nuevo rico hoy en quiebra sólo expresaban en los meses posteriores a la expropiación la desesperación de saber que ya no son lo que imaginaron que eran. El gobierno de Mariano Rajoy, que buscó finalmente el acuerdo pese a la resistencia de Brufau, enfrenta problemas mucho más urgentes que el destino de una empresa petrolera que se dedicó a devastar los pozos de petróleo en Argentina para financiar su expansión global.

Sólo grupos conservadores locales con obsesiva inclinación a mirar hacia el exterior pueden estar tristes con este desenlace. Aunque sea difícil para ellos admitirlo, ganó Argentina.-

Alfredo Zaiat, Página 12 del 26/02/14.-

Resistencia

Los dos gobiernos de CFK quedarán marcados como los de haber convivido con una corrida cambiaria permanente. El factor distintivo de este período en comparación con otros pasados es haber podido resistir tanto tiempo los embates del mercado. En julio de 2007, meses antes del primer triunfo presidencial de CFK, comenzó la carrera de fuga hacia el dólar. El otro aspecto particular de esta experiencia es que durante todos esos meses pudo enfrentar a las fieras dolarizadoras preservando márgenes de autonomía de la política impulsando el crecimiento económico con protección del empleo. Hasta el 22 y 23 de enero de 2014. La brusca devaluación del peso en relación con la estrategia de variación gradual del tipo de cambio ha sido una rajadura en esa resistencia.

¿Por qué el Gobierno pudo eludir durante 78 meses las presiones de una devaluación más fuerte? Porque el Banco Central contaba con abundantes reservas en dólares, alimentadas por el superávit comercial y no con deuda, para enfrentar las corridas. De esa forma pudo hacerle frente a varias movidas especulativas del mercado financiero y de los exportadores y grandes productores del complejo agrario. Cuando esa cuenta empezó a enflaquecer por la combinación de pagos de deudas, casi nulo ingreso de divisas por la cuenta capital motivado por el nuevo régimen de regulación de acceso al dólar, aumento de las importaciones de combustible y reducción del superávit comercial, lo que era una fortaleza empezó a debilitarse hasta desembocar en la devaluación.

Si el objetivo es recuperar el control del mercado cambiario y evitar otros cimbronazos en la paridad, queda en evidencia que una de las medidas del kirchnerismo más revulsivas para el mundo de la ortodoxia financiera ha encontrado una restricción: el desendeudamiento con el sector privado utilizando reservas del Banco Central. Esta política le ha servido al Gobierno para no estar subordinado a las presiones del mundo financiero ante cada refinanciación de vencimiento. De ese modo le ha permitido ampliar márgenes de autonomía de la política económica. Pero a la vez ha implicado una exigencia considerable, ya sea primero con superávit fiscal y después aplicando reservas para cancelar vencimientos.

El límite de esa estrategia ya se estaba avisando en los primeros pasos del segundo gobierno de CFK, más aún cuando se dispusieron restricciones al acceso a dólares con la consiguiente caída abrupta de ingreso de divisas por la vía financiera. En esta columna se había advertido en más de una ocasión que el pago de deuda con reservas en los últimos dos años se había convertido en un riesgo.

- “Saldar parte de la herencia perturbadora de décadas de casino financiero implica un esfuerzo mayor de la economía. Los primeros años con superávit fiscal y luego con reservas del Banco Central” (11 de agosto de 2012, “Esfuerzo mayor”);

- “El efecto de la fuga, neutralizada sólo con un estricto régimen de administración de divisas, y la débil acumulación de reservas en la actualidad, está estableciendo por ahora límites a una iniciativa (el desendeudamiento) de indudable salto cualitativo en la gestión de la política económica (6 de octubre de 2012, “Presupuesto y reservas”);

- “El interrogante en términos económico-financiero, ya no político como expresión de un activo de gestión, reside en definir cuál es el límite a esa estrategia de permanente reducción de deuda” (7 de julio de 2013, “Paradoja financiera”).

Después de la secuencia de crisis cambiarias y financieras de los años noventa en Asia y Latinoamérica, los países de esos dos continentes aprendieron que los flujos de capital especulativos tienen efectos desestabilizadores sobre los tipos de cambio. Para prevenir corridas contra la moneda local las bancas centrales acumularon dólares en cantidad. Según estadísticas del FMI, de 2003 al primer trimestre de 2012, los países en desarrollo (110) pasaron de 1,2 a 7,0 billones de dólares en reservas. En Argentina, de 2003 a 2010, subieron de 14.000 a 52.000 millones de dólares y hoy se encuentran en 28.000 millones.

El atesoramiento de reservas en las bancas centrales facilita la administración del tipo de cambio, ofrece un seguro frente a corridas cambiarias y modificaciones súbitas en los flujos de capitales, reduce la vulnerabilidad externa, permite contar con un prestamista de última instancia en moneda extranjera propio y disuade presiones devaluatorias y ataques especulativos.

Ningún país cancela deuda en términos netos con el sector privado en forma permanente, hasta extinguirla. Esa deuda se redujo del 105 por ciento del PBI en 2003 al 12 por ciento en 2013 (pasivo que en moneda extranjera es de apenas el 9 por ciento del Producto). Es el escenario ideal para un futuro gobierno amigable con el mercado. No es necesario esperar tanto. El actual contexto cambiario encamina hoy a utilizar el poder de las finanzas globales (dólares conseguidos con endeudamiento) para manejar las variables económicas, con el objetivo de preservar la estabilidad y el empleo.

Existen diferentes etapas en las medidas económicas, como la del desendeudamiento con reservas del BCRA. Lo que sirve en un momento no es necesariamente óptimo en otras circunstancias. No es conveniente el enamoramiento con herramientas alternativas de la política económica porque pueden terminar siendo costosas para la estabilidad. Una primera etapa del desendeudamiento fue útil para desprenderse de las condicionalidades del FMI, al pagar la totalidad de la deuda de 9510 millones de dólares el 3 de enero de 2006. Después, en 2010 y 2011 la utilización de las reservas para cubrir vencimiento de deuda fue parte de la recuperación del Banco Central y del sostenimiento de una política heterodoxa anticíclica para amortiguar los costos de la crisis internacional. Además, para desafiar la concepción de la ortodoxia que considera que el destino de las reservas sólo debe ser para financiar la fuga de capitales.

El uso de reservas para pagos a organismos internacionales (FMI, BID y Banco Mundial) y a acreedores privados en títulos públicos ha involucrado unos 43 mil millones de dólares. Ha sido una exigencia considerable que encierra una paradoja: la administración kirchnerista es la que más ha pagado deuda en términos netos desde el regreso de la democracia y por esa razón puede mostrar muy buenos indicadores de solvencia financiera en ese período y en comparación con otros países, pero es a la vez el gobierno que más rechazos ha reunido del mundo de las finanzas.

Además de subir la tasa de interés para depósitos en pesos y de flexibilizar el acceso de dólares para ahorro, al tiempo de articular una política de sustitución de importaciones y de buscar recuperar el autoabastecimiento energético, dejar de perder reservas y, fundamentalmente, aumentarlas, es una cuestión relevante para mantener el control del mercado cambiario. El pago de deuda con superávit fiscal no es una opción viable para el kirchnerismo debido a que exigiría un ajuste de las cuentas públicas de proporciones, que sólo derivaría en una fuerte recesión y, por lo tanto, no se lograría el objetivo porque por ese sendero disminuirían los ingresos fiscales.

La vía gradualista elegida por el equipo económica para defender la trinchera de las reservas es reducir la brecha cambiaria y esperar el ingreso de dólares financieros y de inversiones extranjeras (yacimiento Vaca Muerta), de financiamiento de obras de infraestructura (represas de Santa Cruz) y de inversiones privadas alentadas por el cierre del default con el Club de París, el acuerdo con Repsol y la cancelación de los juicios perdidos en el Ciadi.

Economistas cercanos al Gobierno consideran además la necesidad de una recomposición rápida e importante de las reservas colocando deuda en el mercado financiero local e internacional a una tasa de un dígito (el Bonar 17 devenga una tasa del 7,0 por ciento anual y el Global 17, 8,75 por ciento). Esos dólares se utilizarían para cancelar vencimientos de deuda, que en el mundo financiero globalizado es lo que hacen casi todos los países. La clave es determinar cuál es la orientación de esa refinanciación: si es para ingresar en el conocido círculo vicioso de la especulación o para mantener espacios de libertad para instrumentar medidas heterodoxas de sostenimiento de la demanda interna.

Se sabe que es un camino riesgoso, pero hoy puede terminar siendo una opción menos inquietante que no tener las reservas suficientes para mantener el control sobre la paridad cambiaría.-

Alfredo Zaiat, Página 12 del 15/02/14

Con la bendición de la Santa Iglesia

Los archivos secretos hallados en el Edificio Cóndor revelan la participación de autoridades de la Iglesia Católica en la elaboración y aprobación de un Documento final de la Junta Militar, donde se daba por muertos a miles de desaparecidos.

Dirigentes políticos y autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana participaron en 1983 de la elaboración del Documento final de la Junta Militar que dio por muertos a miles de desaparecidos. “Se traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales”, se incluyó a pedido del cardenal Raúl Francisco Primatesta. Ante la afirmación de que los militares “no utilizaron su poder contra terceros inocentes”, el arzobispo de Córdoba, que en el archivo del Episcopado guardaba cientos de denuncias de familias enteras aniquiladas por el terrorismo de Estado, propuso matizar con la palabra “directamente”. También hicieron aportes y dieron su aprobación al documento el nuncio apostólico Ubaldo Calabresi y obispo de Morón, Justo Oscar Laguna. Sus nombres surgen de los documentos que la Fuerza Aérea encontró en una oficina abandonada del Edificio Cóndor y fueron presentados en el programa Los archivos secretos de la dictadura, que emitió anoche la TV Pública.

En julio de 1979, dos meses antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar aprobó un primer “proyecto de documento sobre desaparecidos” elaborado por los secretarios generales de las tres armas, según consta en el Acta 103 recuperada por el Ministerio de Defensa. El texto no pasó de un proyecto, pero muestra ya la preocupación por justificar las ejecuciones clandestinas y la desaparición de los cuerpos. Los documentos analizados se centran en el proceso de elaboración que comenzó tras la derrota en la Guerra de Malvinas y que concluirían en abril de 1983 con el denominado Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo.

“Han existido numerosos contactos con personalidades políticas y religiosas”, “existe consenso sobre la conveniencia de su publicación” y diferencias sobre la fecha ideal, consta en un “Ayuda memoria para el comandante en jefe del Ejército”, general Reynaldo Benito Bignone, fechado el 28 de diciembre de 1982. “Resulta condición indispensable para una repercusión medianamente positiva que la jerarquía eclesiástica comparta, por lo menos en lo sustancial, el contenido del documento, para lo cual se impone –previamente– un contacto fluido para su análisis y consideración”, le aclaran al último dictador. Los “contactos iniciales con iglesia, sectores representativos y personalidades” fueron entre el 20 y el 23 de diciembre, precisan. La preocupación era ya la impunidad una vez reestablecido el Estado de derecho: el documento “debe tener jerarquía jurídica, de modo tal que las afirmaciones en él contenidas deban ser respetadas obligatoriamente por los jueces y/o funcionarios gubernamentales”.

“Sugerencias del cardenal Primatesta”, despeja cualquier duda el título que antecede los aportes del arzobispo de Córdoba. La dictadura actuó “en prosecución del bien común”, es una de sus primeras propuestas. Debía garantizar “la convivencia social”, agregó. Donde los redactores militares habían escrito que “se cometieron errores”, el cardenal apuntó “que traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales”. Los militares aceptaron la sugerencia, pero agregaron “como sucede en todo conflicto bélico”. Donde decía que esos “errores” quedaban “sujetos al juicio de Dios”, Primatesta apuntó “en cada conciencia”. Y donde los militares se ufanaban de no haber utilizado su poder “contra terceros”, el cardenal, que para entonces había recibido y respondido miles de denuncias sobre torturas y desapariciones, propuso agregar “directamente” y aclarar: “aun cuando indirectamente éstas (víctimas inocentes) pudieran haber sufrido sus consecuencias”. Ante la propuesta de dejar “definitivamente claro” que “a efectos jurídicos y administrativos” los desaparecidos “se consideran muertos”, Primatesta no propuso ningún cambio.

Las menciones a Calabresi y Laguna constan en cuatro carillas que se titulan “Comentarios sobre el documento ‘Delta’”, como lo nombraron durante el proceso de elaboración. El autor, no identificado, admite que el texto “agrega poco a lo conocido”. “Durante su actuación en el ECI (sigla de Equipo de Compatibilización Interfuerzas, referencia a los redactores que participaron por cada fuerza), Ejército ha manifestado haber hecho contactos y haber sometido el documento a consideración de autoridades de la Iglesia (monseñores Calabrese –sic– y Laguna) contando con la aprobación de los mismos”, escriben. “Asimismo se dejó entrever que también fueron consultados políticos de alto nivel”, continúan, aunque no aportan nombres. Los interlocutores de Calabresi y Laguna en representación del Ejército eran los coroneles Jorge Hawkes y Hugo Sabino Fernández.

El desafío de ser creíbles

La Fuerza Aérea, representada en la mesa de escribas por el comodoro Juan Manuel Baigorria, realizó una serie de propuestas que fueron rechazadas por los coroneles y por los enviados de la Armada, capitanes de navío Manuel Tomé y Fernando García. Para los hombres de la aviación militar “hay carencia de apoyos o de ejemplos que den credibilidad al documento”. Pensando no sólo en la impunidad sino también en la necesidad “del futuro gobierno” de “convencer a su propio partido, al país y a las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros”, propusieron agregar una serie de “apoyos”: 1. “terroristas que ocuparon cargos relevantes” en el gobierno, el Poder Judicial, partidos políticos y organizaciones religiosas; 2. “casos de suicidios registrados entre miembros de organizaciones terroristas”; 3. “casos de ejecuciones realizadas por bandas terroristas con sus propios adeptos”; 4. “documentos de identidad falsos encontrados en poder de terroristas”; 5. “ejemplos de personas que figuraban en listas de ‘desaparecidos’ y resultaron no estar en esa situación”; 6. “infiltrados de las Fuerzas Legales en las organizaciones terroristas que desaparecieron”, y 7. “cantidad de muertos no identificados fehacientemente en enfrentamientos con Fuerzas Legales”. “No obstante, aunque se den todos los apoyos (sic) basados en la documentación existente, quedará un número de desaparecidos de casi imposible explicación”, admiten. En un acta de reunión del ECI de marzo de 1983 dejan constancia de que “no se llegó a un acuerdo” sobre la propuesta de la Fuerza Aérea para darle “credibilidad y consistencia” al texto.

Uno de los datos novedosos que surgen de las propuestas de cada fuerza al documento final lo aporta la Armada y se refiere a supuestos juicios en jurisdicción militar a torturadores que cometieron “excesos” en las sesiones de picana y submarino. “Se han cometido excesos durante los interrogatorios”, escriben los marinos. “Por ejemplo, de la confesión de un prisionero dependía la posibilidad de neutralizar un ataque con explosivos a un colegio”, mencionan la célebre hipótesis que Vicente Massot usaba ante sus alumnos de la Universidad Católica Argentina para justificar la tortura. “Los que conducían el interrogatorio se excedieron en sus atribuciones para conseguir información”, continúa. “Fue una reacción emocional, hasta cierto punto explicable (sic), pero fueron juzgados”, aseguran.

La difusión del documento final tuvo una última etapa de planificación, que lleva la firma del general Mario Alfredo Piotti. Para “destacar la legalidad y legitimidad de la LCT” (lucha contra el terrorismo) y generar “comprensión y aceptación respecto a los costos” se planificaron pautas, fases e “instrumentos operativos”. Tres días antes de hacerlo público (“Día D-3”) se ordenó “difundir en forma moderada imágenes y comentarios relativos a acciones terroristas a nivel internacional, evitando saturación”. En el “Día D-2”, complementarlos con “hechos similares producidos por el terrorismo local”. La “Fase III” de la planificación incluye hasta el octavo día posterior a la publicación y menciona dos programas de televisión con los que “se coordinará la presencia de invitados que apoyen las conclusiones” del documento. Uno era Si yo fuera Presidente, que emitía la Televisión Española. El otro, Tiempo Nuevo, que conducían Bernardo Neustadt y Mariano Grondona.-

Diego Martínez, Página 12 del 13/12/13.-

Exposición del Presidente Evo Morales ante la reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Europea - See more at: http://www.sicnoticias.cl/educacion/2013/08/04/notable-e-ironica-intervencion-de-evo-morales-ante-los-jefes-de-estado-de-la-cee

Con lenguaje simple, que era trasmitido en traducción simultánea a más de un centenar de Jefes de Estado y dignatarios de la Comunidad Europea, el Presidente Evo Morales logró inquietar a su audiencia cuando dijo:

“Aquí pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro.

Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo quinientos años. Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo que somos, y es bastante.

Nunca tendremos otra cosa.

El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron.

El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme.

El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento.

Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América.

¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su Séptimo Mandamiento.

¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano!

¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos!

¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América, destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no sólo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios.

Yo, Evo Morales, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis.
Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan ‘MARSHALLTESUMA”, para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización.

Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del Empréstito, podremos preguntarnos: ¿Han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no.

En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal.

En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el Tercer Mundo.

Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles, para su propio bien, el pago del capital y los intereses que, tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar.

Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30 por ciento de interés, que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del Tercer Mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento, acumulado sólo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia.

Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300.

Es decir, un número para cuya expresión total, serían necesarias más de 300 cifras, y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra.
Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre?

Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo.

Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos.

Pero sí exigimos la firma de una Carta de Intención que discipline a los pueblos deudores del Viejo Continente, y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera, como primer pago de la deuda histórica…’”